Román Jiménez Mazas

Expediente 728/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
728/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Román Jiménez Mazas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca; visto su contenido, no ha lugar a proveer de conformidad; toda vez que, el veintitrés de agosto del año en curso, se dictó sentencia en este asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 728/2022, promovido por Román Jiménez Mazas, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de este fallo, por los motivos, fundamentos y para los efectos precisados en el penúltimo considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte el quejoso Román Jiménez Mazas, no cumplió con la prevención formulada en auto de veintidós de junio del año en curso, dentro del plazo que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene como autoridades responsables y actos reclamados únicamente los precisados en el escrito inicial de demanda. Sentado lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida Román Jiménez Mazas, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en que se solicita, al que deberán acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad de los actos reclamados; apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se precisa que si optan por rendir su informe justificado mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional, deberán rendirlo con las providencias necesarias para que sea considerado como oportuno, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico de contacto. Se precisa a las autoridades responsables que en caso de que las constancias que deban remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), vigente a partir del 3 de agosto de 2020, podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia; apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la quejosa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana y en caso de proceder, serán valoradas en el momento procesal oportuno. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Usos de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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