Rolando Manuel Olascoaga Borja

Expediente 930/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
930/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Rolando Manuel Olascoaga Borja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, Rolando Manuel Olascoaga Borja, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridad responsableActo reclamadoJueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Distrito Único en Materia Penal, Integrantes del juicio oral número JOJ/020/2022, licenciada Teresa Soto Martínez, con la calidad de Jueza Presidente, licenciado Javier Fernando Romero Ulloa, con la calidad de Juez Relator y la licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado, con la calidad de Jueza Integrante. La imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva, impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número JOJ/020/2022 Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos. El cumplimiento de la imposición de prisión preventiva impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 930/2022, y se previno la demanda. Una vez subsanada, por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables rindieran su informe con justificación, se dio la intervención al representante social federal de la adscripción, quien se abstuvo de formular pedimento, se recibió el informe con justificación rendido por las responsables. Mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós se reconoció el carácter de terceros interesados a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y al Agente del Ministerio Público que tiene a su cargo la causa penal JOJ/020/2022 del índice de la responsable; se ordenó su emplazamiento al primero de ellos por oficio y al segundo por conducto de la autoridad responsable; los cuales tuvieron verificativo los días veintiocho de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, acorde a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisarlo en forma clara y precisa, para lo que debe efectuarse un análisis de la demanda como un todo, como lo señala la jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. De acuerdo con lo anterior, de la lectura de los apartados relativos al acto reclamado y conceptos de violación de la demanda, se advierte que lo que el quejoso reclama de las autoridades responsables es: De los Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Distrito Único en Materia Penal, Integrantes del juicio oral número JOJ/020/2022, licenciada Teresa Soto Martínez, con la calidad de Jueza Presidente, licenciado Javier Fernando Romero Ulloa, con la calidad de Juez Relator y la licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado, con la calidad de Jueza Integrante: La imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva, impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número JOJ/020/2022. Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos: El cumplimiento de la imposición de prisión preventiva impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós. TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo fue promovida respetando el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el enjuiciado fue notificado el mismo día que se dictó el acto reclamado, esto es, el catorce de julio de dos mil veintidós, y la demanda se presentó el quince de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que el plazo de quince días comenzó el dieciocho de julio de dos mil veintidós, y concluyó el cinco de agosto de dos mil veintidós, con exclusión de los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio de dos mil veintidós. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a los Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Distrito Único en Materia Penal, Integrantes del Integrantes del juicio oral número JOJ/020/2022, licenciada Teresa Soto Martínez, con la calidad de Jueza Presidente, licenciado Javier Fernando Romero Ulloa, con la calidad de Juez Relator y la licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado, con la calidad de Jueza Integrante, por así advertirse de las constancias remitidas y por haberlo manifestado al rendir su informe justificado, en el sentido de que dictaron la resolución reclamada. Para acreditar la constitucionalidad de su acto, la autoridad ordenadora remitió copia certificadas de diversas constancias del juicio oral número JOJ/020/2022 y dos discos compactos; documentales a las que se otorga el carácter de públicas, en términos de lo establecido en el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que su formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario revestido de fe pública, así como al expedido por autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, por los que se les concede eficacia demostrativa plena, atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." También es cierto el acto reclamado a la Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales De lo que se concluye que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199808: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio compuesto por diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; se presenta cuando habiéndose