Romaldo Miramontes Herrera

Expediente 2865/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2865/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Romaldo Miramontes Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 2865/2022-VII-I promovido por Romaldo Miramontes Herrera por conducto de su apoderado legal Gerardo Miramontes Dávila, contra el acto de Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en la Ciudad de México, por violación al artículo 8 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el trece de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Romaldo Miramontes Herrera por conducto de su apoderado legal Gerardo Miramontes Dávila, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en la Ciudad de México, el cual hizo consistir en: "El acto reclamado en esta instancia constitucional es la omisión por parte del Director General de Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable de emitir la resolución correspondiente a las solicitudes contenidas en los escritos que interpuse en representación de Romaldo Miramontes Herrera, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y once de octubre de dos mil veintidós." II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, mismo que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. III. Por acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se dio trámite al recurso de queja interpuesto por Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acuerdo de admisión de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós y se suspendió el procedimiento en este asunto. IV. Mediante proveído del siete de julio de dos mil veintitrés, se recibió la resolución del toca 109/2023 del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito en el que declaró infundado el recurso de queja, se reanudó el procedimiento del juicio de amparo y se fijó nueva fecha para la celebración de audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y, conforme a lo establecido en la circular SECNO/23/2021 por la que se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de julio de dos mil veintiuno, aprobó la concentración SECNO/CE/4/2021 a favor de este Juzgado Federal, al reclamarse actos relacionados con la planeación, desarrollo y construcción del proyecto denominado "Tren Maya". Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad señalada como responsable lo siguiente: 1. La omisión de acordar sus escritos que presentó el diecinueve de septiembre y once de octubre de dos mil veintidós, con los que solicitó se le informe qué inmueble de la propiedad del quejoso será objeto de expropiación y cuál es avalúo que fije el monto de indemnización que le corresponde. Tercero. Existencia del acto reclamado. El apoderado legal de Fonatur, Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable en este asunto, al rendir su informe justificado admitió el acto reclamado, por lo que se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión se relaciona lo siguientes antecedentes: 1. Escritos de fecha diecinueve de septiembre y once de octubre, ambos de dos mil veintidós, suscritos por el apoderado legal de la parte quejosa, dirigidos al Director General de Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. y/o Encargado de las oficinas en carretera federal 199, tramo Catazaja-Rancho Nuevo, colonia Pakal-Na (ante Las Joyas), municipio de Palenque, Chiapas, mediante los cuales solicitó se le informe respecto de qué inmueble de su propiedad será objeto de expropiación y el avalúo que se fije como indemnización. 2. Oficio SJC/MPS/539/2023 de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, suscrito por el Subdirector Jurídico Contencioso de Fonatur Tren Maya, dirigido al representante legal de la parte quejosa, por el cual en atención a las solicitudes realizadas el diecinueve de septiembre y once de octubre de dos mil veintidós, a Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., requiriendo información y pago de la indemnización correspondiente, por la afectación que resentiría en dos inmuebles de la propiedad de su representado, predios denominados "La Manga" y "La Ilusión", ubicados en el municipio de Candelaria, Campeche, le comunicó el contenido del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de agosto de dos mil veintidós, para la ocupación temporal, total e inmediata de ochenta y tres mil doscientas cuarenta y seis punto cuarenta y cinco metros cuadrados de terrenos de propiedad privada, debiendo acudir en los plazos y conforme al procedimiento de la Ley de Expropiación, a hacer valer lo que a sus intereses convengan; solicitud que estuvo a cargo de la apoderada legal de Fonatur S.A de .C.V., con apoyo de diverso personal de esa Institución, con quienes sostuvo reuniones de conciliación para obtener el avalúo oficial del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Inmuebles y en base a ese dictamen obtener el pago por la afectación. Asimismo, hizo de su conocimiento que su petición fue atendida el dos de marzo de