Román Magallanes Montes de Oca

Expediente 2624/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2624/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Román Magallanes Montes de Oca

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito presentado por *****, quien comparece a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 2624/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 87, 88, 89, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías en cuestión, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción XXIII, correlativa con el dispositivo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. En ese tenor, la inconformidad de la parte disidente radica medularmente en la determinación dictada el tres de diciembre de la presente anualidad, dentro del expediente agrario 757/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, mediante el cual se dejó insubsistente el emplazamiento del tercero llamado a juicio Agustín Magallanes Paz; considerando con ello que se transgredió en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto que constituye lo reclamado en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no resulta de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, porque la determinación de que se trata no implica afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce, es el no llamamiento de un tercero que se considera tercero a la litis y por tanto, la continuación del mismo, por lo que el dictado de la sentencia respectiva puede ser favorable a sus intereses, por lo que entonces no habrán trascendido los actos reclamados en la esfera jurídica de la parte agraviada, el que como ya se dijo, es una violación procesal, la que debe prepararse en su caso, en los términos del dispositivo 171 de la Ley de Amparo, para ser reclamada a través del amparo directo; razones por las que se insiste, el acto impugnado constituye una violación intraprocesal, que no amerita desde luego su análisis en el Amparo Indirecto, ya que, lo reclamado no causa perjuicio de carácter irreparable a la parte promovente y si llegara el caso de que la resolución definitiva no le fuera favorable, el peticionario estará en aptitud de promover amparo directo en su contra, haciendo valer todas las violaciones que estimare se causaron, durante el procedimiento relativo. Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por *****, por su manifiesta e indudable improcedencia. De conformidad en lo establecido por el arábigo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el mencionado en su escrito inicial y como autorizados en términos amplios con base en el numeral 12 de la legislación aplicable, a las personas que menciona en razón de la materia. Finalmente, en obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el precepto 21 de la Ley de la Materia. Acorde a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la parte promovente que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio número 649, de doce de diciembre de la presente anualidad, signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, a través del cual remite los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 1701/2018 (auxiliar 586/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el doce de diciembre del año en curso, y de la que se advierte que se negó el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envío. Asimismo, ténganse por recibido un disco compacto que contiene el referido fallo en un sobre cerrado que se adjunta. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo.

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