Roman Alejandro Valle Can
Expediente 489/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Roman Alejandro Valle Can
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el contenido de la resolución de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós que dice: Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cinco de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa que, queda a su disposición los documentos que anexó a su escrito de demanda, que ofreció como prueba en ese asunto, por un plazo de noventa días; lo anterior, con el apercibimiento que, de no presentarse a recogerlos, serán glosados al expediente y podrán ser destruidos junto con éste. Cabe precisar que, de conformidad con los artículos 17, 20 y 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo, se dispuso que no se permitirá la entrada libre a los órganos jurisdiccionales, salvaguardando la salud de los justiciables y del propio personal del órgano; por tanto, este juzgador, ajustándose a las directrices de los citados acuerdos, considera necesario informar a la parte quejosa que para evitar concentración de personas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 6 del referido acuerdo, deberá realizar una cita a través del sistema "Agenda OJ" y generar su código QR, para el acceso al órgano jurisdiccional, a fin de que se le haga debida entrega de las documentales referidas, previa razón de recibo que se deje en autos. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa el contenido de la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintidós que dice: ? Cumplimiento a la prevención. Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso ****, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención que se le hiciera en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, precisa los actos que reclama a las autoridades responsables, a saber: "1) DEL COORDINADOR GENERAL DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIONES, LICENCIADO *****, RECLAMO LOS SIGUIENTES ACTOS: ? La indebida fundamentación y motivación del Acuerdo de Radicación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número ***** de fecha 20 de marzo de 2020, signado en aquel entonces por el MAESTRO *****, en su carácter de Coordinador General de Sustanciación y Resolución de la Secretaria de la Contraloría del Estado. ? La omisión de valorar las pruebas del Informe de Responsabilidad Administrativa de fecha 26 de febrero de 2020, para determinar si existían elementos suficientes que pudieran servir de base para dar inicio al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número *****de fecha 20 de marzo de 2020. ? El acuerdo de desechamiento del recurso _de reclamación emitido en fecha 02 de mayo de 2022, signado por el Licenciado *****, en su carácter de Cuordinador General de Sustanciación y Resoluciones, dentro de los autos del expediente numero ********, el cual me fuera notificado en fecha 07 de Junio de 2022. 2).- DE LA COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN "B" DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, LICENCIADA ******, RECLAMO LOS SIGUIENTES ACTOS: ? La indebida fundamentación y motivación del Acuerdo de Calificación de fecha 26 de febrero de 2020 emanado del expediente de presunta responsabilidad administrativa número *****. ? La oscuridad del Acuerdo de Calificación de fecha 26 de febrero de 2020 emanado del expediente de presunta responsabilidad administrativa ***** y que fuera signado por dicha autoridad. ? La oscuridad del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 26 de febrero de 2020 emanado del expediente de presunta responsabilidad administrativa número ******, signado por dicha autoridad y otra. 3).- DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, LICENCIADO ******RECLAMO LOS SIGUIENTES ACTOS: ? La indebida fundamentación y motivación del Informe de Presunta Responsabilidad de fecha 26 de febrero de 2020, emanado del expediente de presunta responsabilidad administrativa número ****. ? La oscuridad del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 26 de febrero de 2020 emanado del expediente de presunta responsabilidad administrativa número ******, signado por dicha autoridad y otra". En mérito de lo anterior, al haberse desahogado en tiempo y forma, se tiene a la quejosa cumpliendo con la prevención formulada en autos y, por ello, se provee lo siguiente: ? Desechamiento. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito2, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, la parte promovente señaló como acto reclamado el siguiente: Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los razonamientos contenidos en esta determinación. A fin de demostrar la premisa anterior, el estudio de la causa de improcedencia invocada se dividirá en los siguientes apartados: (i) implicaciones de la causa de improcedencia advertida, (ii) procedimiento contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y (iii) actualización de la causa de improcedencia invocada respecto del acto reclamado. 1. Implicaciones de la causa de improcedencia advertida. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa relativa derive de algún precepto constitucional o de la propia legislación en la materia. Por otro lado, el artículo 107, fracción III, de dicha legislación dispone que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos, omisiones o resoluciones que deriven de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que el acto reclamado represente (i) la resolución definitiva (en cuyo caso podrán impugnarse tanto violaciones cometidas en esta como durante la tramitación del procedimiento) o (ii) una violación de imposible reparación. Los artículos mencionados son del tenor literal siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Art. 107.