Román Guillermo Meyer Falcón
Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Román Guillermo Meyer Falcón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 19264, por el cual se remitieron los cuadernos de pruebas consistentes en copia certificada del expediente 55/2006 de su índice; lo anterior, para lo efectos legales que correspondan. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó y negó el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó y negó el amparo en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión definitiva solicitada, procede su depuración; en atención a lo ordenado en el inciso a), del artículo 18 citado Acuerdo, por lo que deberán conservarse la demanda de amparo y las resoluciones en las que se otorgó la medida cautelar y el presente proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los noventa días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, procédase a la depuración de este expediente, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Por último, se ordena devolver los cinco tomos de pruebas al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, las documentales que anexó por motivo de la Incompetencia de la demanda de amparo, consistentes en copias certificadas derivadas del expediente 55/2006, solicitando el acuse de recibo respectivo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido en línea con evidencia criptográfica, mediante el cual DEVUELVE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el exhorto número de orden 92/2022 y de origen 90/2022 girado dentro del presente asunto, a fin de notificar personalmente al quejoso Román Guillermo Meyer Falcón, el proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós. En tales condiciones, DÉSE DE BAJA la comunicación oficial de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Sin que resulte necesario acusar recibo de la comunicación oficial, toda vez que al haber sido devuelto por interconexión, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera dicha constancia. Ahora bien, de la razón actuarial realizada por el Actuario exhortante, se advierte que la parte quejosa fue notificada mediante lista de acuerdos, previo citatorio, el treinta y uno de marzo del año en curso, del contenido del auto ocho de marzo del presente año, dictado dentro el juicio de amparo en que se actúa, a través del cual se le requirió para que señalara domicilio dentro del término de tres días, en las ciudades de Apizaco o Tlaxcala, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personal, le serán notificadas mediante lista de acuerdos; lo anterior de conformidad en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia de lo anterior, se ordena al Actuario judicial de la adscripción, notificar a la parte quejosa, mediante lista de acuerdos, la sentencia definitiva emitida el veintinueve de abril del año en curso; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y por lista al quejoso la sentencia definitiva de veintinueve de abril del año en curso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 277/2022, promovido por Román Guillermo Meyer Falcón, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 , con sede en la Ciudad de Tlaxcala Tlaxcala y otras autoridades y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, y turnado en la misma data al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Román Guillermo Meyez Falcón, por propio derecho demandó en amparo indirecto a las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORAS: 1.- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala. 2.- Secretario de Acuerdos por ausencia del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala. EJECUTORAS: 3.- Titular de la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal del Distrito Federal "1", del Servicio de Administración Tributaria, con Sede en la Ciudad de México y/o Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de la Ciudad de México "1" del Servicio de Administración Tributaria, con Sede en la Ciudad de México. 4.- Subadministradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" Adscrita a la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal del Distrito Federal "1", del Servicio de Administración Tributaria, con Sede en la Ciudad de México. 5.- Notificador y/o Ejecutor Designado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "1", del Servicio de Administración Tributaria, con Sede en la Ciudad de México. 6.- Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de la Ciudad de México "2" con sede en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: El acuerdo dictado en dos de enero de dos mil veinte, actuando en el juicio agrario 55/2006, con el cual impuso una multa consistente en veinte Unidades de Medidas y Actualización y el diverso acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte por el cual requirió a la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" del Servicio de Administración Tributaria, con Sede en la Ciudad de México que hiciera efectiva dicha multa. Su ejecución. SEGUNDO. Radicación e incompetencia del juicio de amparo. En diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, radicó el asunto bajo el número 1084/2020, desechó parcialmente la demanda por cuanto hace al Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Unitario Agrario responsable, y admitió por lo demás en el juicio de amparo, solicitó los informes justificados a las responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el juicio por la fases procesales en veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, celebró audiencia constitucional en el juicio de amparo y con esta misma fecha dictó sentencia, en la cual determinó declinar competencia por razón de territorio en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y en ese sentido ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y el cual fue turnado a este Juzgado de Distrito en siete de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Aceptación de la competencia. