Rolando Castro Zamudio

Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
456/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Rolando Castro Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el ocho de junio de dos mil veintiséis...

  2. Principal

    Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Rolando Castro Zamudio, un anexo y cuatro copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 456/2023-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el que suscribe tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación... Conforme a lo anterior, el acto que aquí se reclama se ubica en la hipótesis del artículo 280 Bis, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Motivo por el cual la parte quejosa debió impugnarlo a través del juicio contencioso a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige al amparo. Además, de conformidad con los arábigos 305, 305 bis y 306 del citado código, para la suspensión de la ejecución del acto administrativo, no se exigen mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por sus consideraciones, la Jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 326, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2020596, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." La cual resulta obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Sin que se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues el quejoso no reclama la inconstitucionalidad de una norma con motivo del primer acto de aplicación. Por tal motivo, no es dable aceptar se aleguen solo violaciones directas a la Constitución, además de que la parte quejosa hace derivar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de los que estima como vicios, cuya naturaleza son de mera legalidad haciendo alusión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Nieto Castro, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional, con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.

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