Román García García
Expediente 332/2023 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Román García García
- Jesús Samuel Neri Gutiérrez
- Francisco Salvador Tamayo Basurto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que las partes no se inconformaron con la declaratoria que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada por este Órgano Jurisdiccional y toda vez que ha transcurrido el término de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso correspondiente, se tiene la declaratoria de cumplimiento como consentida y se ordena archivar el presente asunto como concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 12, 14, fracción II y 17, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este expediente es susceptible de ser CONSERVABLE, debido a que no contiene relevancia documental, ni documentos originales. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables.
- Queja
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días que establece el numeral 104, de la Ley de Amparo, para que la parte recurrente hiciera valer el recurso de reclamación que prevé dicho precepto legal en contra del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual este Tribunal Federal, desechó por improcedente el recurso de queja que dio origen al presente asunto; por tanto, se declara firme el acuerdo referido. En consecuencia, y debido a que no existen constancias pendientes de devolución, archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de control. Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 12, 14, fracción III, y 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, debido a que no contiene relevancia documental, ni documentos originales.
- Amparo en revisión
Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso del índice de este Tribunal Federal, por el que se le remitió testimonio de la sentencia dictada en el presente asunto y los anexos correspondientes. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo indirecto, por lo que se remitió el testimonio de dicha sentencia a la autoridad recurrida, cuyo acuse de recibo se acuerda por este auto; en consecuencia, archívese este juicio de amparo como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de control. Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 12, 14, fracción II y 17, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este expediente es susceptible de ser CONSERVABLE, debido a que no contiene relevancia documental, ni documentos originales.
- Queja
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, el cual por razón de turno le correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, por el que remite el recurso de queja interpuesto por DANIEL ORTEGA ABASOLO apoderado legal del quejoso FRANCISCO SALVADOR TAMAYO BASURTO, en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1574/2022, mediante el cual, entre otras cosas, se requirió a la parte quejosa proporcionar el domicilio o en su caso los documentos con los que se identificó MÁXIMO PÉREZ SANTIN, en el contrato de quince de julio de dos mil seis, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no puesta la firma de dicha persona. Acúsese recibo, fórmese y regístrese el expediente impreso y electrónico respectivo con el número de recurso de Queja 332/2023. DESECHAMIENTO Ahora, el recurso de queja interpuesto por DANIEL ORTEGA ABASOLO apoderado legal del quejoso FRANCISCO SALVADOR TAMAYO BASURTO, en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1574/2022, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. En el caso, el ahora recurrente funda el recurso de queja de que se trata en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 97 de la Ley de Amparo previene lo siguiente: "ARTÍCULO 97. El recurso de queja procede: I. El amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: (.) e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (.)." Es decir, para la procedencia del recurso de queja en términos del supuesto previsto en la fracción I, inciso e), del transcrito artículo 97 la Ley de Amparo, deben reunirse los supuestos siguientes: 1. Resolución dictada durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión. 2. Que la determinación impugnada no admita expresamente el recurso de revisión. 3. Aquéllas, que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Las constancias que integran el juicio de amparo indirecto de donde deriva el presente recurso, revelan lo siguiente: - El tercero interesado Alejandro García de los Santos en su carácter de representante legal de la tercera interesada Unión de Comerciantes Introductores de Abastos, Frutas y Legumbres del Estado de México, Asociación Civil, promovió incidente de objeción de documento en relación al contrato de compraventa con reserva de usufructo en cuanto a su objeto, así como, las firmas que se localizan al margen derecho de cada foja, y las que lo calzan, atribuidas a MÁXIMO PÉREZ SANTÍN y FRANCISCO SALVADOR TAMAYO de fecha quince de julio de dos mil seis. - En auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés se admitió a trámite el incidente precitado, reservándose acordar lo conducente en relación a las pruebas materia de dicha incidencia, hasta el momento procesal oportuno - En audiencia constitucional celebrada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, durante la etapa probatoria, se acordó lo conducente en relación al ofrecimiento, admisión, desahogo y preparación de las pruebas materia del incidente de mérito; y, entre dichos medios de convicción se encuentran: el reconocimiento de contenido y firma del contrato de compraventa de quince de julio de dos mil ocho por parte de MÁXIMO PÉREZ SANTÍN, así como, la prueba pericial en examen criminalístico de documentos dudosos a cargo del experto FERNANDO LARA PASTRANA. - En la propia audiencia constitucional de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó su suspensión, como se advierte de la transcripción siguiente: "Así las cosas con base en el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés (fojas 590 a 591) se admitió a trámite el incidente de objeción formulado por la tercera interesada y por ende, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se ordena suspender la audiencia constitucional (.).". - Así, derivado de la preparación de la prueba de reconocimiento de contenido y firma de contrato, admitida en la precitada audiencia constitucional, en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa proporcionar el