Rolando Flores Ibarra

Expediente 1738/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1738/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Rolando Flores Ibarra
  • Delegado del Registro Agrario Nacional en Guadalajara, Jalisco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ".Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Rolando Flores Ibarra, para los siguientes efectos, para que el Delegado del Registro Agrario Nacional, en Guadalajara, Jalisco, dé respuesta por escrito en forma completa y congruente a la solicitud realizada por el agraviado y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8o Constitucional; y hecho lo anterior, notifique al quejoso sin dilación, la respuesta que recayó a su petición." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del oficio JAL/RAN/984/2022, el Jefe de Departamento de Titulación y Catastro Rural de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manifestó impedimento para acatar el fallo protector, en razón de que requería diversas constancias a fin de estar en aptitud de acatar con lo ordenado en el fallo protector. Luego, el encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el comunicado JAL/RAN/1270/2022, allegó copia certificada del diverso JAL/RAN/0078/2022, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dirigido a la parte quejosa, por el cual el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural, por el cual dio respuesta por escrito a la solicitud realizada por el agraviado y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8o Constitucional; y manifestó la imposibilidad de notificar dicha respuesta a la parte quejosa, en razón de que el impetrante no informó a la responsable domicilio donde pudiera notificar la contestación a sus peticiones, esto es, acordó de manera informativa e ilustrativa en relación a la ubicación del predio, concluyendo que este se encuentra fuera de las tierras del Ejido las Juntas y Coapinoles, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, dio respuesta al incoante, sin que hubiese notificado a la parte quejosa, en razón de que no le proporcionó domicilio a la responsable donde podía ser notificado. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el veintitrés de marzo del dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ".Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Rolando Flores Ibarra, para los siguientes efectos, para que el Delegado del Registro Agrario Nacional, en Guadalajara, Jalisco, dé respuesta por escrito en forma completa y congruente a la solicitud realizada por el agraviado y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8o Constitucional; y hecho lo anterior, notifique al quejoso sin dilación, la respuesta que recayó a su petición." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del oficio JAL/RAN/984/2022, el Jefe de Departamento de Titulación y Catastro Rural de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manifestó impedimento para acatar el fallo protector, en razón de que requería diversas constancias a fin de estar en aptitud de acatar con lo ordenado en el fallo protector. Luego, el encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el comunicado JAL/RAN/1270/2022, allegó copia certificada del diverso JAL/RAN/0078/2022, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dirigido a la parte quejosa, por el cual el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural, por el cual dio respuesta por escrito a la solicitud realizada por el agraviado y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8o Constitucional; y manifestó la imposibilidad de notificar dicha respuesta a la parte quejosa, en razón de que el impetrante no informó a la responsable domicilio donde pudiera notificar la contestación a sus peticiones, esto es, acordó de manera informativa e ilustrativa en relación a la ubicación del predio, concluyendo que este se encuentra fuera de las tierras del Ejido las Juntas y Coapinoles, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, dio respuesta al incoante, sin que hubiese notificado a la parte quejosa, en razón de que no le proporcionó domicilio a la responsable donde podía ser notificado. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.

  3. Principal

    Téngase por recibido el comunicado que signa el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del oficio JAL/RAN/JHC/0079/2022 de veintiocho de febrero del año en curso, dirigido al quejoso, en el que dio respuesta por escrito a la solicitud realizada por el quejoso, asimismo, informa a este juzgado de Distrito la imposibilidad que tiene para notificar dicha respuesta, merced de que el impetrante no proporcionó domicilio donde pudiera ser notificado, respecto de la contestación a la petición que elevó a la responsable. Ahora bien, en aras del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece entre otras cosas que la Justicia deberá de ser pronta, se ordena notificar la respuesta que dio la responsable a la petición de la parte quejosa, ante la imposibilidad de realizarla por falta de información del domicilio donde efectuarla, ello no haber sido proporcionada por la peticionaria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro digital: 181149, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 248, de epígrafe y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el siete de marzo del dos mil veintidós, mediante el cual, Téngase por recibido el comunicado que signa el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del oficio JAL/RAN/JHC/0079/2022 de veintiocho de febrero del año en curso, dirigido al quejoso, en el que dio respuesta por escrito a la solicitud realizada por el quejoso, asimismo, informa a este juzgado de Distrito la imposibilidad que tiene para notificar dicha respuesta, merced de que el impetrante no proporcionó domicilio donde pudiera ser notificado, respecto de la contestación a la petición que elevó a la responsable. Ahora bien, en aras del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece entre otras cosas que la Justicia deberá de ser pronta, se ordena notificar la respuesta que dio la responsable a la petición de la parte quejosa, ante la imposibilidad de realizarla por falta de información del domicilio donde efectuarla, ello no haber sido proporcionada por la peticionaria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro digital: 181149, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 248, de epígrafe y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.

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