cumplimentado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Para una mejor comprensión en el asunto, resulta oportuno precisar lo siguiente: I. Marco normativo y generalidades de las medidas cautelares en el sistema procesal acusatorio. El artículo 153, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Esas medidas están dirigidas a garantizar el éxito del proceso y el cumplimiento efectivo de la sentencia. Su existencia se justifica en el hecho de que las actuaciones procesales necesarias para la investigación del hecho delictivo y su presunto autor requieren de un período de tiempo más o menos dilatado en función de la propia complejidad del caso, durante el cual, existe el riesgo de que el imputado pueda ocultarse de la justicia o frustrar los efectos de la sentencia que pueda llegar a dictarse. Como consecuencia de ello, en muchas ocasiones, es conveniente adoptar, a lo largo del proceso, distintas medidas cautelares en relación con la persona del imputado para garantizar su presencia y disponibilidad, tanto durante la investigación, como una vez que la sentencia haya sido dictada por el órgano competente; así como para evitar la destrucción de pruebas. Más concretamente, entre estos riesgos que se tratan de evitar con las medidas cautelares personales, destacan la sustracción del imputado a la acción de la justicia, ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba u obstaculización por otros medios de la ejecución de la sentencia firme. La principal clasificación de las medidas cautelares distingue entre medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. En lo que respecta a las primeras, son aquellas resoluciones que tienden a limitar la libertad de movimientos del sujeto pasivo del proceso, con la finalidad de asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia que en su día se pronuncie; entre ellas, se incluye la detención del presunto autor del hecho delictivo o su prisión provisional. Por su parte, las medidas cautelares reales o patrimoniales tienen por objeto limitar la libertad de disposición sobre el patrimonio del presunto autor del hecho delictivo con la finalidad de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en la sentencia. Como ya se apuntó, las medidas cautelares personales son aquellas que tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado en todas las fases del proceso, especialmente, en la celebración del juicio, así como en la ejecución de las eventuales penas impuestas. Las características generales de las medidas cautelares personales son las siguientes: Jurisdiccionalidad. Con carácter general, las medidas cautelares han de ser adoptadas por un órgano dotado de jurisdicción, ya que es una manifestación más de la función jurisdiccional. Instrumentalidad. Las medidas cautelares también se caracterizan por ser instrumentales en relación con un proceso penal principal del que tienen que garantizar su resultado. La finalización del proceso penal, ya sea por sentencia firme o por auto de sobreseimiento, conlleva necesariamente la extinción de la medida cautelar, la cual debe ser alzada o transformada en una medida ejecutiva. Provisionalidad y temporalidad. Como consecuencia de su carácter instrumental, las medidas cautelares son siempre provisionales. No teniendo, en ningún caso, vocación de permanencia. Excepcionalidad. Las medidas cautelares, pueden limitar derechos humanos. En el caso de que la medida sea restrictiva de libertad, sólo podrá ser adoptada excepcionalmente, y, cuando sea el único medio de alcanzar los fines que aquellas persiguen. De dichas características, se puede concluir que las medidas cautelares son el instrumento para garantizar la efectividad del proceso y su característica más importante es la temporalidad, ya que perviven hasta en tanto se decida el fondo del asunto o desaparezcan las condiciones que le dieron origen. En el mismo sentido, de acuerdo con el diverso numeral 161 del propio código, las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares pueden revisarse cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, a petición de las partes. En tanto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el seguimiento de las medidas cautelares impuestas subsiste hasta que cause estado la sentencia condenatoria. Entonces, puede concluirse que el lapso de prisión preventiva en el sistema penal acusatorio concluye hasta que la sentencia de primera instancia causa estado, momento en el que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como tal, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. II. Antecedentes del acto reclamado Del análisis integral realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: El catorce de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de alegatos de clausura y fallo, presidida por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Jojutla, Morelos, en el juicio oral JOJ/020/2022, en la que, por unanimidad de votos, se procedió a dictar fallo condenatorio en contra del aquí quejoso Rolando Manuel Olascoaga Borja, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público; una vez que se dio a conocer el fallo condenatorio, en uso de la voz la representante social solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que variaron las condiciones en la causa penal JOJ/020/2022 como consecuencia del dicado de dicho fallo condenatorio, hasta que quedara firme la resolución emitida, para evitar la posible sustracción de la acción de la justicia. Ante dicha petición, por mayoría de votos, con un voto disidente, se le impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, ordenando de inmediato su internamiento, pues el Juez relator señaló: "Evidentemente han variado las condiciones, aun y cuando en una etapa previa, se concedió medidas cautelares distintas o una simple promesa de presentación, al momento de que se emite un fallo ya varían claramente las condiciones, hay un riesgo, por supuesto, a que se sustraiga de la acción de la justicia, incluso para la audiencia que viene, si ya no se comparece, se suspende el procedimiento, generando con ello impunidad, la única manera que consideramos la mayoría de los miembros integrantes de este Tribunal, es una medida cautelar, que a saber, son tres las finalidades de la medida cautelar, garantizar la seguridad de la víctima, evitar la obstaculización del procedimiento, que no es el caso, sin embargo, la tercera es evitar la posible sustracción de la acción de la justicia. Desde que hay un fallo condenatorio, se vence el principio de presunción de inocencia y es claro que puede sustraerse en las siguientes etapas, individualización de la sanción o explicación de la sentencia, aun y cuando esta subjudice a una resolución, ya hay una sentencia por un Tribunal primario, consideramos que está vencido más allá de toda duda razonable, su plena responsabilidad penal, en segunda instancia no es necesaria la presencia y en amparo de igual manera, se dejan a salvo sus derechos para ejercer el derecho a la defensa, sin embargo, de no serle favorable, eh, los medios de impugnación que todavía tiene a su alcance, la ley establece, que se interne voluntariamente, lo que consideramos que está elevado el riesgo y esto por cuanto a que por ambas conductas, no es una, son dos, no pudiera haber un sustitutivo penal, en el caso en particular, en el caso en particular, a consideración de este Tribunal, por mayoría consideramos que está fundada la petición del agente del ministerio público, por tanto usted permanecerá, a partir de este momento se le impone como medida cautelar la prisión preventiva, motivo por el cual, se ordena en este momento al encargado de seguridad, no puede retirarse, nada más para ver qué es lo que se van a llevar, por si está algún familiar para que le entregue sus cuestiones personales y a partir de este momento se le impone esta medida cautelar de prisión preventiva, incluso, por la conducta asumida ante este Tribunal y lo digo en otras causas, ya no tiene parte de la responsabilidad, nada más para aclararle a usted, no ha venido o no ha cumplido con su obligación de venir como testigo en otras causas, lo que ha generado impunidad, entonces, esa actitud es la que se está tomando en consideración, no obstante, para el fallo, una vez nada más por el fallo, hay riesgo de sustracción que se impone la medida cautelar, por la posible sustracción. Está legalmente notificado en términos de lo establecido en el artículo 63, las partes intervinientes para los efectos legales que consideren pertinentes." (Minutos 1:00: 20 a 1:03:00 de la audiencia de catorce de julio). El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, en la que se tuvo por acreditada la responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público, imponiéndole como pena privativa de libertad once años de prisión, también multa, reparación del daño, suspensión de derechos y amonestación y apercibimiento de reincidencia. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación contra esa sentencia. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado tuvo por presentado ese recurso y corrió traslado a las partes. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, los Magistrados integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 125/2022-13-OP, derivado del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Rolando Manuel Olascoaga Borja, resolvieron: "PRIMERO. - Por las razones vertidas en la presente resolución, se MODIFICA la sentencia condenatoria de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por las personas Juzgadoras integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único en el sistema penal acusatorio con sede en Jojutla, Morelos, en la causa penal JOJ/020/2022, únicamente en los puntos resolutivos SEGUNDO y TERCERO para quedar de la siguiente manera: '.SEGUNDO. - ROLANDO MANUEL ALASCOAGA BORJA de generales anotadas al inicio de esta resolución, ES PENALMENTE RESPONSABLE, por su conducta cometida en el delito de EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO, por lo tanto se considera justo y equitativo imponer al sentenciado una pena privativa de libertad de TRES AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del referido antijuridico, sanción que deberá compurgar en el lugar que para tal efecto designe el Juez de Ejecución, con deducción del tiempo privado de su libertad, que