Rolando Díaz Roque

Expediente 2169/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2169/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Rolando Díaz Roque

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES QUE DEVOLVER A LAS PARTES.

  2. Principal

    III.- DESECHAMIENTO.

  3. Principal

    III.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO " DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS ", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de 1 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXVII.3o.17 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1933, con registro digital 2006401, Décima Época, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Precisión de los actos reclamados Al analizar la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por la parte quejosa, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se aprecia que destaca como actos reclamados: La incomunicación, malos tratos, privación de la libertad (aseguramiento o detención) y restricción al libre tránsito. Postura de este Órgano Jurisdiccional. En relación con los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que provee lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: En el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aún contradictorias sobre el mismo litigio; y, finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que, además de que el acto reclamado en un juicio de protección de derechos fundamentales sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro, en trámite, contra las mismas autoridades responsables, exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que, si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, por analogía, conviene citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCIX, Primera Parte, página 41, registro 257752, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Primera Parte, página 142, registro 232137, que establece: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Entonces, conviene reiterar que, en lo que atañe al presente apartado, la parte impetrante señala en el presente biinstancial como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes ? La incomunicación, malos tratos, privación de la libertad (aseguramiento o detención) y restricción al libre tránsito, que se atribuye a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta). Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que, en el índice de este juzgado, está radicado el juicio de amparo 2168/2022-II, promovido por Maricela Sánchez González, en representación de Rolando Díaz Roque o Roques -aquí quejoso- y otro, contra los actos y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen el carácter de autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras del acto reclamado, las siguientes: 1.- El Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco, con Sede en Retorno Vía 5 104, Los Ríos, 86035 Villahermosa, Tabasco. 2. El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, Tabasco, con dirección en Retorno Vía 5 104, Los Ríos, 86035 Villahermosa, Tabasco. 3.- El Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco con domicilio en Av. Cobre 205, Cd Industrial, 86010 4.- El Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco con dirección en Av. Cobre 205, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab. ACTOS RECLAMADOS: I. La incomunicación del directo quejoso dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, II. La deportación del directo quejoso a su lugar de origen. III. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y, por ende, la inminente detención del directo quejoso fuera de todo procedimiento, y la inminente deportación su lugar de origen. IV. El aseguramiento del directo quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco con dirección en Av. Cobre 205, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tab, el cual ya excedió de las 36 horas sin que se haya resuelto si (sic)situación migratoria." Así, de las transcripciones anteriores, se evidencia que en ambos juicios existe identidad de actos y autoridades responsables, así como la circunstancia que en ambos expedientes fue promovido por la misma parte quejosa. Cabe mencionar que en el citado sumario 2168/2022-II, en esta fecha se proveyó en relación a la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, se pone de manifiesto que, el aquí quejoso Rolando Díaz Roque o Roques, previamente instó la acción constitucional, respecto de los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades responsables señaladas en este asunto; controvertido en el que, aún se encuentra pendiente de que se dicte la determinación que ponga fin al juicio, esto es, el referido juicio se encuentra en trámite. En ese sentido, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.P. 83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV, enero de 1995, página 260, registro digital 209531, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Asimismo, sirve de apoyo por analogía la tesis VI.P.18 P, apoyada por el Tribunal Colegiado en Materia Pernal del Sexto Circuito, visible a página 999, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ES LEGAL EL SOBRESEIMIENTO SI DE AUTOS SE DESPRENDE QUE EL QUEJOSO PROMOVIÓ DIVERSO JUICIO DE AMPARO CONTRA EL MISMO ACTO Y LAS MISMAS AUTORIDADES, AUNQUE EN EL ESCRITO DE LA SEGUNDA DEMANDA MANIFIESTE LLAMARSE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE CAPTURA Y EN ELLA APARECE SU NOMBRE." Conclusión. En consecuencia, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; entonces, con apoyo en el numeral 113 de dicho ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia, respecto de los actos reclamados antes indicados.

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