Rolando Blanco Clavel

Expediente 892/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
892/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • Rolando Blanco Clavel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial que antecede y toda vez que en esta misma data en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, causo ejecutoria la sentencia dictada en autos y se ordenó su archivo; así también, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos vigésimo, fracción II, inciso a) y vigésimo primero, inciso c), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa, tanto el original y duplicado de los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, motivo por el cual, deberán seguirse los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del numeral vigésimo primero y último párrafo del artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de los cuadernos incidentales la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos citados. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, con su contenido dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con lo establecido en el precepto 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene designando delegados en términos del artículo 9 de la ley en cita, a las personas que refiere; sin que sea el caso tenerle como domicilio procesal que indica en su informe, en atención a que las notificaciones a las autoridades responsables deben hacerse de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción II, inciso a), en relación con el diverso 28 fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma proporciona el correo electrónico seguimiento.juridicocongresobc@gmail.com, con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la autoridad responsable, en los casos que se estime necesario. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y se señala como nueve fecha y hora para su celebración las diez horas con veinte minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Incidental

    TERCERO. Negativa de suspensión. En el caso, se tiene que la parte quejosa solicita la medida cautelar respecto de lo siguiente: "[.] Con fundamento en los artículos 128 y 148 de la Ley de amparo, solicito la suspensión de las normas reclamadas para el efecto de que las normas reclamadas no me sea aplicadas y, por ende, no se me separe ni remueva de mi cargo, con motivo de la aplicación de dichas normas, así como que se garantice el pago de las prestaciones económicas inherentes a tal cargo. [.]". Por tanto, procede analizar si se colman los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso concreto, se cumple el primer requisito, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por el quejoso en el escrito inicial de demanda. Sin embargo, por cuanto hace al segundo requisito, éste no se encuentra satisfecho, puesto que de concederse para los efectos y consecuencias de la aplicación de los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como el capítulo IV del Título Quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, puesto que los preceptos normativos impugnados, regulan en esta entidad funciones de seguridad pública, cuyo destinatario es la sociedad, a quien le interesa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables. En efecto, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Baja California, establece que la finalidad institucional de dicho organismo es la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, procuración de justicia de manera eficaz, efectiva y apegada a derecho; combatir a la delincuencia, disminuirla, prevenir el delito, fortalecer el Estado de Derecho, así como promover, proteger y garantizar los derechos de reparación integral, de verdad y de no repetición para la sociedad en general. Asimismo, establece que la Fiscalía General ejercerá atribuciones en materia de Seguridad Pública de conformidad con las leyes aplicables en la materia. Por ende, lo procedente es negar la suspensión definitiva, pues de concederse la suspensión se afectaría el interés social, pues como quedo precisado, la sociedad está interesada en que se cumplan las disposiciones legales con las cuales el Estado pretenda ejercer la función de seguridad pública. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya solicitado la medida cautelar provisional, para el efecto de que: "no sea separado ni removido de su cargo, con motivo de la aplicación de dichas normas, así como que se garantice el pago de las prestaciones económicas inherentes a tal cargo.", sin embargo la parte quejosa promovió el juicio que nos ocupa, impugnando las normas de carácter general con motivo de su sola entrada en vigor, por ende no puede otorgarse los efectos pretendidos como si las hubiera reclamado como normas generales heteroaplicativas, máxime que en el caso que nos ocupa, de la lectura integral de la demanda, el quejoso no refirió la existencia de acto de aplicación alguno, respecto del cual solicita la suspensióNR E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicita Rolando Blanco Clavel, contra actos del Congreso del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y otra autoridad, por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. Notifíquese.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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