Roldán Francisco Olguín Negrete

Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
18/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Roldán Francisco Olguín Negrete

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días, para interponer el recurso de queja en contra del auto de nueve de enero del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Roldán Francisco Olguín Negrete, contra actos del Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región, de Silao, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 18/2023-VIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama señala como actos reclamados, los siguientes: 1.- Las órdenes de aprehensión y/o detención dictadas en su contra, así como su ejecución. 2.- La falta de emplazamiento o notificación de la etapa de investigación, con motivo de alguna averiguación previa, carpeta de investigación o causa penal instruida en su contra. Desechamiento. El promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el doce de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que unas personas que se ostentaron como agentes ministeriales le informaron que tenían una orden de detención y/o aprehensión en su contra; por lo anterior, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto comenzó a correr partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos que reclama, esto es, a partir del trece de diciembre de dos mil veintidós. Dicha disposición establece, en términos generales, que será reputado como acto consentido, aquél que resienta el quejoso y tenga conocimiento del mismo, sin que al efecto, promueva juicio de amparo dentro de los plazos que otorga la ley para ese fin; salvo las excepciones que ahí mismo se contemplan. De lo previamente transcrito se advierten tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, como sigue: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame conforme a la ley del acto; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, también señala que deberá promoverlo desde el a siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, o bien, el día siguiente al en que se ostente sabedor. Como se mencionó en párrafos precedentes, el justiciable tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el doce de diciembre de dos mil veintidós; por lo que debió instar la vía constitucional, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la notificación surtió efectos, por tanto, ese plazo transcurrió del trece de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de este año, sin contar por ser días inhábiles los sábados y domingos comprendidos en ese periodo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, el promovente no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haber impugnado en el lapso señalado en supralíneas, se tornan tácitamente consentidos los actos que reclama, en contra de los cuales no procede el juicio de amparo de conformidad con la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la demanda de amparo se presentó hasta el cinco de enero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, al ser extemporánea su presentación, esto es, fuera del plazo legal establecido para ello, se desecha por ser notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la legislación en cita. Domicilio procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el ubicado en calle ******************** de ******************** número ********************, colonia ******************** de esta ciudad. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral, a las demás personas que indica por no contar con tal registro. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Protección de datos personales. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 09 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la demanda de amparo promovida por Roldán Francisco Olguín Negrete, contra actos del Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región, de Silao, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 18/2023-VIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama señala como actos reclamados, los siguientes: 1.- Las órdenes de aprehensión y/o detención dictadas en su contra, así como su ejecución. 2.- La falta de emplazamiento o notificación de la etapa de investigación, con motivo de alguna averiguación previa, carpeta de investigación o causa penal instruida en su contra. Desechamiento. El promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el doce de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que unas personas que se ostentaron como agentes ministeriales le informaron que tenían una orden de detención y/o aprehensión en su contra; por lo anterior, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto comenzó a correr partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos que reclama, esto es, a partir del trece de diciembre de dos mil veintidós. Dicha disposición establece, en términos generales, que será reputado como acto consentido, aquél que resienta el quejoso y tenga conocimiento del mismo, sin que al efecto, promueva juicio de amparo dentro de los plazos que otorga la ley para ese fin; salvo las excepciones que ahí mismo se contemplan. De lo previamente transcrito se advierten tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, como sigue: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame conforme a la ley del acto; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, también señala que deberá promoverlo desde el a siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, o bien, el día siguiente al en que se ostente sabedor. Como se mencionó en párrafos precedentes, el justiciable tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el doce de diciembre de dos mil veintidós; por lo que debió instar la vía constitucional, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que la notificación surtió efectos, por tanto, ese plazo transcurrió del trece de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de este año, sin contar por ser días inhábiles los sábados y domingos comprendidos en ese periodo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, el promovente no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haber impugnado en el lapso señalado en supralíneas, se tornan tácitamente consentidos los actos que reclama, en contra de los cuales no procede el juicio de amparo de conformidad con la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la demanda de amparo se presentó hasta el cinco de enero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, al ser extemporánea su presentación, esto es, fuera del plazo legal establecido para ello, se desecha por ser notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la legislación en cita. Domicilio procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el ubicado en calle ******************** de ******************** número ********************, colonia ******************** de esta ciudad. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral, a las demás personas que indica por no contar con tal registro. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles..."

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