en el presente caso, ocurrió a partir de la fecha de su detención material, que ocurriera el catorce de julio de dos mil veintidós, es decir han transcurrido CUATRO MESES Y OCHO DÍAS (.) QUINTO. - En términos del artículo 73 del Código Penal Vigente para el Estado de Morelos, el sentenciado alcanza el derecho a obtener una sustitución de la sanción privativa de libertad, por lo que se deja expedito su derecho para hacer la petición de forma directa ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con sus intereses y derechos" En el caso, la parte quejosa reclamó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en su contra el catorce de julio de dos mil veintitrés, por el delito ejercicio ilícito del servicio público. No obstante, de las documentales remitidas por las autoridades responsables con posterioridad a que rindieran el informe justificado, se advierte que, en audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia condenatoria. La cual fue modificada por el tribunal de alzada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación quedó firme. En tales condiciones, el acto que en la especie se atribuye a las autoridades responsables, quedó irreparablemente consumado, al no poder decidirse con relación a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta contra el aquí quejoso, sin afectar la nueva situación jurídica que impera en la causa penal al haber quedado firme la sentencia definitiva a raíz de la resolución emitida en el recurso de apelación interpuesto por el propio quejoso, tal como lo precisa el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 180. Continuación de la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria recurrida. Cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria, continuará el seguimiento de las medidas cautelares impuestas hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de conformidad con las reglas de este Código." Esto es, al quedar firme la aludida sentencia, el quejoso ahora quedó sujeto a la pena de prisión ahí impuesta, pues la medida reclamada continúa únicamente hasta en tanto causa ejecutoria la sentencia relativa, lo cual ya ocurrió en la causa penal de donde deriva el acto reclamado. En consecuencia, por virtud del cambio de situación jurídica, la prisión preventiva que el quejoso reclamó quedó sustituida procesalmente por la prisión punitiva impuesta en la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento penal, la cual causó estado al dictarse la resolución de segunda instancia, lo cual rige en la totalidad la actual situación jurídica de la parte quejosa. Por tanto, es inconcuso que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Esto es, los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso se cancelaron jurídicamente, al incidir en su vigencia y ejecutividad por la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria. En ese sentido, atendiendo a las características de la prisión preventiva impuesta como medida cautelar, esta obedeció a su propia finalidad, que fue asegurar la presencia de la parte aquí quejosa por riesgo de sustracción, así como asegurar la efectividad de la sentencia condenatoria, que en el caso se dictó y causó estado. Por lo que, la medida cautelar impuesta con respecto al proceso principal, sólo podía mantenerse mientras el proceso estuviera pendiente; sin embargo, en el caso, concluyó con la emisión de la sentencia condenatoria, que se reitera, causó estado al resolverse el recurso de apelación interpuesto en su contra. En consecuencia, la finalización del proceso penal conlleva necesariamente la extinción de la medida cautelar, la cual se transformó en una medida ejecutiva. Esto es, la pena de prisión punitiva impuesta al quejoso hizo que los efectos de la prisión preventiva se cancelaran jurídicamente, al incidir en su vigencia y ejecutividad. Resulta ilustrativa la tesis II.2o.P.44 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro digital 2013315 de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. En mérito de lo anterior, queda manifiesta la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos, en virtud de que ese acto no se impugna por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rolando Manuel Olascoaga Borja, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito; por oficio a los terceros interesados Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y al Agente del Ministerio Público que tiene a su cargo la causa penal OJ/20/2022, por conducto de la autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Jojutla, Morelos. Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy ocho de mayo de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte la parte quejosa, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, Rolando Manuel Olascoaga Borja, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridad responsableActo reclamadoJueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Distrito Único en Materia Penal, Integrantes del juicio oral número JOJ/020/2022, licenciada Teresa Soto Martínez, con la calidad de Jueza Presidente, licenciado Javier Fernando Romero Ulloa, con la calidad de Juez Relator y la licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado, con la calidad de Jueza Integrante. La imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva, impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número JOJ/020/2022 Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos. El cumplimiento de la imposición de prisión preventiva impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 930/2022, y se previno la demanda. Una vez subsanada, por auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables rindieran su informe con justificación, se dio la intervención al representante social federal de la adscripción, quien se abstuvo de formular pedimento, se recibió el informe con justificación rendido por las responsables. Mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós se reconoció el carácter de terceros interesados a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y al Agente del Ministerio Público que tiene a su cargo la causa penal JOJ/020/2022 del índice de la responsable; se ordenó su emplazamiento al primero de ellos por oficio y al segundo por conducto de la autoridad responsable; los cuales tuvieron verificativo los días veintiocho de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, acorde a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisarlo en forma clara y precisa, para lo que debe efectuarse un análisis de la demanda como un todo, como lo señala la jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. De acuerdo con lo anterior, de la lectura de los apartados relativos al acto reclamado y conceptos de violación de la demanda, se advierte que lo que el quejoso reclama de las autoridades responsables es: De los Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Distrito Único en Materia Penal, Integrantes del juicio oral número JOJ/020/2022, licenciada Teresa Soto Martínez, con la calidad de Jueza Presidente, licenciado Javier Fernando Romero Ulloa, con la calidad de Juez Relator y la licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado, con la calidad de Jueza Integrante: La imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva, impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número JOJ/020/2022. Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos: El cumplimiento de la imposición de prisión preventiva impuesta en fecha catorce de julio de dos mil veintidós. TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo fue promovida respetando el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el enjuiciado fue notificado el mismo día que se dictó el acto reclamado, esto es, el catorce de julio de dos mil veintidós, y la demanda se presentó el quince de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que el plazo de quince días comenzó el dieciocho de julio de dos mil veintidós, y concluyó el cinco de agosto de dos mil veintidós, con exclusión de los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio de dos mil veintidós. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a los Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Distrito Único en Materia Penal, Integrantes del Integrantes del juicio oral número JOJ/020/2022, licenciada Teresa Soto Martínez, con la calidad de Jueza Presidente, licenciado Javier Fernando Romero Ulloa, con la calidad de Juez Relator y la licenciada Gloria Angélica Jaimes Salgado, con la calidad de Jueza Integrante, por así advertirse de las constancias remitidas y por haberlo manifestado al rendir su informe justificado, en el sentido de que dictaron la resolución reclamada. Para acreditar la constitucionalidad de su acto, la autoridad ordenadora remitió copia certificadas de diversas constancias del juicio oral número JOJ/020/2022 y dos discos compactos; documentales a las que se otorga el carácter de públicas, en términos de lo establecido en el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que su formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario revestido de fe pública, así como al expedido por autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, por los que se les concede eficacia demostrativa plena, atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." También es cierto el acto reclamado a la Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales De lo que se concluye que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199808: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio compuesto por diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; se presenta cuando habiéndose cumplimentado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Para una mejor comprensión en el asunto, resulta oportuno precisar lo siguiente: I. Marco normativo y generalidades de las medidas cautelares en el sistema procesal acusatorio. El artículo 153, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Esas medidas están dirigidas a garantizar el éxito del proceso y el cumplimiento efectivo de la sentencia. Su existencia se justifica en el hecho de que las actuaciones procesales necesarias para la investigación del hecho delictivo y su presunto autor requieren de un período de tiempo más o menos dilatado en función de la propia complejidad del caso, durante el cual, existe el riesgo