Rolando Rogelio Martinez de Dios
Expediente 82/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rolando Rogelio Martinez de Dios
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte: el quejoso omitió impugnar el acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2 se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos por promovida por ** contra el Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda, se observa el reclamo de la orden de investigación por el supuesto delito de amenazas; así como la integración de la carpeta de investigación respectiva. Sin embargo, la acción de amparo ejercida en contra de dichos actos, resulta improcedente, pues opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la ley de amparo. De entrada, porque la averiguación previa o carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, su trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la integración o inició de una averiguación previa o carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa o carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación contra el quejoso, pues tal acto omite irrogársele perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la integración de dicha averiguación o carpeta, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera en su caso acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una averiguación o carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Pues, en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI , constitucional, su intervención como imputado habrá de acaecer hasta que el ministerio público lo estime pertinente para recabar su entrevista. De momento, conforme a los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ministerio público tiene el deber y la obligación de reservar, durante su integración, los antecedentes de investigación. Esa facultad de investigar y mantener en secrecía su contenido obedece a la necesidad de evitar entorpecer la búsqueda de la verdad. Al respecto, sirve de apoyo el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis al rubro: ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL REPECTO. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la averiguación previa o carpeta de investigación el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, para ejercer en su caso acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Por ello, debe considerarse a la averiguación o carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación contra el quejoso, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción V, de la Ley de amparo. Ello, porque se encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En otro orden, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda, y como autorizados solamente para los mismos efectos a las personas que menciona en su escrito inicial, pues omitió otorgarles las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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