Rolando Omar Pimentel López

Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
247/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Rolando Omar Pimentel López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído dictado en este juicio el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del incidente. Ahora bien, toda vez que en el incidente de suspensión fue negada la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; en consecuencia, glósese el cuaderno de dicho incidente, mismo que también es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre en dicho incidente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito

  2. Incidental

    Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, en contra de las autoridades referidas en el considerando segundo por los motivos citados en el diverso tercero de esta resolución. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente de Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  3. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe previo rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en relación con los informes de ley requeridos tanto a dicha autoridad como a la diversa denominada Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Municipio de Matehuala. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que sí son ciertos los actos que se le reclaman a las referidas autoridades. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese por medio de lista.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en relación a los informes justificados requeridos tanto a dicha autoridad como a la diversa denominada Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Municipio de Matehuala. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que sí es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable y sus anexos, se advierte que con relación a los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61 y 77, fracción I de la Ley de Amparo. A manera de preámbulo, deviene necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Con el carácter de autoridades ordenadoras reclama del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Secretario General de Gobierno y Secretario del Trabajo y Previsión Social, el Acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, publicado el treinta y uno del mismo mes y año en el Periódico Oficial Plan de San Luis, a través del cual: - Extingue las Juntas Especiales número Uno, Dos y Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde, teniendo como último día de actividades el treinta y uno de marzo y veintiocho de febrero del año en curso, respectivamente. - Extingue las Juntas Especiales número Uno, Dos y Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde, teniendo como último día de actividades el treinta y uno de marzo y veintiocho de febrero del año en curso, respectivamente. - Se ordena que los asuntos que se encuentren en trámite ante dichas Juntas Especiales, inclusive en los que se haya pronunciado laudo o en los que se haya promovido juicio de amparo en contra de aquellas, serán tramitados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2. Con el carácter de autoridades ejecutoras reclama de los Presidentes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con residencia en los municipios de Matehuala y San Luis Potosí, en esta entidad federativa, el cumplimiento al Acuerdo citado a través de órdenes realizadas mediante circulares, oficios o acuerdos (verbales o escritos) en los que se hubiese determinado la conclusión de funciones o cierre de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Pues bien, una vez precisados los actos reclamados en el presente asunto, se reitera que del informe justificado de cuenta se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." Conforme al numeral transcrito es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por todo lo expuesto y toda vez que mediante el Acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, publicado el treinta y uno del mismo mes y año en el Periódico Oficial Plan de San Luis, en lo que aquí interesa, se extinguió la Junta Especial número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, teniendo como último día de actividades el veintiocho de febrero del año en curso, ordenando que los asuntos que se encuentren en trámite ante dicha Junta Especial, inclusive en los que se haya pronunciado laudo o en los que se haya promovido juicio de amparo en contra de aquella, serán tramitados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo. Pues deviene inconcuso que al haber tenido como último día de actividades dicha junta Laboral el día veintiocho de febrero del año en curso, las consecuencias del acuerdo reclamado se han consumado de manera irreparable. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el doce de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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