Rolando García Quezada y Otros.

Expediente 459/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
459/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Rolando García Quezada y Otros.
  • Rolando García Quezada

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no fue posible localizar a los quejosos directos Rolando García Quezada y Marco Antonio Mota Rodríguez; lo anterior, en virtud de que el veintiocho de julio de dos mil veinte, se resolvió la situación jurídica de los mismos y fueron puestos en libertad, situación que se corrobora con el informe inherente a la suspensión de plano rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa II, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 2. No presentada. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas en este asunto. 3. Causa estado. Ahora bien, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 6. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 7. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Promoción. Téngase por recibido el oficio signado por la Encargada de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual atiende a lo requerido en proveído de cuatro de agosto del año en curso. 1.1 Acuerdo. En tales condiciones, se tiene al juzgado de primera instancia dando cumplimiento a lo solicitado en autos y para tal efecto remite el original de los informes inherentes a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa signados por el Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa II e Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte II, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos dichos informes, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. 1.2 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad ministerial responsable, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional.

  3. Principal

    1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que es necesario requerir diversas constancias al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa II, con sede Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 1.1 Requerimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación al 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase vía mensajería acelerada "ESTAFETA" al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa II, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia auténtica de la carpeta de investigación 01211/ACU/UIACU/2020, e informe la situación jurídica de los aquí quejosos Rolando García Quezada y Marco Antonio Mota Rodríguez, o bien, señale el impedimento legal o material que tenga para ello. 1.2 Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos), con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

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