Román Jesús Ku Uc

Expediente 290/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
290/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Román Jesús Ku Uc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Pech. Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el dieciséis de mayo pasado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    ELECTR.Visto, para resolver el juicio de amparo 290/2022-VII-A, promovido por Román de Jesús Ku Uc, por conducto de quien se ostenta su apoderada legal Diana Victoria Ruz Pérez; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Román de Jesús Ku Uc, por conducto de su apoderada legal Diana Victoria Ruz Pérez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa reclamó de la autoridad señalada como responsable: La omisión de dictar el laudo en autos del juicio laboral 765/2018. TERCERA. No es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues aun y cuando manifestó al rendir su informe por conducto de su Presidente que sí era cierto, (registro 4320) a continuación hizo manifestaciones con las que se desvirtúa la certeza informada. Se afirma lo anterior, puesto que, de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por la responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dos de febrero de dos mil veintidós), no se había acordado lo relativo a la formulación de los alegatos por las partes, ni en cuanto al cierre de instrucción, motivo por el cual la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Ordenamiento legal que impone a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate que al concluir el desahogo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción; y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, la autoridad responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. Siendo que fue hasta el once de febrero de dos mil veintidós, que la Junta responsable concedió a las partes el término de dos días hábiles para que formularan sus alegatos, de donde se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el dos de febrero de dos mil veintidós, aún no se había declarado cerrada la etapa probatoria, las partes no habían formulado sus alegatos correspondientes en autos del juicio laboral de origen, ni se había decretado el cierre de la instrucción. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tendrían que haber presentado sus respectivos alegatos y declarar cerrada la instrucción, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el juicio laboral. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Sin que sea obstáculo para resolver de esta manera, el que no se haya emplazado a juicio a los terceros interesados Gráfica y Arquitectura, Sociedad Anónima de Capital Variable, Georgina Salazar Solís, C.D.I. Construcciones y Desarrollos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Carlos Ramón Salazar Solís, José Alfonso Castilla Martínez y Jesús Alberto Puc Chan, toda vez que al margen del sentido de la presente determinación, no les depararía agravio alguno. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". CUARTA. Toda vez que la parte quejosa, manifestó estar ANUENTE a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual fue acordado favorablemente mediante proveído de cuatro de febrero del año en curso. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Román de Jesús Ku Uc, por conducto de quien se ostenta su apoderado legal Diana Victoria Ruz Pérez, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta y anexo que acompaña, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, téngase por cumplido el referido requerimiento por cuanto hace a la citada autoridad y resérvese proveer lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, remitido en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de diecinueve de los corrientes, respecto a la búsqueda del domicilio de los terceros interesados en este asunto. En consecuencia, téngase por cumplido el referido requerimiento por cuando hace a la citada dependencia y resérvese hacer pronunciamiento en cuanto a su contenido, hasta en tanto el Secretario de Seguridad Pública cumpla con el mismo. Notifíquese y cúmplase.

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