domicilio o en su caso los documentos con los que se identificó MÁXIMO PÉREZ SANTIN, en el contrato de quince de julio de dos mil seis, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no puesta la firma de dicha persona; dicho acuerdo es el recurrido en este recurso de queja. En el caso, se tiene que sí se cumple el primero de los señalados requisitos, debido a que la determinación impugnada se dictó en la tramitación del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, se estima que en la especie no se satisface el segundo de los mencionados requisitos, en tanto que el auto impugnado fue dictado en preparación a una prueba admitida en la audiencia constitucional celebrada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, misma que se suspendió para continuar con el desahogo de dicho medio de convicción, y por ende, es evidente que en contra de esa determinación procede el recurso de revisión. Cobra aplicación por analogía al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tesis: 2a./J. 101/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 176, que a la letra dice: "OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. LOS ACUERDOS QUE DESECHEN PRUEBAS EN EL INCIDENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN IV, DEL INDICADO ORDENAMIENTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia 2a./J. 177/2008, que en términos "ordinarios", la decisión relativa a la objeción de falsedad de documentos formulada previamente o al celebrarse la audiencia constitucional debe acordarse en la audiencia misma y que en ese entendido la determinación de desechar la objeción o de negar tenerla por formulada, es impugnable a través del recurso de revisión en los términos de la parte final de la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Amparo. Ahora bien, si durante la audiencia constitucional debe proveerse en relación con las pruebas y contrapruebas vinculadas con la autenticidad o falsedad del documento, los acuerdos que desechan pruebas en el incidente de objeción deberán combatirse a través del mencionado recurso de revisión, en términos de la última parte de la fracción IV del referido artículo 83, es decir, al momento en que se impugne la sentencia de amparo." A mayor abundamiento, y en el supuesto no concedido de que se cumpliera con el segundo de los aludidos requisitos, no menos cierto es que en la especie no se satisface el tercero de los mencionados requisitos, es decir, que la determinación impugnada por su naturaleza trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; esto es así, en la medida que en el auto impugnado únicamente se requirió al quejoso aquí recurrente proporcionar el domicilio o en su caso los documentos con los que se identificó MÁXIMO PÉREZ SANTIN, en el contrato de quince de julio de dos mil seis, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no puesta la firma de dicha persona. Esto es, no se desechó ni se tuvo por desierta prueba alguna, sino que únicamente se dictó una medida durante la preparación de un medio de convicción, para su desahogo; lo cual no causa perjuicio trascendental al recurrente, ni lo ubica en el supuesto de procedencia en cita. Sustenta lo anterior, por analogía al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Tesis: 2a./J. 108/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR DESIERTA UNA PRUEBA PERICIAL. El precepto indicado establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En ese orden de ideas, el recurso de queja procede contra el acuerdo del Juez de Distrito que tiene por desierta una prueba pericial, al tratarse de una determinación dictada durante la tramitación del juicio de amparo que no admite expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio al oferente no reparable en la sentencia definitiva, pues ya no tendrá oportunidad procesal de ofrecerla, ni el Juez de Distrito se ocupará de ella al dictar la sentencia definitiva, lo que impacta en sus pretensiones, pues con aquélla busca acreditar los extremos de lo argumentado en su demanda; de ahí que se hable de la trascendencia y gravedad de la determinación por cuanto puede causar perjuicio no reparable. En cuanto a la solicitud de la parte recurrente y, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, consulta de expedientes el nombre de usuario "ETERIUS", con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se autoriza la consulta del expediente electrónico, asimismo, se ordena que las notificaciones se le realicen vía electrónica a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación mediante el citado nombre de usuario; esto, no obstante que en el escrito de cuenta se señala también como domicilio para oír y recibir notificaciones uno físico, en tanto que, debido a la contingencia sanitaria que aún prevalece en el País, debe privilegiarse la notificación vía electrónica que solicita la parte recurrente, aunado a que en su escrito menciona que proporciona el usuario para recibir notificaciones electrónicas. Se ordena a la Oficial Judicial "A", para que de inmediato proceda a la captura de los datos del citado usuario "ETERIUS" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto de JOSÉ ARMANDO VALENCIA GONZÁLEZ, persona que señala como autorizada para oír y recibir notificaciones, se le reconoce ese carácter en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, cuyo comprobante se agrega a los presentes autos. En relación con las diversas personas señaladas como autorizados, se les reconoce dicho carácter en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones; limitación que subsiste hasta en tanto se acredite que pueden ejercer la profesión de licenciados en derecho, y su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; ello, sin perjuicio de que aquéllas personas que ya tengan su cédula profesional registrada podrán promover en el presente asunto en los términos más amplios que consagra el mencionado precepto legal, circunstancia que al efecto se verificará en el momento en que ocurran ante este Tribunal Colegiado. Por otra parte, conforme con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos adscritos a la Secretaría de Acuerdos, y demás personal de este Tribunal Colegiado que tenga intervención en la formación de este expediente para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo al acuerdo respectivo incorporarlas al expediente impreso. Sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato.
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