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, se radicó el referido juicio de amparo indirecto bajo el número 277/2022, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite la misma, en el mismo acto se tuvo por recibidos los informes justificados y se ordenó notificar a las partes. En esta misma fecha fueron turnados los autos a efecto de dictar la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamados El acto reclamado por la parte promovente consiste en: El acuerdo dictado en dos de enero de dos mil veinte, actuando en el juicio agrario 55/2006, con el cual impuso una multa consistente en veinte Unidades de Medidas y Actualización y el diverso acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, por el cual requirió a la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" del Servicio de Administración Tributaria, con Sede en la Ciudad de México que hiciera efectiva dicha multa. Su ejecución. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Las autoridades responsables, enumeradas bajo los números 3, 5 y 6 , al rendir sus informes justificados negaron los actos que se les atribuye, esto es la ejecución de la multa, y la parte actora no desvirtuó con prueba alguna dicha negativa, de ahí que se tiene como inexistente el acto a ellas reclamado. A lo anterior sirve de apoyo, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia3 VI.2o.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Así también es aplicable, por las razones que informa, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, Materias(s): Común de rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Por tanto, respecto de las mencionadas autoridades responsables, al resultar inexistente el acto que se les atribuyó, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito treinta y tres, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que integran el juicio agrario 55/2006, que remitiera adjunto a su informe, y que obran en seis tomos de prueba, por cuerda separada. Las referidas copias certificadas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por su parte, la autoridad Subadministradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" Adscrita a la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal del Distrito Federal "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia de la ejecución de la multa impuesta. Sin embargo, tal negativa no puede tomarse en consideración puesto que se trata de un acto inminente. Ya que se reiteró la orden de su ejecución en el acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, en el juicio agrario 55/2006, que también constituye el acto reclamado. De ahí que, si en dicho acuerdo reclamado se encomienda llevar a cabo la ejecución de la sanción, impuesta a la aquí quejosa, ello revela la inminencia de la ejecución de dicho acto. Por lo tanto se tiene por desvirtuada la negativa y se tiene por cierto el acto que se le atribute a la citada autoridad responsable. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Toda vez que no se advierte que las partes hubieran opuesto alguna causa de improcedencia y este órgano Jurisdiccional tampoco advierte de oficio, alguna de ellas, por consiguiente procede el análisis del acto reclamado. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado consistente en el acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, por medio del cual se impuso una multa consistente en veinte Unidades de Medidas y Actualización. Son infundados los conceptos de violación, hechos valer por la parte quejosa, de ahí que deba negarse el amparo solicitado. Para una mejor comprensión del asunto y previo al estudio de los conceptos de violación resulta conveniente destacar algunos de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias remitidas por la responsable en justificación de sus actos: 1.- En veintitrés de junio de dos mil ocho, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y tres, decretó que había causado ejecutoria la sentencia dictada en ocho de noviembre de dos mil siete en el juicio agrario 55/2006, sentencia que declaró fundada la pretensión de los actores en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como de la diversa del Medio Ambiente y Recursos Naturales y reconoció a los actores el carácter de posesionarios del predio denominado "Ex Hacienda de Ixtlahuacan" del poblado de San Gabriel, y condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria a efecto que previa desincorporación de su patrimonio, procediera a regularizar el citado predio que se encontraba bajo su resguardo y en consecuencia procediera a la titulación a favor de los campesinos, promoventes del juicio. 2.