Román López Alfaro

Expediente 847/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
847/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Román López Alfaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto, para resolver, el juicio de amparo 847/2018-VII, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el tres de julio de dos mil dieciocho, turnado en esa propia fecha a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ****, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Delegada del Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, con domicilio en esta ciudad, que hizo consistir en: "La abstención por parte de la Delegada del Registro Agrario Nacional, en el Estado de Chiapas, de dar contestación al escrito de petición de fecha 23 de Septiembre de 2016, presentado ante la Responsable con fecha 13 de Octubre de 2016". Acto que el promovente estimó violatorio de los derechos humanos así reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías para su protección, contenidas en el artículo 8 de la citada legislación. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 34 a 36), se admitió bajo el número 847/2018-VII; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por acuerdo de veintiséis de julio del año en curso (fojas 51 y 52), se concedió el término de quince días a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba la demanda respecto a la contestación dada a su petición y al no desahogarla, en diverso de quince de agosto de esta anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento, ordenándose que el trámite de este asunto se continuara únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Una vez que se integró el expediente se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos que constan en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas; es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como los numerales 48 y 52, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, el segundo en relación a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito de este vigésimo circuito; lo anterior, al reclamarse actos que no requieren ejecución material, y que aun atendiendo a las consecuencias del acto, la autoridad responsable administrativa se encuentra en la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, de una interpretación de la demanda se colige que el quejoso ***, reclama en esta vía constitucional de la Delegada del Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, presentado por el quejoso ante la responsable el trece de octubre del citado año. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Delegada del Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad, ya que al rendir su informe justificado lo aceptó expresamente (fojas 46 y 47); por tanto, debe tenerse por probado plenamente dicho acto. Apoya la anterior determinación, lo dispuesto en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice dos mil, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La certeza del acto reclamado se robustece con las documentales públicas que acompañó la autoridad responsable, relativas a la solicitud número *¨** de trece de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al ***, municipio de la Trinitaria, Chiapas, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de dicho ordenamiento legal. CUARTO. IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En ese orden, este juzgado determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter positivo, es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y en los omisivos, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos positivos, se entiende que han dejado de surtir sus efectos, una vez que la responsable emite uno diverso con el que se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; y en los omisivos, cuando la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar contestación al escrito de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual solicitó la inscripción de una acta de asamblea de alcance de fecha quince de febrero de dos mil doce, del ejido La Trinitaria, municipio de la Trinitaria, Chiapas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio ¨****, de veintitrés de julio del año en curso y notificado el veinticuatro del citado mes y año, como obra de la copia certificada del acuse de recibo (foja 48), la autoridad responsable dio contestación a la solicitud realizada por el quejoso en escrito de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. De lo anterior se advierte, que durante la tramitación de este juicio, la autoridad responsable dio contestación a la petición realizada por **** y se la notificó, con lo que subsanó la omisión que se le reclama. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual solicitó la inscripción de una acta de asamblea de alcance de fecha quince de febrero de dos mil doce, del ejido La Trinitaria, municipio de la Trinitaria, Chiapas, han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, ya que durante el trámite de este juicio, la responsable dio contestación a la petición realizada por el quejoso mediante escrito de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis y se la notificó; actuación con la que provocó que cesaran los efectos del acto reclamado. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Cabe precisar que este juzgado, mediante proveído de veintiséis de julio del año en curso, concedió el término de quince días a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba la demanda respecto a la contestación dada a su petición y al no desahogarla, en diverso de quince del actual, se hizo efectivo el apercibimiento, ordenándose que el trámite de este asunto se continuara únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en este juicio, así como la información reservada. SEXTO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación esta sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ****, contra los actos que reclamó de la Delegada del Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, con domicilio en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de este fallo. Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y cúmplase.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 51 y 52), para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la contestación dada a su petición formulada a través del libelo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, continuándose el juicio únicamente por el acto reclamado indicado en el escrito inicial de demanda. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 8/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, tomo I, libro 53, abril de 2018, visible a página 10, registro electrónico 2016652, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por la Delegada del Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tiene como delegada de la citada autoridad, a la persona que designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al informe de cuenta, las que se desahogan de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que la responsable anexa copia certificada del oficio **************, de veintitrés de julio del año en curso, mediante el cual dio respuesta al quejoso a su petición, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que dentro del término improrrogable de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la contestación del oficio en comento (veinticuatro de julio de dos mil dieciocho) y, cumpliendo con los requisitos del numeral 108 de la ley en comento, manifieste si amplía su demanda respecto de la contestación dada a su petición formulada a través del escrito de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. En el entendido que deberá exhibir copias del escrito de ampliación para cada una de las partes, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, se continuará con el procedimiento en este juicio de amparo únicamente contra el acto y autoridad indicados en el escrito inicial de demanda. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. " NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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