de que el imputado pueda ocultarse de la justicia o frustrar los efectos de la sentencia que pueda llegar a dictarse. Como consecuencia de ello, en muchas ocasiones, es conveniente adoptar, a lo largo del proceso, distintas medidas cautelares en relación con la persona del imputado para garantizar su presencia y disponibilidad, tanto durante la investigación, como una vez que la sentencia haya sido dictada por el órgano competente; así como para evitar la destrucción de pruebas. Más concretamente, entre estos riesgos que se tratan de evitar con las medidas cautelares personales, destacan la sustracción del imputado a la acción de la justicia, ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba u obstaculización por otros medios de la ejecución de la sentencia firme. La principal clasificación de las medidas cautelares distingue entre medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. En lo que respecta a las primeras, son aquellas resoluciones que tienden a limitar la libertad de movimientos del sujeto pasivo del proceso, con la finalidad de asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia que en su día se pronuncie; entre ellas, se incluye la detención del presunto autor del hecho delictivo o su prisión provisional. Por su parte, las medidas cautelares reales o patrimoniales tienen por objeto limitar la libertad de disposición sobre el patrimonio del presunto autor del hecho delictivo con la finalidad de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en la sentencia. Como ya se apuntó, las medidas cautelares personales son aquellas que tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado en todas las fases del proceso, especialmente, en la celebración del juicio, así como en la ejecución de las eventuales penas impuestas. Las características generales de las medidas cautelares personales son las siguientes: Jurisdiccionalidad. Con carácter general, las medidas cautelares han de ser adoptadas por un órgano dotado de jurisdicción, ya que es una manifestación más de la función jurisdiccional. Instrumentalidad. Las medidas cautelares también se caracterizan por ser instrumentales en relación con un proceso penal principal del que tienen que garantizar su resultado. La finalización del proceso penal, ya sea por sentencia firme o por auto de sobreseimiento, conlleva necesariamente la extinción de la medida cautelar, la cual debe ser alzada o transformada en una medida ejecutiva. Provisionalidad y temporalidad. Como consecuencia de su carácter instrumental, las medidas cautelares son siempre provisionales. No teniendo, en ningún caso, vocación de permanencia. Excepcionalidad. Las medidas cautelares, pueden limitar derechos humanos. En el caso de que la medida sea restrictiva de libertad, sólo podrá ser adoptada excepcionalmente, y, cuando sea el único medio de alcanzar los fines que aquellas persiguen. De dichas características, se puede concluir que las medidas cautelares son el instrumento para garantizar la efectividad del proceso y su característica más importante es la temporalidad, ya que perviven hasta en tanto se decida el fondo del asunto o desaparezcan las condiciones que le dieron origen. En el mismo sentido, de acuerdo con el diverso numeral 161 del propio código, las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares pueden revisarse cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, a petición de las partes. En tanto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el seguimiento de las medidas cautelares impuestas subsiste hasta que cause estado la sentencia condenatoria. Entonces, puede concluirse que el lapso de prisión preventiva en el sistema penal acusatorio concluye hasta que la sentencia de primera instancia causa estado, momento en el que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como tal, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. II. Antecedentes del acto reclamado Del análisis integral realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: El catorce de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de alegatos de clausura y fallo, presidida por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Jojutla, Morelos, en el juicio oral JOJ/020/2022, en la que, por unanimidad de votos, se procedió a dictar fallo condenatorio en contra del aquí quejoso Rolando Manuel Olascoaga Borja, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público; una vez que se dio a conocer el fallo condenatorio, en uso de la voz la representante social solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar que variaron las condiciones en la causa penal JOJ/020/2022 como consecuencia del dicado de dicho fallo condenatorio, hasta que quedara firme la resolución emitida, para evitar la posible sustracción de la acción de la justicia. Ante dicha petición, por mayoría de votos, con un voto disidente, se le impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, ordenando de inmediato su internamiento, pues el Juez relator señaló: "Evidentemente han variado las condiciones, aun y cuando en una etapa previa, se concedió medidas cautelares distintas o una simple promesa de presentación, al momento de que se emite un fallo