dos mil veintitrés, con la firma del Convenio de Contrato de Promesa de Compraventa, en el cual Fonatur Tren Maya S.A. de .C.V. se comprometió a pagar a su poderdante, en calidad de propietario de los inmuebles "La Manga" y "La Ilusión", ubicados en el municipio de Candelaria, Campeche, un total de treinta y cinco millones, seiscientos dos mil dieciséis pesos, 20/100, moneda nacional, considerando la afectación que resentirían dichos inmuebles, de los cuales ya cubrió treinta y tres millones, trescientos doce mil, quinientos once pesos, 36/100, restando por liquidar un saldo de dos millones, doscientos ochenta y nueve mil, quinientos cuatro pesos, 84/100, moneda nacional, monto que será finiquitado a la firma de la escritura de la compraventa definitiva, la cual está pendiente en virtud de la ratificación de medidas y colindancias a sus predios. (comunicación que fue depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano, el veintiséis de agosto último). 3. Contrato de Promesa de Compraventa de dos de marzo de dos mil veintitrés, que celebran, por una parte el representante legal de la parte quejosa (vendedora) y por otra, por el apoderado legal de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. (compradora), respecto de los predios denominados "La Manga" y la "La Ilusión", con folios 14129 y 14130, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio de Escárcega, Campeche, propiedad de la parte quejosa, por la adquisición de una fracción de los terrenos descritos en el apartado de Declaraciones 1.5, para destinarlos a la construcción del proyecto denominado Tren Maya, del cual manifestaron su conformidad y se estableció lo siguiente: En su cláusula Primera la obligación de vender de una manera real, definitiva e irrevocable a la parte compradora las superficies ahí descritas; en la cláusula segunda las partes convinieron en que el monto de la futura compraventa sea el que fije el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en términos de los artículos 54 Bis y 143 de la Ley General de Bienes Nacionales, resultando la cantidad total de cinco millones, setecientos dos mil, novecientos cincuenta peso 96/100, moneda nacional, de los cuales corresponden el primer pago por la cantidad seiscientos cincuenta y ocho mil pesos 00/100M.N. a la firma de ese instrumento, cantidad que se entregó en cheque, por la tierra del predio denominado "La Manga" a nombre del quejoso; un segundo pago por la cantidad de cinco millones, cuarenta y cuatro mil, novecientos cincuenta pesos 96/100, moneda nacional, a la firma de ese instrumento, cantidad que se entregó en cheque por la tierra del predio "La Ilusión" a nombre del quejoso. Por su parte, en la Cláusula tercera con motivo de la indemnización de la superficie del predio "La Manga" cuatro millones, setecientos ocho mil, noventa y seis pesos 65/100, moneda nacional, mediante cheque a nombre del quejoso. Mas la cantidad de veintidós millones, novecientos un mil, cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 96/100, moneda nacional, mediante cheque a nombre del quejoso, por concepto de indemnización por la tierra del predio "La Ilusión"; todas las cantidades descritas hacen un total de treinta y tres millones, trescientos doce mil, quinientos once peso 36/100, moneda nacional; la cantidad restante de dos millones, doscientos ochenta y nueve mil, quinientos cuatro pesos 84/100, moneda nacional, será entregada mediante cheque a la firma de la escritura definitiva a nombre del quejoso. Quinto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar la petición de la parte quejosa que le formuló el diecinueve de septiembre y once de octubre de dos mil veintidós, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Ahora bien, se considera actualizada esta causal, en virtud de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en este asunto, en apoyo a su informe justificado, misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio SJC/MPS/539/2023 de veintinueve de agosto de esta anualidad, suscrito por el Subdirector Jurídico Contencioso de Fonatur, Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en la Ciudad de México, en relación a las solicitudes de la parte quejosa de fechas diecinueve de septiembre y once de octubre de dos mil veintidós, le informó el contenido del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de agosto de dos mil veintidós, para la ocupación temporal, total e inmediata de ochenta y tres mil doscientas cuarenta y seis punto cuarenta y cinco metros cuadrados de terrenos de propiedad privada, en las que se incluía los predios de su propiedad denominados "La Manga" y "La Ilusión", ubicados en el municipio de Candelaria, Campeche, a fin de que en los plazos y conforme al procedimiento de la Ley de Expropiación, haga valer lo que a sus intereses convenga. Del mismo modo, le comunicó que su solicitud estuvo a cargo de la apoderada legal de Fonatur S.A de .C.V., con apoyo de diverso personal de esa Institución, con quienes sostuvo