Rolando Monsiváis Treviño
Expediente 628/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2017
Partes del expediente
- Rolando Monsiváis Treviño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II.- El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; por tanto, mediante oficio respectivo, devuélvase al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado (foja 28) para los efectos legales procedentes, solicitando el acuse de recibo respectivo. Con el apercibimiento que en caso de no remitirlo dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se le aplicará una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos Transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 259, en relación con los diversos 237, fracción I y 238, todos de la Ley de Amparo.
- Principal
se tiene por recibida la diligencia de notificación practicada el dieciocho de mayo del año en curso, por el Actuario de la adscripción, de la cual se advierte que el quejoso Rolando Monsiváis Treviño, manifestó lo siguiente: "ME DESISTO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Y SEÑALO LAS LISTAS PARA PÍR Y RESIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZO A GEORGINA VALDES NAVA PARA TAL EFECTO." En consecuencia, dado que el quejoso manifestó expresamente su deseo de desistirse del presente asunto, lo cual realizó ante un funcionario investido de fe pública, por ende, es de concluirse claramente que no existe interés legal alguno por parte del agraviado en la prosecución del presente asunto; por tanto, con fundamento en la fracción l, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del asunto en que se actúa, por desistimiento expreso del peticionario de amparo. Por otro lado, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 12 y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional por así haberlo señalado el quejoso expresamente, y como autorizada para tales efectos a la persona que refiere en la diligencia de cuenta. Finalmente, no obstante que el presente auto de sobreseimiento debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso f), de la ley de la materia, lo cierto es que el impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
- Principal
UN ACUERDO (NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO)
- Principal
Toluca, Estado de México; once de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo y veinte de abril de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad señalada como responsable Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, a efecto que remitiera copia autorizada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto tildado de inconstitucionalidad en esta instancia, respecto a la ampliación de la demanda de amparo. En mérito a lo expuesto, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo que es obligación de este órgano constitucional impartir justicia en forma pronta, completa e imparcial y, de igual manera preservar que los juicios de amparo no se paralicen, y tomando en consideración que este juzgador cuenta con facultades para recabar las pruebas que estime necesarias para la resolución de los asuntos que se le planteen, atento a lo dispuesto por los artículos 75 tercero párrafo y 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable, por única ocasión, a efecto de que en el plazo de tres días, remita copia certificada y legible la totalidad de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto tildado de inconstitucionalidad en esta instancia, respecto a la ampliación de demanda. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ocho, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de mil novecientos noventa y siete, con número de registro 199454, que establece: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Medida que se toma en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 75 y 117 de la ley de la materia, para un mejor análisis de la cuestión debatida en el presente juicio, este órgano jurisdiccional estima necesario tener a la vista las documentales de referencia. Es aplicable la tesis XIX.1°.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 701, del Tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 201495, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO. ARTICULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA. LA OBLIGACIÓN DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE SE CUMPLE CABALMENTE SOLICITÁNDOLAS POR CONDUCTO DE LAS RESPONSABLES O DEL QUEJOSO PUES LA LEY DE AMPARO NO IMPONE EN ESTE ASPECTO LIMITACIÓN ALGUNA A LOS JUECES DE DISTRITO. Una recta interpretación del artículo 149, párrafos segundo y tercero, en relación con el 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, permite establecer que cuando el acto impugnado ante la potestad federal no es en sí mismo violatorio de garantías y la responsable al rendir su informe lo hace sin remitir las copias certificadas correspondientes, el Juez de Distrito tiene el deber de recabar oficiosamente todas aquellas pruebas que estime necesarias para la solución del asunto siempre y cuando hubieren sido rendidas ante la responsable y no obren en autos y para cumplir con tal deber la ley no le impone limitación o restricción alguna, por lo que puede obtenerlas bien sea por conducto de las responsables o del quejoso; máxime si se considera que en casos como el presente corresponde a este último demostrar la ilegalidad del acto y que de acuerdo con el artículo 152 de la Ley en consulta, puede solicitar a las responsables la expedición de las copias certificadas correspondientes por lo que fue correcto y ajustado a derecho el requerimiento que en tal sentido se le hizo." Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en auto de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Asimismo, mediante auto de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, este órgano de control constitucional remitió los autos originales del presente juicio de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual, al día de hoy no ha informado si acepta o no del conocimiento del asunto. En consecuencia, a fin de no violar las reglas fundamentales que rigen en el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se señalan las once horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Reyna Robles Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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