Rolando Pérez Pérez

Expediente 797/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
797/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Rolando Pérez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por el quejoso Rolando Pérez Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, devuélvase al juzgado responsable el original del expediente civil 126/2013; copia certificada del incidente de cuantificación de pensión alimenticia, y copia certificada del incidente de nulidad de notificación y emplazamiento, que remitió como apoyo a su informe justificado, los que se manejaron por cuerda separada. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 91/2021-2 orden 117/2021, que se envió a fin de emplazar a los presentes autos, a la tercero interesada Karina Pérez Sarabia; sin hacer mayor pronunciamiento, en razón de lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 2 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 797/2020-2 promovido por Rolando Pérez Pérez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. Dos cédulas de notificación personal de trece de julio y veinticuatro de agosto de dos mil veinte, que anexó la parte quejosa en su escrito de demanda; 2. Constancias que remitió la autoridad responsable, consistente en: Original del expediente civil 126/2013; Copia certificada del incidente de cuantificación de pensión alimenticia; y, Copia certificada del incidente de nulidad de notificación y emplazamiento. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 797/2020-2, promovido por Rolando Pérez Pérez, contra actos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito judicial de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 4°, 5°, 8°, 14, 16, 17, 103 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veinte (fojas 1 a 8), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, Rolando Pérez Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución de dieciocho de agosto de dos mil veinte, que desecha el incidente de nulidad de notificación y emplazamiento, derivado del juicio ordinario civil de reconocimiento de paternidad 126/2013. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito judicial de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco. 2 Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito judicial de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte (fojas 11 a 15), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 797/2020-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se ordenó emplazar a la tercera interesada y dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mi veintiuno (fojas 35 y 36), se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La resolución de dieciocho de agosto de dos mil veinte, que desecha el incidente de nulidad de notificación y emplazamiento, derivado del juicio ordinario civil de reconocimiento de paternidad 126/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito judicial de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al haberlo reconocido las autoridades responsables al rendir informe justificado (fojas 21 y 24), lo que se corrobora con las constancias que remitió el Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito judicial de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, consistentes en: Original del expediente civil 126/2013. Copia certificada del incidente de ejecución de sentencia. Copia certificada del incidente de nulidad de notificación y emplazamiento. Ello, porque de las mismas se desprende que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, desechó el incidente de nulidad de notificación y emplazamiento. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, lo cual debe hacerse previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Sobre el particular, tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, el suscrito advierte que en el presente caso se actualiza una causa de improcedencia, en términos de los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción IV de la Ley de Amparo. Efectivamente, el primero de los numerales citados prevé en la fracción XXIII: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el ordinal 107 dispone en la fracción IV: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior...". Sobre el particular, el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye lo siguiente en su fracción III: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 343/2018, el Máximo Tribunal del país sostuvo que, los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, "son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural". Por ello, estableció que esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio, refirió que "los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo". Lo anterior, por considerar que están relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: El que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o, Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, El archivo del expediente. En el caso, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las precitadas hipótesis. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que: Por escrito presentado el siete de junio de dos mil trece, Karina Pérez Sarabia promovió juicio de reconocimiento de paternidad, en contra de Rolando Pérez Pérez, mismo que fue registrado con el expediente 126/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Octavo Distrito judicial de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco (fojas 1 a 6 del aludido expediente). Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil catorce, Rolando Pérez Pérez dio contestación a la demanda, en el que señaló como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en carretera Cinco Presidentes número 13, colonia de Pemex, Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco (fojas 29 a 39 del expediente de origen). El veintidós de junio de dos mil quince (fojas 157 a 168 del juicio natural), se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a Rolando Pérez Pérez, al reconocimiento de la paternidad de la menor de identidad reservada, de iniciales M.M.P.S., ante el Oficial del Registro Civil 02 de Villa La Venta, de Huimanguillo, Tabasco, así como al pago de la pensión alimenticia, conforme a los siguientes puntos resolutivos: Inconforme con la anterior determinación, el demandado en cuestión interpuso recurso de apelación registrado con el toca 840/2015-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que en sentencia de tres de junio de dos mil dieciséis (fojas 232 a 276 del expediente de origen), modificó la resolución impugnada en los siguientes términos: En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el juzgador de primera instancia determinó que la sentencia había adquirido categoría de cosa juzgada y ordenó el archivo del expediente (foja 282 del juicio natural). Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, Karina Pérez Sarabia promovió incidente de ejecución de sentencia (fojas 1 a 8 del cuadernillo relativo). En proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable ordenó correr traslado con el referido escrito a Rolando Pérez Pérez, en el domicilio ubicado en la calle Naranjo sin número. Colonia Cuatro Caminos, Agua Dulce, Veracruz, librando para ese efecto el exhorto correspondiente (foja 61 del cuadernillo relativo). El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la notificación del precitado auto en el aludido domicilio (foja 71 del cuadernillo relativo). El veintiséis de febrero de dos mil veinte (fojas 244 a 247 del cuadernillo relativo), se dictó sentencia interlocutoria en la que se condenó a Rolando Pérez Pérez, al pago de la suma de $703,156.60 (setecientos tres mil ciento cincuenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), así como a darla de alta en el servicio médico correspondiente. El dieciséis de junio de dos mil veinte, fue notificado el ahora quejoso de la precitada resolución incidental (fojas 260 a 263 del cuadernillo relativo). Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veinte, Rolando Pérez Pérez solicitó ante la autoridad responsable solicitó la expedición de copias simples de todo lo actuado en el juicio de origen, lo cual acordó favorable en proveído de diecinueve siguiente (fojas 264 y 265 del cuadernillo relativo). Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veinte, el ahora quejoso promovió incidente de nulidad en relación con la diligencia de notificación y emplazamiento de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, practicada en el incidente de cuantificación de pensión alimenticia (fojas 1 a 8 del cuadernillo relativo). En proveído de seis de julio de dos mil veinte, se ordenó correr traslado con el aludido escrito a la contraparte (foja 23 del cuadernillo relativo). En auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte (fojas 278 y 279 del cuadernillo relativo), la autoridad responsable determinó desechar el incidente precitado, con base en las siguientes consideraciones: En ese contexto, se puede establecer que el auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, por el que la autoridad responsable determinó desechar el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el ahora quejoso, no encuadra en los supuestos de procedencia previstos en el segundó párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de una determinación que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, el archivo del expediente. Ello, porque el acto reclamado carece de autonomía, al estar directamente relacionado con la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural, pues deriva del incidente de cuantificación de pensión alimenticia que promovió la parte actora para lograr el cumplimiento de la misma. Por tanto, conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no puede ser impugnado de forma autónoma, sino como violación procesal de la fase de ejecución, una vez que ésta concluya, en cuya demanda se podrán reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, sirve de apoyo la tesis emitida VII.2o.C.23 K, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1947, con número de registro 175683, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V, en relación con los diversos 61 fracción XXIII y 107 fracción IV, todos de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente asunto. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No pasa inadvertido que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo, se encontraba pendiente el emplazamiento de la tercera interesada Karina Pérez Sarabia; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no les depara agravio alguno, tomando en cuenta el sentido de la misma. Por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Rolando Pérez Pérez, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Rolando Pérez Pérez, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veintitrés de abril del año actual, proporciona el domicilio donde puede ser notificada la tercero interesada Karina Pérez Sarabia, esto es, el ubicado en la carretera principal número 13, Ejido La Ceiba, Primera Sección del Municipio de Huimanguillo, Tabasco. Por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco, en turno, a fin de que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores de este Juzgado, se sirva emplazar a este juicio de amparo a la tercero interesada a que se alude, en el domicilio precitado; haciéndole entrega de una copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como del presente acuerdo; de igual manera, le haga saber que en caso de que lo estime conveniente se apersone al presente juicio a defender sus derechos, asimismo deberá requerirla para que en la propia diligencia o bien dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, con apercibimiento que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista de acuerdos, en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, así también, le haga de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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