Román Alexander Domínguez Arcos

Expediente 1111/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1111/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Román Alexander Domínguez Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, remite diversas constancias relativas al juicio laboral *******. Lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento, ya que por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo como asunto concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de tres de enero de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, transcurrió del diez al veintitrés de enero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte a la fecha no se han emplazado a los terceros interesados: 1. Tiendas Departamentales Liverpool, sociedad anónima de capital variable; 2. Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable; 3. Operadora Comercial Liverpool, sociedad anónima de capital variable; 4. Ricardo Zumaya Guzmán, y 5. Ángel Martínez Mejía. Y, notificarles personalmente el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a (1) Tiendas Departamentales Liverpool, sociedad anónima de capital variable; (2) Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable; (3) Operadora Comercial Liverpool, sociedad anónima de capital variable; (4) Ricardo Zumaya Guzmán, y (5) Ángel Martínez Mejía. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Por otra parte, agréguese a los autos el oficio S.A./0003/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 347/2020, se acordó la promoción escrita de siete de octubre de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Román Alexander Domínguez Arcos (aquí quejoso), quien solicitó lo siguiente: (i) toda vez que había transcurrido el término para alegar, se certificara la falta de pruebas pendientes para su desahogo y se otorgara el término de tres días que establece la ley, para que las partes manifestaran su conformidad sobre dicha certificación, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término otorgado se les tendría por desistido de la misma; (ii) asimismo, transcurrido lo anterior, se señalara el término para el cierre de instrucción y por consiguiente se turnaran los autos para el dictado de la resolución respectiva; mientras que en auto de catorce del mismo mes y año, se acordó lo concerniente al cierre de instrucción. Como justificación de su informe remite copia certificada de los acuerdos de diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, correspondientes al juicio laboral 347/2020. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, Román Alexander Domínguez Arcos, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, a quien le reclamó la negativa de dar entrada a su escrito de fecha siete de octubre del año dos mil veintidós, en el expediente laboral 347/2020. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, toda vez que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito del quejoso de siete de octubre de ese mismo año, certificando que no quedan pruebas pendiente por desahogar y concediendo a las partes el término legal tres días para que ". manifieste su conformidad con la certificación que antecede, apercibidas de que transcurrido el término señalado no lo hicieren y si hubieran pruebas pendientes por desahogar se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales, y una vez hecho lo anterior esta autoridad procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo en vigor."; asimismo, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 347/2020, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos al proyectista de dicha junta, para que procediera a la emisión del laudo respectivo (foja 27 a 29). Para acreditar lo anterior, acompañó copias certificadas de los acuerdos diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, por los cuales le dio el trámite correspondiente al escrito de siete de octubre de ese mismo año, a las que se les confiere valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, si el doce de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso promovió demanda de amparo contra la negativa de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dar entrada a su escrito de siete de octubre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 347/2020. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el diez de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito de siete de ese mismo mes y año, y el trece siguiente, se decretó el cierre de instrucción, turnando los autos al proyectista de dicha junta, para que procediera a la emisión del laudo respectivo. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la negativa de dar entrada al escrito de siete de octubre de dos mil veintidós, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS SE NOTIFICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad del Carmen, Campeche, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte a la fecha no se han emplazado a los terceros interesados: 1. Tiendas Departamentales Liverpool, sociedad anónima de capital variable; 2. Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable; 3. Operadora Comercial Liverpool, sociedad anónima de capital variable; 4. Ricardo Zumaya Guzmán, y 5. Ángel Martínez Mejía. Y, notificarles personalmente el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a (1) Tiendas Departamentales Liverpool, sociedad anónima de capital variable; (2) Distribuidora Liverpool, sociedad anónima de capital variable; (3) Operadora Comercial Liverpool, sociedad anónima de capital variable; (4) Ricardo Zumaya Guzmán, y (5) Ángel Martínez Mejía. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Por otra parte, agréguese a los autos el oficio S.A./0003/2022 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 347/2020, se acordó la promoción escrita de siete de octubre de ese mismo año, signada por Milton Alejandro Pech Juárez, apoderado legal del actor Román Alexander Domínguez Arcos (aquí quejoso), quien solicitó lo siguiente: (i) toda vez que había transcurrido el término para alegar, se certificara la falta de pruebas pendientes para su desahogo y se otorgara el término de tres días que establece la ley, para que las partes manifestaran su conformidad sobre dicha certificación, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término otorgado se les tendría por desistido de la misma; (ii) asimismo, transcurrido lo anterior, se señalara el término para el cierre de instrucción y por consiguiente se turnaran los autos para el dictado de la resolución respectiva; mientras que en auto de catorce del mismo mes y año, se acordó lo concerniente al cierre de instrucción. Como justificación de su informe remite copia certificada de los acuerdos de diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, correspondientes al juicio laboral 347/2020. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, Román Alexander Domínguez Arcos, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, a quien le reclamó la negativa de dar entrada a su escrito de fecha siete de octubre del año dos mil veintidós, en el expediente laboral 347/2020. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, toda vez que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito del quejoso de siete de octubre de ese mismo año, certificando que no quedan pruebas pendiente por desahogar y concediendo a las partes el término legal tres días para que ". manifieste su conformidad con la certificación que antecede, apercibidas de que transcurrido el término señalado no lo hicieren y si hubieran pruebas pendientes por desahogar se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales, y una vez hecho lo anterior esta autoridad procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo en vigor."; asimismo, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 347/2020, declaró cerrada la instrucción, turnando los autos al proyectista de dicha junta, para que procediera a la emisión del laudo respectivo (foja 27 a 29). Para acreditar lo anterior, acompañó copias certificadas de los acuerdos diez y catorce de octubre de dos mil veintidós, por los cuales le dio el trámite correspondiente al escrito de siete de octubre de ese mismo año, a las que se les confiere valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, si el doce de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso promovió demanda de amparo contra la negativa de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dar entrada a su escrito de siete de octubre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 347/2020. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el diez de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito de siete de ese mismo mes y año, y el trece siguiente, se decretó el cierre de instrucción, turnando los autos al proyectista de dicha junta, para que procediera a la emisión del laudo respectivo. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la negativa de dar entrada al escrito de siete de octubre de dos mil veintidós, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable

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