- El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Así, del análisis de los preceptos legales mencionados en el párrafo que antecede, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos, omisiones o resoluciones dictadas dentro de un procedimiento administrativo que no representen su resolución definitiva o una violación de imposible reparación. Al respecto, a criterio de este juzgador, la finalidad de las condiciones analizadas en el párrafo que antecede, asimilable al juicio de amparo directo, consiste en evitar la presentación excesiva de juicios de amparo en contra de múltiples actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, esto es, que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General de la República o en tratados internacionales de la materia de los que forme parte el Estado Mexicano y que, en todo caso, podrían subsanarse al momento en que se dicte la resolución definitiva. En adición, los derechos sustantivos se diferencian de los adjetivos o procesales porque la afectación de los últimos podría (i) no trascender a la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento o (ii) ser impugnada junto con tal resolución mediante el recurso ordinario establecido en la legislación aplicable o, en su defecto, mediante juicio de amparo indirecto. Más aún, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales federales han sostenido en diversos precedentes que el artículo 107 de la Ley de Amparo garantiza el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas gobernadas puesto que genera certidumbre sobre la naturaleza e implicaciones de los actos de imposible reparación al delimitarlos a aquellos que impiden de forma directa y actual el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en la materia de los que forma parte el Estado Mexicano. Bajo ese contexto, se concluye que, en términos de lo dispuesto en los artículos y precedentes estudiados, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de actos emitidos durante la tramitación de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, salvo que este constituya la resolución definitiva o un acto de imposible reparación, esto es, un acto que lesione derechos sustantivos reconocidos en el texto constitucional o en los tratados internacionales en la materia, lo que implica la imposibilidad jurídica de estudiar en sede constitucional violaciones a leyes adjetivas o procesales de manera independiente. 2. Procedimiento contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para analizar la norma aludida, resulta indispensable transcribir los siguientes preceptos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Capítulo II Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 3. Actualización de la causa de improcedencia invocada respecto del acto reclamado. Sentado lo anterior, en el caso concreto se reclama: 1) Del Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el acuerdo de radicación de veinte de marzo de dos mil veinte, el acuerdo de desechamiento del recurso de reclamación de dos de mayo de dos mil veintidós, emitidos en el procedimiento de responsabilidad administrativa *****, así como la omisión de valorar las pruebas del informe de responsabilidad administrativa de veintiséis de febrero de dos mil veinte. 2) De la Coordinadora de Investigación "B" de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el acuerdo de calificación de presunta responsabilidad administrativa de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitido en el expediente de presunta responsabilidad administrativa número ******, y el informe de presunta responsabilidad administrativa de la misma fecha. 3) Del Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el informe de presunta responsabilidad administrativa de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitido en el expediente *****. Actos que tienen relación con el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa *******2020 y el desechamiento del recurso de reclamación interpuesto en contra dicho acuerdo de radicación. Al respecto, este juzgador considera que los actos reclamados no constituyen la resolución definitiva que le ponga fin a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ni se tratan de actos de imposible reparación dictado dentro de este, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada y lo procedente es desechar la demanda de amparo. En efecto, los acuerdos que reclama la parte quejosa no representan la resolución definitiva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues de conformidad con el la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se advierte que una vez notificado el inicio del procedimiento de responsabilidad, se le da el derecho al investigado, para que conteste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, en torno a los hechos que le fueron imputados, y posteriormente, terminada la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, de igual forma se le concederá término para que alegue lo que a su interés jurídico corresponda en la audiencia, concluido lo anterior, la autoridad notificará la conclusión del procedimiento y dictará la resolución que corresponda; por lo que no se desprende que con el acto que reclama se ponga fin al procedimiento. Asimismo, el acto reclamado tampoco tiene la naturaleza de un acto intraprocesal de imposible reparación, pues no puede decirse que existan, bajo un parámetro de razonabilidad, elementos que permitan advertir la actualización de violaciones a los derechos sustantivos del promovente, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional dicha determinación emitida en tal procedimiento no ha afectado aún la esfera jurídica de la parte quejosa. Siendo que, dicho acto, a juicio de este órgano jurisdiccional, representa en todo caso una violación procesal o adjetiva que no afecta algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. De tal forma que el acto reclamado acarrea violaciones procesales o adjetivas que hacen improcedente el juicio de amparo, toda vez que las mismas podrán combatirse junto con la resolución definitiva en caso de que esta sea desfavorable para la parte quejosa, la cual podrá ser impugnable bajo la vía respectiva, y en caso de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, con registro 175221, que a la letra indica: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto". En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por otra parte, se tienen como medios de contacto del quejoso el correo electrónico y número telefónico que proporciona, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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