Roman Morales Martinez
Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Roman Morales Martinez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido instrumento normativo. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo general en comento.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por *******************, por propio derecho, contra actos reclamados al Encargado del Departamento Comercial de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Mapastepec, Chiapas y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 19/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. El promovente señaló como actos reclamados los siguientes: "PRIMER ACTO: ***************" SEGUNDO ACTO: ***************". TERCER ACTO: **************" De lo que se advierte que la parte quejosa tiene *************. En efecto, de lo transcrito y del contenido integral de la demanda de amparo, se obtiene, en atención a que la litis que plantea la parte promovente versa sobre actos derivados de la prestación y contratación de servicios de ************, que en el caso en estudio, queda notoriamente evidenciado, que se actualiza de manera indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley en la materia y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". El invocado artículo 5 establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuando una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia 164/2011, visible a página 1089, tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, en relación con los actos que se reclaman a las autoridades responsables, consistentes en el ************, este juzgador aprecia que no pueden considerarse propiamente actos de autoridad. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del **********, como a continuación se verá. Expuesto lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia deriva de controversias suscitadas entre ***********, es decir, la litis planteada versa sobre ***********, por ello, teniendo que dicha dependencia no puede considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que el origen de su actuación es un acuerdo de voluntades entre **********, los que adquieren derechos y obligaciones recíprocas, esto es, la relación jurídica entre ellos no corresponde a la de autoridad y gobernado, porque ***********, sino únicamente implica, en su caso, que la parte afectada ***********; por tanto, el cobro del ************. Efectivamente, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. Asimismo, dicha reforma redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado. De conformidad con los artículos 2, 3, 7, 118, primero y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 2, 4, primer párrafo, 7, 8, párrafo segundo, 45 y transitorio segundo, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en once de agosto de dos mil catorce, se modificó la naturaleza jurídica de ***********, la cual dejó de ser ***********, para ser una empresa productiva del estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal. Asimismo se precisó que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Al respecto, conviene precisar el contenido de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio: "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [...] V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; [...] XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. [...]". En ese tenor, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente son de naturaleza comercial, por lo cual se rigen por el Código de Comercio y, de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil Federal. Ahora, el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: [...] II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; [...]". En consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que los actos reclamados por el impetrante de amparo revistan las características de un acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que los actos que ejecutan las responsables, en relación con la parte quejosa, son de naturaleza comercial. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación, acorde al contenido del artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se tratan de actos que se generaron por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que el quejoso esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 30/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, abril de 2018, registro electrónico 2016656, que dice: ************". De igual manera es aplicable a lo anterior, la tesis XLII/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 1071, registro electrónico 2009410, que reza: **********, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del ************a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común". Igualmente es aplicable, la tesis de jurisprudencia J/4 K, emitida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, fecha de publicación diez de octubre de dos mil catorce, libro 11, octubre de 2014, página 1338, registro electrónico 2007624, que señala: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.).El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas". Bien, cabe señalar que no es inadvertido para este juzgador, la existencia del control difuso de convencionalidad, en relación con la existencia de los derechos humanos previstos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, sin embargo, tales cuestiones no implican soslayar cuestiones de procedencia del juicio de amparo, cuenta habida que el análisis de la interpretación de la norma bajo los principios citados sólo opera respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues no es factible determinar que todo acto reclamado que tenga o pudiera tener relación con un derecho humano, tenga que aceptarse su precedencia, inobservando el numeral 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al presente caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, registro electrónico 2007621, que prescribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Asimismo, se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 22/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 21 de marzo de dos mil once en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, registro electrónico 2005917, que expresa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ************, contra actos del **********y otras autoridades. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fja en los estrados de este Juzgado, sin que sea el caso tener como medios de notificación el correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que los mismos no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tal efecto. En el entendido que de solicitar que las notificaciones se practiquen vía electrónica, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, con la exigencia que deberá proporcionar el nombre de usuario a que se refiere el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues sin este requisito no es factible conceder la autorización que requiere. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico que precisa, para efectos de comunicaciones no procesales. Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a Joel Trinidad Duque, con el nombre de usuario DUQUE, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y con las facultades restringidas que contempla el referido numeral a Joel Trinidad Duque, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el aludido sistema electrónico, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 962 184 1527. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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