Román Anselmo Fuentes Campos
Expediente 2089/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2089/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- Román Anselmo Fuentes Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el que remite el oficio del Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el que rinde el informe justificado que le corresponde. Al respecto, intégrese a los presentes autos el informe de referencia, sin hacer mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al citado Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla rindiendo el informe justificado correspondiente, aunado a que en esa misma data se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, del Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente; y anexa copia certificada de su nombramiento. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad responsable, rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte la documental pública consistente en la copia certificada del oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, así como la documental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda y por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica en el mismo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se otorgan los permisos necesarios al delegado Omar Flores Vázquez, para la consulta del expediente electrónico, dado que el usuario "SINDICATURAIZUCAR" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico SISE) para realizar las gestiones necesarias a efecto de que al mencionado usuario tenga acceso a la consulta electrónica dentro del presente juicio de amparo. En términos de lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene por señalada las direcciones de correo electrónico que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Se autoriza a los delegados que menciona la autoridad oficiante para imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análogos. Por tanto, el expediente queda a disposición en la secretaría de este juzgado federal para que - en su caso- obtenga una reproducción electrónica de los autos que integran este juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, concretamente al proceso para la consulta de expedientes y comparecencias. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que mediante oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se dio respuesta al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado por el quejoso Román Anselmo Fuentes Campos, ante la Secretaria del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla con atención al Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de dicho Ayuntamiento. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Román Anselmo Fuentes Campos, hizo consistir el acto reclamado de la Secretaría del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla y del Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de dicho Ayuntamiento, en la omisión de no dar respuesta al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado ante la Secretaría del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla con atención al Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de dicho Ayuntamiento; y la citada Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dio respuesta a dicho escrito. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues toda vez que la Secretaría del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dio respuesta al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado por el quejoso Román Anselmo Fuentes Campos, con lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y tres minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, del Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente; y anexa copia certificada de su nombramiento. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad responsable, rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte la documental pública consistente en la copia certificada del oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, así como la documental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda y por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica en el mismo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se otorgan los permisos necesarios al delegado Omar Flores Vázquez, para la consulta del expediente electrónico, dado que el usuario "SINDICATURAIZUCAR" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico SISE) para realizar las gestiones necesarias a efecto de que al mencionado usuario tenga acceso a la consulta electrónica dentro del presente juicio de amparo. En términos de lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene por señalada las direcciones de correo electrónico que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Se autoriza a los delegados que menciona la autoridad oficiante para imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análogos. Por tanto, el expediente queda a disposición en la secretaría de este juzgado federal para que - en su caso- obtenga una reproducción electrónica de los autos que integran este juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, concretamente al proceso para la consulta de expedientes y comparecencias. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que mediante oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se dio respuesta al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado por el quejoso Román Anselmo Fuentes Campos, ante la Secretaria del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla con atención al Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de dicho Ayuntamiento. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Román Anselmo Fuentes Campos, hizo consistir el acto reclamado de la Secretaría del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla y del Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de dicho Ayuntamiento, en la omisión de no dar respuesta al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado ante la Secretaría del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla con atención al Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal de dicho Ayuntamiento; y la citada Secretaría del Ayuntamiento mediante oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dio respuesta a dicho escrito. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues toda vez que la Secretaría del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante oficio SA-IZ-2021-2024/00873/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dio respuesta al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado por el quejoso Román Anselmo Fuentes Campos, con lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y tres minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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