ya varían claramente las condiciones, hay un riesgo, por supuesto, a que se sustraiga de la acción de la justicia, incluso para la audiencia que viene, si ya no se comparece, se suspende el procedimiento, generando con ello impunidad, la única manera que consideramos la mayoría de los miembros integrantes de este Tribunal, es una medida cautelar, que a saber, son tres las finalidades de la medida cautelar, garantizar la seguridad de la víctima, evitar la obstaculización del procedimiento, que no es el caso, sin embargo, la tercera es evitar la posible sustracción de la acción de la justicia. Desde que hay un fallo condenatorio, se vence el principio de presunción de inocencia y es claro que puede sustraerse en las siguientes etapas, individualización de la sanción o explicación de la sentencia, aun y cuando esta subjudice a una resolución, ya hay una sentencia por un Tribunal primario, consideramos que está vencido más allá de toda duda razonable, su plena responsabilidad penal, en segunda instancia no es necesaria la presencia y en amparo de igual manera, se dejan a salvo sus derechos para ejercer el derecho a la defensa, sin embargo, de no serle favorable, eh, los medios de impugnación que todavía tiene a su alcance, la ley establece, que se interne voluntariamente, lo que consideramos que está elevado el riesgo y esto por cuanto a que por ambas conductas, no es una, son dos, no pudiera haber un sustitutivo penal, en el caso en particular, en el caso en particular, a consideración de este Tribunal, por mayoría consideramos que está fundada la petición del agente del ministerio público, por tanto usted permanecerá, a partir de este momento se le impone como medida cautelar la prisión preventiva, motivo por el cual, se ordena en este momento al encargado de seguridad, no puede retirarse, nada más para ver qué es lo que se van a llevar, por si está algún familiar para que le entregue sus cuestiones personales y a partir de este momento se le impone esta medida cautelar de prisión preventiva, incluso, por la conducta asumida ante este Tribunal y lo digo en otras causas, ya no tiene parte de la responsabilidad, nada más para aclararle a usted, no ha venido o no ha cumplido con su obligación de venir como testigo en otras causas, lo que ha generado impunidad, entonces, esa actitud es la que se está tomando en consideración, no obstante, para el fallo, una vez nada más por el fallo, hay riesgo de sustracción que se impone la medida cautelar, por la posible sustracción. Está legalmente notificado en términos de lo establecido en el artículo 63, las partes intervinientes para los efectos legales que consideren pertinentes." (Minutos 1:00: 20 a 1:03:00 de la audiencia de catorce de julio). El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, en la que se tuvo por acreditada la responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público, imponiéndole como pena privativa de libertad once años de prisión, también multa, reparación del daño, suspensión de derechos y amonestación y apercibimiento de reincidencia. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación contra esa sentencia. El veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado tuvo por presentado ese recurso y corrió traslado a las partes. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, los Magistrados integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca penal 125/2022-13-OP, derivado del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Rolando Manuel Olascoaga Borja, resolvieron: "PRIMERO. - Por las razones vertidas en la presente resolución, se MODIFICA la sentencia condenatoria de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada por las personas Juzgadoras integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único en el sistema penal acusatorio con sede en Jojutla, Morelos, en la causa penal JOJ/020/2022, únicamente en los puntos resolutivos SEGUNDO y TERCERO para quedar de la siguiente manera: '.SEGUNDO. - ROLANDO MANUEL ALASCOAGA BORJA de generales anotadas al inicio de esta resolución, ES PENALMENTE RESPONSABLE, por su conducta cometida en el delito de EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO, por lo tanto se considera justo y equitativo imponer al sentenciado una pena privativa de libertad de TRES AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del referido antijuridico, sanción que deberá compurgar en el lugar que para tal efecto designe el Juez de Ejecución, con deducción del tiempo privado de su libertad, que en el presente caso, ocurrió a partir de la fecha de su detención material, que ocurriera el catorce de julio de dos mil veintidós, es decir han transcurrido CUATRO MESES Y OCHO DÍAS (.) QUINTO. - En términos del artículo 73 del Código Penal Vigente para el Estado de Morelos, el sentenciado alcanza el derecho a obtener una sustitución de la sanción privativa de libertad, por lo que se deja expedito su derecho para hacer la petición de forma directa ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con sus intereses y derechos" En el caso, la parte quejosa reclamó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en su contra el catorce de julio de