Rolando Martínez Gonzalez

Expediente 1221/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1221/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Rolando Martínez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito aclaratorio de cuenta, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención hecha por esta autoridad federal en proveído de diez de diciembre del año en curso. Competencia. Ahora, se procede a verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En ese tenor, de la lectura íntegra del escrito de demanda, asimismo, del escrito donde bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifiesta, tener su adscripción como Policía Estatal en la ciudad de Ensenada, Baja California, esta autoridad concluye que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de jurisdicción territorial. A fin de sustentar esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, en tratándose de leyes o normas generales que se reclaman por su propia entrada en vigor (autoaplicativas), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, si bien es cierto que las leyes autoaplicativas no requieren de un acto posterior de autoridad para que tengan obligatoriedad, también es cierto que posteriormente deberán tener un acto por el cual se cumplan, ya sea por voluntad propia o por mandato de la autoridad, y con base en ello, el Juez competente para conocer del amparo contra esas leyes, es el que se encuentre en donde deben ser acatadas; verbigracia, en el caso de normas fiscales, en el domicilio fiscal del contribuyente. Al respecto, resulta orientadora la jurisprudencia 2a./J. 146/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de dos mil tres, página 324, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos." Luego, considerando que al instar el juicio de control constitucional, lo hace como agente de la institución policial denominada Policía Estatal Preventiva. Por otro lado, del presente escrito mediante el cual da contestación a la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve, de la cual el quejoso hace manifestación bajo protesta de decir verdad, que presta su servicio como Policía Estatal en la ciudad de Ensenada, Baja California; por tanto, es factible concluir, conforme los datos objetivos que se desprenden del relatado escrito, que el domicilio del peticionario se ubica en la municipalidad antes indicada, lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo multicitada, habida cuenta que si el aspecto por el que se combaten normas que versan sobre la desaparición de la Policía Estatal Preventiva, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, es inconcuso que al reclamar la Ley de mérito, como autoaplicativa tendrá verificativo o habrá de aplicarse en el lugar donde radica el peticionario en Ensenada, Baja California, conforme se constata a través del documento que anexó. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989, Octava Época, página 75 (registro 820159), que establece: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Criterio jurisprudencial que si bien parte del análisis al artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables por cuanto el contenido del actual numeral 37 de la ley de referencia vigente, es similar. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Sexto de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por *******, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito en turno, en Ensenada, Baja California. Consecuentemente, remítase al indicado órgano la demanda referida junto con sus copias y anexos, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme; solicítese respetuosamente para que dentro del plazo previsto en el citado artículo 48 de la ley de la materia, envíe el acuse de recibo correspondiente y comunique su determinación.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Del estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, dado que no ha ido posible notificar a las autoridades señaladas como responsables Juzgado Quincuagésimo de lo Civil, Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil y Juzgado Sextuagésimo de lo Civil, todos con sede en la Ciudad de México, aunado a que mediante proveído de diez de diciembre del año en curso, se reenvió el diverso oficio *****, vía estafeta (fojas 697 y 707 de autos), al Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México, a fin de que dentro del término de tres días, informara el domicilio de los citados órganos jurisdiccionales, o bien, informe lo relativo al estado de dichos juzgados, sin que a la fecha haya emitido información alguna al respecto, dado que la última autoridad referida no ha recibido la estafeta correspondiente. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con cuarenta minutos del veinte de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ********* EL SIGUIENTE AUTO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a diez de diciembre de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, así como anexos que acompaña, y en atención a su contenido, acuérdese lo siguiente: Vías de cumplimiento. Téngase a la autoridad responsable informando los actos que desplegó en vía de cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo. Vista. Ahora, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexos de referencia; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar.

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