- En veintiuno de enero de dos mil trece, el Tribunal responsable inició la sección de ejecución de sentencia y requirió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cumplimiento a la sentencia de mérito. 3.- En doce de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal responsable dictó acuerdo donde estableció que es la Dirección General de la Propiedad Rural resultaba ser el área de la Secretaría condenada, quien resultaba vinculada a la ejecución de la sentencia en el juicio agrario en comento y en esa data requirió el cumplimiento total a la sentencia (foja 2589 del tomo I de pruebas). 4.- En once de febrero de dos mil dieciocho, el tribunal responsable tuvo por recibido el oficio 2194/2019, signado por María Estela Ríos González, en su carácter de Directora General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario y en ese sentido el Tribunal agrario tomó nota de lo informado y determinó que con independencia de la complejidad de cumplimentar la sentencia, ordenó girar oficio nuevamente a la signante para que de manera sistemática cada diez días informara los avances para cumplir la sentencia y le apercibió que de no hacerlo se le daría vista a su superior jerárquico (fojas 2745 a 2751 del tomo V de pruebas). 5.- En siete de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable dictó auto de requerimiento al titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, a efecto que en el término de diez días informara las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de mérito y le apercibió con imponer multa (foja 2739 del tomo V de pruebas). 6.- En esa línea en once de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable giró el oficio 1542/2019 al Subdirector de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual le requirió por el término de diez días a efecto que acreditara el cumplimiento a la sentencia en el juicio agrario, en cuanto a concluir el procedimiento de enajenación, y estableciera el estatus jurídico y registral del inmueble materia de análisis, es decir si formaba parte del acervo patrimonial o inventario de alguna institución pública y acreditara que recibió la información requerida al Encargado de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, respecto a si el representante común de los actores, había subsanado o no las observaciones realizadas bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello, se le impondría una multa equivalente a veinte unidades de Medida y Actualización "UMA" (fojas 2846 del tomo V de pruebas). 7.- Se advierte que el tres de octubre de dos mil diecinueve, fue notificado personalmente el hoy quejoso, del contenido del auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en los autos del juicio de origen (foja 2849 del tomo V de pruebas). 8. Posteriormente, en dos de enero de dos mil veinte, el Tribunal Unitario Agrario, determinó que toda vez que la Directora General de la Propiedad Rural y Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en el punto sexto del acuerdo de once de septiembre de dos mil diecinueve, no obstante que había transcurrido en exceso el tiempo concedido en dicho acuerdo, les hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso la medida de apremio consistente en una multa equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización "UMA", vigente al momento de su aplicación , en términos del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles y ordenó girara oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de la Ciudad de México "1", del Servicio de Administración Tributaria a fin de que procediera a la cobranza de la sanción impuesta y en ese sentido volvió a realizar requerimiento a dichos servidores públicos (foja 2872 ídem). 9.- Finalmente en proveído de tres de agosto de dos mil veinte, el Tribunal Unitario Agrario tuvo recibido el oficio signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Subadministración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devolvía el oficio que le fuera remitido a efecto de realizar el cobro de la multa impuesta en autos, ello al faltar información en el mismo, a lo cual la responsable determinó que los motivos expuestos no eran fundados ni suficientes para negarse a hacer efectivo el crédito fiscal y le solicitó nuevamente a dicha autoridad procediera a efectuar la cobranza requerida, o en su defecto informara si existe diversa disposición constitucional o ley secundaria que administrativamente durante el procedimiento de cobro, hacer efectivo el crédito fiscal (fojas 2897 a 2898 del tomo V de pruebas). Estas dos últimas determinaciones constituyen el acto reclamado. Sentado lo anterior, tenemos que, medularmente, la parte quejosa refiere en su primer y segundo concepto de violación, que la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada, asimismo que la multa impuesta resulta incongruente con las constancias que integran el juicio agrario y por tanto no se ajusta a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se adelantó, son infundados los planteamientos hechos valer por la parte quejosa. Lo anterior se sostiene en esos términos, pues de las constancias que integran el juicio agrario 55/2006, se observa que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa el proveído de dos de enero de dos mil veinte por el que se le impuso la multa de veinte Unidades de Medida y Actualización, al no haber dado cumplimiento a diverso requerimiento de once de septiembre de dos