Rolando Bennets Suárez
Expediente 493/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rolando Bennets Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 493/2021 promovido por **** , en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. ANTECEDENTES Según consta en autos, el quejoso reclama la negativa de darle intervención a una supuesta carpeta de investigación que se integra en su contra. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **** , promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el pasado cuatro de mayo del año en curso, en contra de los actos y la autoridad que más adelante se precisará. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 493/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate de la autoridad señalada como responsable ordenadora Agente del Ministerio Público adscrito a la viscefiscalía Regional de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a quien reclamó la determinación dictada el veintisiete de abril del año en curso, a la carpeta de investigación que se está integrando en su contra. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, porque al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridades responsables Informe justificado Agente del Ministerio Público Coordinador de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Negó el acto Debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito ya que en su escrito de demanda sólo aduce la determinación dictada el veintisiete de abril del año en curso.Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa:"PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo."Aunado a lo anterior, en principio debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento a la promovente el resultado de su petición. En ese tenor, cuando se reclama la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó a al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación.Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, Página 351, que dice:"PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder."En la especie no hay evidencia o indicio que indique que se haya realizado una petición en específico a la citada autoridad responsable y en su caso, como el quejoso refiere, una contestación por parte de la autoridad responsable.Lo anterior, porque en el caso que se analiza, la parte quejosa omitió exhibir pruebas con las que acrediten fehacientemente que llevaron a cabo actos tendientes a originar la conducta reprochada por la representación social que precisamente omitió. Es decir, el impetrante no exhibió un medio de prueba apto mediante el cual acreditara que efectivamente realizó una petición ante la Agente del Ministerio Público adscrito a la viscefiscalía Regional de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, o bien, que la autoridad se le haya expresado la negativa de intervención que refiere mediante determinación de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; por ello, se estima que es inexistente la abstención atribuida a la responsable, de ahí que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo.Sin que obste a lo anterior, el hecho que con esta diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se haya agregado el informe justificado de la autoridad responsable, es decir, sin que hayan transcurrido los ocho días para que el interesado pudiera desvirtuar la negativa de la fiscal responsable; ello en razón que ni aún, desvirtuando dicha negativa, podría, este juzgado, eventualmente, emitir una sentencia concesoria del amparo.Se afirma lo anterior, porque en relación con el acto reclamado consistente en la determinación dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno en una carpeta de investigación en la cual denegó la solicitud de intervención a la misma, se actualizaría diversa causal de improcedencia que deviene del contenido interrelacionado de los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I, primer párrafo, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que disponen:"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;"."Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"."Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;"De la referida intelección de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte.En relación con este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 151/2007-PS, sustentó que el juicio de amparo es improcedente contra la determinación que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, pues dicho Alto Tribunal sostiene que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 87/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente:"AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA."Énfasis propio.Partiendo de esa premisa y razonamientos expuesto por ese alto tribunal, se insiste que si en el caso existiera la determinación por la cual el Agente del Ministerio Público Coordinador de Alto Impacto de la Fiscalía Regional de la Cuenca, denegó la solicitud al aquí quejoso de intervención en la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico del peticionario del amparo.Para justificar esta afirmación, es oportuno destacar los supuestos constitucionales en los que se autoriza el acceso a los registros de una investigación inicial, pues acorde a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece:"El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación." [.] "B. De los derechos de toda persona imputada:" [.] "VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo.Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;"Como es de observarse, existe una restricción constitucional de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: El imputado se encuentre detenido; Pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, Antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. El precitado dispositivo constitucional tiene correspondencia con las restricciones de acceso a los registros de investigación contemplados en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que interesa, establece: "Reserva de los actos de investigación." [.] "La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código". De lo anterior se obtiene que el acceso a los registros durante la etapa de investigación inicial establece una restricción para la persona investigada y a su defensa, pues tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisan los momentos a partir de los cuales puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Al tratarse de una restricción constitucional, la Jurisprudencia Internacional no otorga una protección más amplia respecto a esa restricción constitucional y aun en caso de existir esta circunstancia, se deberá estar a lo que indica la norma suprema.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes:"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico". Ahora, si el aquí quejoso **** , no se encuentra detenido; no ha sido citado a una carpeta de investigación del índice de la Fiscalía Regional de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; o, requerido su comparecencia por primera vez ante el Juez de Control, no existe perjuicio en su contra. Por ende, es evidente que carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia extraordinaria de defensa la negativa de acceso a la referida carpeta de investigación. Ello es así, pues es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado, esto es, al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación.Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 2275, Tomo III, Octubre de 2018, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, Décima Época, registro 2018142, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados".De igual forma la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable a página 1958, registro 2015566, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley".Énfasis propio.Consecuentemente, aun cuando el aquí quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tienen el carácter de imputado de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, ellos o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo.Ello es así, en virtud de que, el hecho de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputado. La anterior afirmación se hace, en atención a que, la denuncia o querella con la que da inicio la fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan su apertura; ello, debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el Agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, la representación social sólo puede recabar en esa fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que, el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Consecuentemente, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis VI.2o.P.59 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada el catorce de julio del presente año, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados".VI. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento.Por lo expuesto y fundado se:RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese, el escrito señalado en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa y téngase al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta. Dese vista a las partes. Notifíquese.
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