Román Guillermo Meyer Falcón

Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1100/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Román Guillermo Meyer Falcón

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de julio de dos mil veintitrés. Visto, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; por medio del cual, acusa recibo del diverso con el que se le devolvió el juicio de amparo 1083/2023, de su índice, promovido por Román Guillermo Meyer Falcón, en razón de que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por ese juzgado; asimismo, informa que asumió el conocimiento del asunto. Al efecto se acuerda: En relación al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción I, inciso b) de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que éste Juzgado no aceptó la competencia planteada; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 19, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario Encargado del Despacho adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con sede en ese lugar, mediante el cual inserta el acuerdo de treinta de junio de la anualidad en curso, dictado en el juicio de amparo directo 1083/2023 e informa que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal. Por ello, adjunta el juicio de amparo antes mencionado, y seis tantos de la misma, promovida por Román Guillermo Meyer Falcón. Al efecto, se acuerda: REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1100/2023-I. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DE EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. En ese tenor, previo análisis de las documentales que el juzgado oficiante adjuntó al oficio que hoy se provee, este órgano jurisdiccional, respetuosamente, estima que no acepta la declinación de competencia planteada, por las razones que se precisan a continuación. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con sede en ese lugar. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Luego, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario de Distrito 03, en Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, dentro del juicio agrario 697/2022, por medio del cual se ordena comparecer a dicho órgano jurisdiccional con el auxilio de la fuerza pública para que informe el cumplimiento otorgado a la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y con apercibimiento de dar visa al Ministerio Público de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones integre las constancias necesarias para la integración de la averiguación previa por el delito de desacato a una orden de autoridad. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en la Ciudad de México, lugar en el que el acto reclamado se ejecutará. Lo anterior, tomando en consideración que de las propias manifestaciones que hace el quejoso, se advierte que este tiene el carácter de Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que su domicilio oficial y particular, se encuentra en la Ciudad de México. Por tanto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio esgrimido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con sede en ese lugar, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado antes mencionado, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48, del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con sede en ese lugar, que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena devolución de este asunto a su lugar de origen, con sus anexos, solicitando que de no tener inconveniente remita el acuse de recibo respectivo, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En esa tesitura, tomando en consideración que este órgano de control constitucional no aceptó la competencia planteada por el juzgado oficiante, se estima que la presente determinación no causa perjuicio a la parte impetrante del amparo, por ende, se ordena notificar por lista este asunto, así como la subsecuentes por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo establecido en el numeral 29, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que los mismos tienen su cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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