mil diecinueve, se encuentra debidamente fundado y motivado. Ello pues, en el acuerdo reclamado se sostuvo que la ahora quejosa en su carácter de Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no había dado cumplimiento al requerimiento efectuado en once de septiembre de dos mil diecinueve, no obstante haber transcurrido en exceso el tiempo concedido para ello -diez días-, y por tanto se determinó imponer la multa ahora reclamada. Cuestión que no es combatida por la parte quejosa. Así al acudir al acuerdo donde se decretó el apercibimiento de multa de once de septiembre de dos mil diecinueve, se advierte que en el mismo el Tribunal responsable mediante oficio 1541/2019 girado a la Secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le requirió por el término de diez días a efecto que acreditara el cumplimiento a la sentencia en el juicio agrario, en cuanto a concluir el procedimiento de enajenación, de igual manera solicitó estableciera el estatus jurídico y registral del inmueble materia de análisis, es decir si formaba parte del acervo patrimonial o inventario de alguna institución pública y acreditara que recibió la información requerida al Encargado de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Puebla, respecto a si el representante común de los actores, había subsanado o no las observaciones realizadas todo ello bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se le impondría una multa equivalente a veinte unidades de Medida y Actualización "UMA". Así, mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veinte la responsable determinó que no se había dado cumplimiento al requerimiento que se formuló el once de septiembre de dos mil diecinueve, de ahí que se considere correcta la determinación de la autoridad responsable. Es así pues se insiste, la parte quejosa no había acreditado haber dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló, por tanto, la imposición de la multa que se reclama se encuentra motivada correctamente. Aunado a lo anterior, resulta igualmente infundado lo relativo a la manifestación vertida por el quejoso, en el sentido de que la determinación de dos de enero de dos mil veinte, fue ilegal, dado que refiere que el requerimiento efectuado el once de septiembre de dos mil diecinueve, no fue atendida, pues dicho requerimiento no le fue notificado, por lo que no estuvo en condiciones de atender el mismo; sin embargo, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado, precisados con antelación, se aprecia que la multicitada determinación, sí le fue notificada (foja origen (foja 2849 del tomo V de pruebas), por lo que estuvo en posibilidad de dar cumplimiento a lo ahí decretado, y al no haberlo hecho, conllevó que a que se hiciera efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que resultó que se emitiera el auto relativo a la imposición de la multa de la que hoy se duele el impetrante del amparo. De ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Por todo lo anterior, es que se considera acertada la imposición de la multa reclamada ante la omisión del ahora quejoso de cumplir lo requerido. En consecuencia al resulta infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y al no existir diversos argumentos que estudiar, lo procedente es negar el amparo solicitado, respecto del acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, en el juicio agrario 55/2006. Dicha negativa se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, en el cual se requirió nuevamente a la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1" Adscrita a la Administración Desconcentrada de la Auditoría Fiscal del Distrito Federal "1", del Servicio de Administración Tributaria, con Sede en la Ciudad de México, que hiciera efectivo el cobro de la multa decretada por acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, y de igual manera es extensiva la negativa a los actos de ejecución de la multa, al ser consecuencia inmediata y directa de los citados acuerdos toda vez que estos dos actos reclamados no fueron reclamados por vicios propios por la parte quejosa, sino en vía de consecuencia, es decir no se está en presencia de actos autónomos, sino derivados y en preparación a hacer efectiva la sanción impuesta a la persona quejosa, consistente en una multa que, conforme a lo sostenido en el presente considerando, se encuentra debidamente justificada. Se cita en apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, del Informe de 1987, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías respecto de las autoridades ordenadoras ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horas disponibles en que pueda acceder a este Juzgado de Distrito y al horario de labores del centro de fotocopiado (de nueve a doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid- 19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Román Guillermo Meyer Falcón, por propio derecho, contra los actos de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal No Ampara Ni Protege a Román Guillermo Meyer Falcón, por propio derecho, contra los actos de la autoridad responsable indicada en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando sexto del presente fallo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades correspondientes. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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