Rolando Lara Sánchez

Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
480/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Rolando Lara Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que dice: Atento a la certificación secretarial que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Rolando Lara Sánchez. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al quejoso Rolando Lara Sánchez, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de fecha dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones emitidas en el procedimiento de ejecución relativo; además ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión. [.] Lo que sí resulta procedente, es hacer extensiva la concesión del amparo respecto de los actos que reclaman de las autoridades ejecutoras, pues al ser inconstitucional el acto de la autoridad ordenadora, también lo es el de aquéllas que pretenden ejecutarlo, sólo por lo que respecta del quejoso Rolando Lara Sánchez. [.]". En proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez y 2. Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia y, 4. Oficial Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y Comercio, todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de trece de octubre de la anualidad en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4957 de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la 1. Jueza y 3. Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, informaron que en proveído de veintiocho de septiembre siguiente, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, promovido por Edith Simón Vidal de Reyes, en contra de Marco Antonio Lara Sánchez, en su carácter de arrendatario y Rolando Lara Sánchez, en su carácter de fiador sobre recisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ya que constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio del impetrante de Derechos Fundamentales. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez, en los términos ordenados en el auto de radicación de ocho de abril de dos mil diez, así como correr traslado con la copia simple el contrato de arrendamiento litigioso, exhibido como documento base de la acción, copias simples de diversos recibidos de rentas, de las diligencias de requerimiento de pago número 676/2010 y del contrato de servicios profesionales. Por otra parte, el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, con residencia en Veracruz, Veracruz, con oficio 5070 de once de octubre de dos mil veintidós, informó que llevó a cabo la cancelación de la inscripción 5355, volumen 268, sección I, de dos de junio de dos mil quince, relativa a la adjudicación judicial del inmueble en litigio a favor de la actora Edith Simón Vidal de Reyes, tal como se advierte de la anotación número 2, que a la letra dice: . En relatadas condiciones, toda vez que el efecto de la sentencia se circunscribe a restituir a la moral quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso, a que el Juez responsable deje insubsistente la actuación viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen. cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en proveído de veintiocho de septiembre de la anualidad en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ordenando reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno (fojas 75 a 81 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación secretarial que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Rolando Lara Sánchez. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al quejoso Rolando Lara Sánchez, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de fecha dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones emitidas en el procedimiento de ejecución relativo; además ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión. [.] Lo que sí resulta procedente, es hacer extensiva la concesión del amparo respecto de los actos que reclaman de las autoridades ejecutoras, pues al ser inconstitucional el acto de la autoridad ordenadora, también lo es el de aquéllas que pretenden ejecutarlo, sólo por lo que respecta del quejoso Rolando Lara Sánchez. [.]". En proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez y 2. Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia y, 4. Oficial Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y Comercio, todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de trece de octubre de la anualidad en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4957 de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la 1. Jueza y 3. Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, informaron que en proveído de veintiocho de septiembre siguiente, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, promovido por Edith Simón Vidal de Reyes, en contra de Marco Antonio Lara Sánchez, en su carácter de arrendatario y Rolando Lara Sánchez, en su carácter de fiador sobre recisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ya que constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio del impetrante de Derechos Fundamentales. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez, en los términos ordenados en el auto de radicación de ocho de abril de dos mil diez, así como correr traslado con la copia simple el contrato de arrendamiento litigioso, exhibido como documento base de la acción, copias simples de diversos recibidos de rentas, de las diligencias de requerimiento de pago número 676/2010 y del contrato de servicios profesionales. Por otra parte, el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, con residencia en Veracruz, Veracruz, con oficio 5070 de once de octubre de dos mil veintidós, informó que llevó a cabo la cancelación de la inscripción 5355, volumen 268, sección I, de dos de junio de dos mil quince, relativa a la adjudicación judicial del inmueble en litigio a favor de la actora Edith Simón Vidal de Reyes, tal como se advierte de la anotación número 2, que a la letra dice: "(.) Nota # 2 P.- 490773 F:06 oct. 2022 Por of. 5070 la C.Juez 4ta de 1 era Inst de Ver, Ver, ordena la cancelación de la presente inscripción en virtud del cumplimiento de Amparo 480/2021 del índice del Jdo 4to de Dtto promov. por Rolando Lara Sánchez por falta de emplazamiento dentro del juicio ordinario civil 828/2010 promov por Edith Simón Vidal de Reyes. (.)" En relatadas condiciones, toda vez que el efecto de la sentencia se circunscribe a restituir a la moral quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso, a que el Juez responsable deje insubsistente la actuación viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en proveído de veintiocho de septiembre de la anualidad en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ordenando reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno (fojas 75 a 81 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 480/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación secretarial que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Rolando Lara Sánchez. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al quejoso Rolando Lara Sánchez, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de fecha dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones emitidas en el procedimiento de ejecución relativo; además ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión. [.] Lo que sí resulta procedente, es hacer extensiva la concesión del amparo respecto de los actos que reclaman de las autoridades ejecutoras, pues al ser inconstitucional el acto de la autoridad ordenadora, también lo es el de aquéllas que pretenden ejecutarlo, sólo por lo que respecta del quejoso Rolando Lara Sánchez. [.]". En proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez y 2. Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia y, 4. Oficial Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y Comercio, todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de trece de octubre de la anualidad en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4957 de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la 1. Jueza y 3. Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, informaron que en proveído de veintiocho de septiembre siguiente, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, promovido por Edith Simón Vidal de Reyes, en contra de Marco Antonio Lara Sánchez, en su carácter de arrendatario y Rolando Lara Sánchez, en su carácter de fiador sobre recisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ya que constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio del impetrante de Derechos Fundamentales. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez, en los términos ordenados en el auto de radicación de ocho de abril de dos mil diez, así como correr traslado con la copia simple el contrato de arrendamiento litigioso, exhibido como documento base de la acción, copias simples de diversos recibidos de rentas, de las diligencias de requerimiento de pago número 676/2010 y del contrato de servicios profesionales. Por otra parte, el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, con residencia en Veracruz, Veracruz, con oficio 5070 de once de octubre de dos mil veintidós, informó que llevó a cabo la cancelación de la inscripción 5355, volumen 268, sección I, de dos de junio de dos mil quince, relativa a la adjudicación judicial del inmueble en litigio a favor de la actora Edith Simón Vidal de Reyes, tal como se advierte de la anotación número 2, que a la letra dice: "(.) Nota # 2 P.- 490773 F:06 oct. 2022 Por of. 5070 la C.Juez 4ta de 1 era Inst de Ver, Ver, ordena la cancelación de la presente inscripción en virtud del cumplimiento de Amparo 480/2021 del índice del Jdo 4to de Dtto promov. por Rolando Lara Sánchez por falta de emplazamiento dentro del juicio ordinario civil 828/2010 promov por Edith Simón Vidal de Reyes. (.)" En relatadas condiciones, toda vez que el efecto de la sentencia se circunscribe a restituir a la moral quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso, a que el Juez responsable deje insubsistente la actuación viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en proveído de veintiocho de septiembre de la anualidad en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ordenando reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno (fojas 75 a 81 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación secretarial que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Rolando Lara Sánchez. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al quejoso Rolando Lara Sánchez, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de fecha dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones emitidas en el procedimiento de ejecución relativo; además ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión. [.] Lo que sí resulta procedente, es hacer extensiva la concesión del amparo respecto de los actos que reclaman de las autoridades ejecutoras, pues al ser inconstitucional el acto de la autoridad ordenadora, también lo es el de aquéllas que pretenden ejecutarlo, sólo por lo que respecta del quejoso Rolando Lara Sánchez. [.]". En proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez y 2. Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia y, 4. Oficial Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y Comercio, todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de trece de octubre de la anualidad en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4957 de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la 1. Jueza y 3. Actuaria adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, informaron que en proveído de veintiocho de septiembre siguiente, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, promovido por Edith Simón Vidal de Reyes, en contra de Marco Antonio Lara Sánchez, en su carácter de arrendatario y Rolando Lara Sánchez, en su carácter de fiador sobre recisión de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ya que constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio del impetrante de Derechos Fundamentales. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez, en los términos ordenados en el auto de radicación de ocho de abril de dos mil diez, así como correr traslado con la copia simple el contrato de arrendamiento litigioso, exhibido como documento base de la acción, copias simples de diversos recibidos de rentas, de las diligencias de requerimiento de pago número 676/2010 y del contrato de servicios profesionales. Por otra parte, el Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral, con residencia en Veracruz, Veracruz, con oficio 5070 de once de octubre de dos mil veintidós, informó que llevó a cabo la cancelación de la inscripción 5355, volumen 268, sección I, de dos de junio de dos mil quince, relativa a la adjudicación judicial del inmueble en litigio a favor de la actora Edith Simón Vidal de Reyes, tal como se advierte de la anotación número 2, que a la letra dice: "(.) Nota # 2 P.- 490773 F:06 oct. 2022 Por of. 5070 la C.Juez 4ta de 1 era Inst de Ver, Ver, ordena la cancelación de la presente inscripción en virtud del cumplimiento de Amparo 480/2021 del índice del Jdo 4to de Dtto promov. por Rolando Lara Sánchez por falta de emplazamiento dentro del juicio ordinario civil 828/2010 promov por Edith Simón Vidal de Reyes. (.)" En relatadas condiciones, toda vez que el efecto de la sentencia se circunscribe a restituir a la moral quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso, a que el Juez responsable deje insubsistente la actuación viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Por tanto, las actuaciones descritas con anterioridad cumplen cabalmente con los efectos del fallo amparador, ya que en proveído de veintiocho de septiembre de la anualidad en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 828/2010 de su índice, solo por lo que respecta al aquí quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada de dos de junio de dos mil diez, incluyendo las subsecuentes actuaciones en el procedimiento de ejecución relativo, ordenando reponer el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada, a efecto de que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado Rolando Lara Sánchez. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno (fojas 75 a 81 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el 4. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la XVII Zona Registral en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Ahora, de autos se advierte que en proveídos de veintinueve de septiembre, seis y siete de octubre de la presente anualidad, se reservó dar vista respecto de lo informado por diversa autoridad responsable en el presente asunto, hasta en tanto remitieran las constancias que acreditaran el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con los oficios y anexos con registros 16826, 17267 y 17342, así como el diverso y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.

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