reuniones de conciliación para obtener el avalúo oficial del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Inmuebles y en base a ese dictamen obtener el pago por la afectación. Posteriormente, el dos de marzo de dos mil veintitrés, con la firma del Convenio de Contrato de promesa de compraventa, entre el apoderado legal de la parte quejosa y el representante legal de Fonatur Tren Maya S.A. de .C.V., se observan los predios propiedad del quejoso que fueren afectados para el desarrollo del proyecto denominado Tren Maya, en el Estado de Campeche y las cantidades obtenidas del avalúo fijado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), mismas que fueron pagadas a la parte quejosa, quedando una parte restante por cubrir al formalizar la firma de la escritura de la compraventa definitiva. Lo anterior se le hizo de su conocimiento de la parte quejosa mediante acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el trece de diciembre de dos mil veintidós. En esas condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir y de producir sus efectos; habida cuenta que al momento de celebrar el contrato de promesa de venta ya citado, se hizo del conocimiento del quejoso cuáles serían los predios de su propiedad que se verían afectados por la obra pública denominada Tren Maya, y el valor de esos inmuebles, coligiéndose con ello que el quejoso ya tuvo conocimiento de las interrogantes que no le habían sido contestadas, cesando los efectos del acto reclamado; por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Romaldo Miramontes Herrera por conducto de su apoderado legal Gerardo Miramontes Dávila, contra el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable en este asunto, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido vía electrónica por Daniel Abreu Saucedo, quien se ostenta apoderado legal de Fonatur, Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad de Daniel Abreu Saucedo, como apoderado legal de la autoridad responsable ya nombrada, lo anterior en cuanto se advierte de la documental que anexó a su informe de cuenta consistente en la copia certificada del acta cincuenta y ocho mil sesena y cinco de veintidós de abril de dos mil veintidós, expedida por el ********************, documental que el ocursante refiere en su informe de cuenta bajo protesta de decir verdad, es copia íntegra e inalterada del impreso. Se tiene por señalado el domicilio procesal que indica la responsable y como delegados a las personas que refiere, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del numeral 3 de la Ley de la Materia y fracciones IV y V del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica a la cuenta de usuario que indica, siempre y cuando la clave de usuario proporcionada sea correcta y se encuentre debidamente registrada; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente, con el privilegio del trabajo a distancia y haciendo uso de los medios tecnológicos. Y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que menciona en su informe la responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe de cuenta a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintitrés. Atento el estado procesal que guarda este expediente y de donde se aprecia que la autoridad señalada como responsable no ha rendido su informe con justificación. En atención a lo anterior, a fin de resolver el presente asunto con pleno conocimiento de causa, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la autoridad señalada como responsable en este asunto, para que dentro del término de tres días contados a partir al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano de control constitucional copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con los actos que aquí se reclaman; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado o informar el impedimento que tiene para ello, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con siete minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán; al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 109/2023 relativo al recurso de queja interpuesto por Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Marco Aurelio Colín Hinojosa, en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Romaldo Miramontes Herrera por conducto de su apoderado legal Gerardo Miramontes Dávila, contra actos del Director General de Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable; ejecutoria de la que aparece que el citado cuerpo colegiado declaró infundado el recurso de queja antes citado. Acúsese recibo. Ahora bien, dado que en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se suspendió el presente procedimiento con motivo del recurso de queja, el cual ha sido resuelto, en esas condiciones, reanúdese el procedimiento en este asunto, fijándose como nueva hora y fecha para la audiencia constitucional las once horas con diecisiete minutos del once de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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