dos mil veintitrés, por el delito ejercicio ilícito del servicio público. No obstante, de las documentales remitidas por las autoridades responsables con posterioridad a que rindieran el informe justificado, se advierte que, en audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia condenatoria. La cual fue modificada por el tribunal de alzada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación quedó firme. En tales condiciones, el acto que en la especie se atribuye a las autoridades responsables, quedó irreparablemente consumado, al no poder decidirse con relación a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta contra el aquí quejoso, sin afectar la nueva situación jurídica que impera en la causa penal al haber quedado firme la sentencia definitiva a raíz de la resolución emitida en el recurso de apelación interpuesto por el propio quejoso, tal como lo precisa el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 180. Continuación de la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria recurrida. Cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria, continuará el seguimiento de las medidas cautelares impuestas hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de conformidad con las reglas de este Código." Esto es, al quedar firme la aludida sentencia, el quejoso ahora quedó sujeto a la pena de prisión ahí impuesta, pues la medida reclamada continúa únicamente hasta en tanto causa ejecutoria la sentencia relativa, lo cual ya ocurrió en la causa penal de donde deriva el acto reclamado. En consecuencia, por virtud del cambio de situación jurídica, la prisión preventiva que el quejoso reclamó quedó sustituida procesalmente por la prisión punitiva impuesta en la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento penal, la cual causó estado al dictarse la resolución de segunda instancia, lo cual rige en la totalidad la actual situación jurídica de la parte quejosa. Por tanto, es inconcuso que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Esto es, los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso se cancelaron jurídicamente, al incidir en su vigencia y ejecutividad por la pena de prisión decretada en la sentencia condenatoria. En ese sentido, atendiendo a las características de la prisión preventiva impuesta como medida cautelar, esta obedeció a su propia finalidad, que fue asegurar la presencia de la parte aquí quejosa por riesgo de sustracción, así como asegurar la efectividad de la sentencia condenatoria, que en el caso se dictó y causó estado. Por lo que, la medida cautelar impuesta con respecto al proceso principal, sólo podía mantenerse mientras el proceso estuviera pendiente; sin embargo, en el caso, concluyó con la emisión de la sentencia condenatoria, que se reitera, causó estado al resolverse el recurso de apelación interpuesto en su contra. En consecuencia, la finalización del proceso penal conlleva necesariamente la extinción de la medida cautelar, la cual se transformó en una medida ejecutiva. Esto es, la pena de prisión punitiva impuesta al quejoso hizo que los efectos de la prisión preventiva se cancelaran jurídicamente, al incidir en su vigencia y ejecutividad. Resulta ilustrativa la tesis II.2o.P.44 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro digital 2013315 de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. En mérito de lo anterior, queda manifiesta la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la Directora de la Cárcel Distrital Varonil de Jojutla, Morelos, en virtud de que ese acto no se impugna por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rolando Manuel Olascoaga Borja, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito; por oficio a los terceros interesados Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y al Agente del Ministerio Público que tiene a su cargo la causa penal OJ/20/2022, por conducto de la autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Jojutla, Morelos. Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy ocho de mayo de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Especializada adscrita al Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado con sede en Jojutla, Morelos; mediante el cual en cumplimiento al proveído de diecisiete de enero del año en curso, remite las constancias que le fueron requeridas; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Roberto Bravo Vargas, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que, si bien es cierto que la autoridad señalada como responsable rindió su informe con justificación, también lo es que la parte quejosa informa haber interpuesto recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada dentro del expediente ********************, al que recayó el toca penal ********************, y que a la fecha ya fue resuelto. En tales condiciones, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de todas las constancias que obran dentro del toca penal ********************, ello con el fin de resolver el presente asunto. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fija nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Do fe.

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