Rolando Becerril Camacho
Expediente 1656/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/03/2017
Partes del expediente
- Rolando Becerril Camacho
- Juez de Control del Distrito Judicial De Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por el tercero interesado ********************, a través del cual se apersona al presente juicio, designa autorizados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y realiza manifestaciones a manera de alegatos. Al respecto, con fundamento en el ordinal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes y en términos de lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al tercero interesado referido. Como la certificación de cuenta evidencia que ********************, cuentan con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a las personas restantes quedan autorizados solo para para consultar el juicio de que se trata, oír y recibir notificaciones y documentos, limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Con sustento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de éste el designado para tal efecto. Finalmente, no se realiza mayor pronunciamiento en relación a las manifestaciones que realiza a manera de alegatos, toda vez que mediante proveído de uno de marzo pasado, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; uno de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil diecisiete, por la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra se negó la justicia de la unión al quejoso; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. Este expediente es susceptible de depuración, pues en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Rolando Becerril Camacho por conducto de su apoderado Javier Morán García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables: "ORDENADORA: A) Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca. EJECUTORA: A) Comisario de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. B) Jefe de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Acto reclamado: "La infundada ORDEN DE APREHENSIÓN girada en mi contra por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO". SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis, previo desahogo del requerimiento formulado el veintisiete de octubre de esa anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al del juzgado responsable, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y en el transcurso del trámite de éste se emplazó a los terceros interesados. CUARTO. Nueva autoridad. El doce de diciembre de dos mil dieciséis se tuvo como nueva autoridad al Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, a quien se le requirió su informe justificado. QUINTO. Inexistencia de autoridad. En proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por inexistente a la autoridad que la parte quejosa denominó como "Jefe de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México", por lo que en el presente fallo no se hará pronunciamiento respecto de ella. SEXTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició con el acta que antecede y culminará con el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto reclamado afecta la libertad personal y se atribuye a autoridades judiciales del orden penal y administrativas cuya residencia se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye la orden de aprehensión de veinticinco de septiembre de dos mil quince dictada en la carpeta administrativa 172/2015 y su ejecución. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000 con registro 192097, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, con número de registro 181810, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, con número de registro 212775, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado (folio 43), consistente en la orden de aprehensión de veinticinco de septiembre de dos mil quince dictada en la carpeta administrativa 172/2015, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto consistente en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso el veinticinco de septiembre de dos mil quince en la carpeta administrativa 172/2015, por el hecho delictuoso de homicidio calificado con ventaja y ser la víctima menor de edad (folio 53). Circunstancia que se corrobora con las constancias que la responsable señalada remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la carpeta administrativa 172/2015, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se trata de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231, con número de registro 917812, del Tomo VI, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226 con número de registro 394182, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Afirmación que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pese a que ésta en su informe justificado haya negado la existencia del acto que se le atribuye (foja 36), pues demostrada la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión), es inminente su ejecución dada su calidad de autoridad ejecutora, habida cuenta que por la naturaleza propia de sus funciones legalmente establecidas, en su oportunidad deberá proceder a ejecutar por sí o a ordenar a subalternos la ejecución del acto, razón por la cual ha de considerarse el acto de ejecución que se le reclama como de realización inminente. Al respecto, por similitud jurídica, es aplicable la tesis publicada en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1989, Tomo lll, Segunda Parte-1, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. Causas de improcedencia. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible debe sobreseerse el juicio; esto es, abstenerse del conocimiento del asunto y limitarse a emitir una determinación en la cual se expresen los motivos por los cuales se estima que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, la improcedencia del juicio constituye un obstáculo que impide resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Establecido lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, bajo el tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, con número de registro 169036, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, en el caso este juzgado considera que no se actualiza causa de improcedencia alguna. SEXTO. Conceptos de violación. Establecido lo anterior, tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación por la parte quejosa, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así como la jurisprudencia 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 38, registro 191384, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Y la tesis con el número de registro 219558, publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1992, Tomo IX, Octava Época, que advierte: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal trascripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías". No obstante lo anterior, en atención al principio de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe reunir, es pertinente señalar en síntesis los conceptos de violación. El quejoso hizo valer, en síntesis, que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente: La orden de aprehensión reclamada no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento para su dictado, pues los datos de prueba valorados por el juez responsable no son idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia del hecho delictuoso. El juez responsable no se cercioró de que el representante social haya realizado una adecuada investigación para conocer la verdad de los hechos, pues el impetrante no actuó con dolo eventual ni directo. El juez responsable al emitir la orden de captura transgrede el artículo 16 Constitucional, ya que para tipificar la agravante del delito de homicidio calificado se debe considerar el elemento volitivo del dolo, lo cual en el caso no aconteció. En ese sentido, los motivos de disenso expuestos por el promovente del amparo, serán estudiados de manera conjunta, dada su vinculación, como lo dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo. Al caso se invoca la tesis que aparece publicada en la página 59 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72, Sexta Parte, Materia Común, Séptima Época, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, resulta oportuno precisar que en cumplimiento a la reforma del artículo 79 de la Ley de Amparo, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y del análisis de la actuación de las autoridades señaladas como responsables, este órgano jurisdiccional no advierte deficiencia alguna por la que se deba suplir la queja a favor de Rolando Becerril Camacho. Lo anterior es así porque como se advierte de las constancias que obran en autos, se cumplieron las exigencias del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el dictado de la orden de aprehensión de mérito, así como lo establecido por el artículo 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, puesto que fue emitida por una autoridad judicial, previa denuncia del Fiscal Especial de Homicidios, licenciado Gustavo Cruz Onofre, por el delito de homicidio cometido en agravio de Joel Maldonado Santana, ilícito que amerita pena privativa de libertad de conformidad con la legislación aplicable al caso, y derivado de que existen datos de prueba suficientes que permiten acreditar la existencia de un hecho constitutivo de delito, así como la probable participación del ahora quejoso. Aunado a lo anterior, dicha orden de aprehensión fue solicitada por comparecencia del Ministerio Público a través del Sistema de Gestión Judicial Penal, quien es el encargo de la investigación e integración de la carpeta administrativa derivada de la comisión de algún hecho que pudiera llegar a considerarse como constitutivo de delito, diligencias que derivaron de la noticia criminal de dieciséis de agosto de dos mil quince por parte del personal del Hospital General de Villa Victoria, Estado de México, quienes pusieron en conocimiento del órgano de representación social lo ocurrido en esa data. Además, la responsable acertadamente tuvo por acreditada la existencia del hecho delictuoso de homicidio calificado con ventaja y ser la víctima menor de edad, con los datos de prueba consistentes en la noticia criminal de dieciséis de agosto de dos mil quince, en la que se recibió llamada telefónica por parte del personal del Hospital General de Villa Victoria, Estado de México, reportando el ingreso de una persona de sexo masculino a consecuencia de disparo de arma de fuego; el acta de inspección y levantamiento de cadáver practicado con el personal de actuación de la Agencia del Ministerio Público en el Hospital General de Villa Victoria, específicamente en el área de patología, en donde se tuvo a la vista un cadáver de una persona de sexo masculino menor de edad (diecisiete años); la inspección en el lugar de los hechos, precisamente en el terreno del señor José Armando Flores Castillo, ubicado en la comunidad de Sabana de San jerónimo, Villa de Allende, Estado de México; el acta médica de dieciséis de agosto de dos mil quince, elaborada por Ismael José Luis Garduño Millán, en la cual se concluyó que el cadáver correspondía a una persona de sexo masculino menor de edad; el dictamen de necropsia elaborado por José Luis Garduño Millán en el cual se concluyó el motivo de la muerte del menor como consecuencia de disparo de un proyectil de arma de fuego en cavidad abdominal clasificado de mortal; así como con el dictamen de criminalística emitido por Elvia Sánchez Posadas, puesto que de ellos se establecen todas y cada una de las lesiones que presentó al exterior la víctima menor de edad de identidad resguardada de iniciales J.M.S, cual fue la causa por la cual se le privó de la vida con motivo de disparo de un proyectil de arma de fuego. Así las cosas, del análisis de los datos de prueba de referencia se permite ir de la verdad conocida, mediante un enlace lógico y natural, a la verdad que se pretende encontrar, resultando los mismos un indicio que en su conjunto forman la prueba circunstancial, ya que conducen a tener por comprobado un hecho que la ley señala como delito, esto es, el ilícito de homicidio calificado con ventaja y ser la víctima menor de edad, así como la probabilidad de la intervención del quejoso en su comisión, pues con ellos se justifica un hecho fáctico en el sentido de establecer que el ahora impetrante exteriorizó su conducta de acción, de resultado material e instantáneo, al accionar un arma de fuego en contra de la humanidad de la víctima del delito menor de edad de identidad resguardada de iniciales J. M. S.; máxime que en términos de los artículos 22 y 343 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el juez de origen puede asignarle a cada uno de los datos de prueba el valor jurídico que considere le corresponde. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 96, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado." También es aplicable, la jurisprudencia 1a./J.23/97, publicada en la página 223, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, correspondiente al mes de Junio de 1997, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión." Asimismo, se aplica en lo conducente, la tesis I.1o.P.29 P, publicada en la página 786, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de Agosto de 1997, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. SU INTEGRACIÓN. La doctrina reiteradamente ha señalado el grave error en que se incurre al considerar a una o a varias pruebas deficientes o imperfectas, de las cuales además no se derive ninguna certeza, como medios de comprobación de la circunstancia indiciante, toda vez que la verdad buscada solamente se puede inferir de hechos (circunstancias indiciantes) plenamente comprobados. En esta acreditación, se aclara, podrán invocarse pruebas imperfectas pero aptas, por sí (consideradas en su conjunto), o por su concurrencia con otras perfectas o carentes de vicios para demostrar plenamente el hecho indiciante. Esto es, no debe considerarse a la prueba circunstancial como el medio que permita aglutinar pruebas deficientes que, consideradas incluso en su conjunto con otras no imperfectas, no prueben plenamente hecho indiciante alguno." Así, podemos considerar que se acredita la existencia de una conducta típica, de consumación material e instantánea, en donde el ahora quejoso participó al momento de llevar a cabo el homicidio de la víctima de identidad reservada de iniciales J.M.S., quien tiene el carácter de sujeto pasivo y víctima, y por tanto, a Rolando Becerril Camacho asume el diverso carácter de sujeto activo del delito. Además, se puede concluir que como acertadamente lo precisó el Juez responsable, de los datos de prueba se aprecia que el ahora quejoso en todo momento tuvo la intención de afectar con su proceder el bien jurídico tutelado, que en el caso es la vida de la víctima de identidad reservada de iniciales J.M.S., pues al privarlo de la vida en los términos acontecidos se actualizó como resultado una afectación en el mundo fáctico, todo ello con el conocimiento de lo antijurídico de su proceder. Al mismo tiempo, como acertadamente señaló la autoridad responsable, hasta este momento procesal no se advierte la existencia de algún dato de prueba que permita considerar que el ahora quejoso no participó en los actos constitutivos del hecho delictuoso de homicidio calificado con ventaja y ser la víctima menor de edad, en agravio de una persona de identidad resguardada de iniciales J.M.S., sino por el contrario, con la información proporcionada por los ofendidos del delito Lilia Santana Vilchis y Porfirio Maldonado Guadarrama; así como por los testigos Guillermina Becerril López, Adrián Sánchez Becerril y Alejandro Sánchez Becerril y de las entrevistas de José Armando Flores Castillo, Néstor Castillo Fabila y Felipe Castillo Flores, ante la autoridad investigadora, en relación con el resto de los datos de prueba, se alcanza a establecer su probable participación el día de los hechos. Finalmente, en lo relativo al hecho de que la responsable no consideró el elemento volitivo del dolo para estar en aptitud de tipificar la agravante del delito de homicidio calificado, debe precisarse que el juez del conocimiento oportunamente señaló que tal circunstancia se tenía por acreditada con base en la conducta desarrollada por el imputado, al conocer los elementos del tipo penal, pues en el caso éste sabía que dicha conducta está prohibida y aun así la realizó, actuando con conocimiento y voluntad para llevar a cabo la concreción delictiva, actuar que ajustó en la fracción I del artículo 8 del Código Penal vigente en la entidad. Por tanto, con base en las precedentes consideraciones, se estima que la orden de aprehensión en estudio satisface la exigencia constitucional de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de su análisis previamente efectuado, se desprende que el Juzgador responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso, así como los datos de prueba para arribar a la determinación que está acreditado el hecho delictuoso de homicidio calificado con ventaja y ser la víctima menor de edad, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales J.M.S., cometido de manera probable por el quejoso. De ahí que, los motivos de disenso hechos valer por el ahora quejoso en el sentido de que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni se acreditaron los requisitos establecidos por la Constitución Federal para la emisión de una orden de aprehensión, devienen infundados. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de inconformidad expuestos respecto al acto reclamado, y no existir motivo para suplir deficiencia alguna, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en atención a que no se reclamaron por vicios propios. Resulta aplicable, la tesis publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." También es aplicable, la Jurisprudencia 1328, publicada en la página 1492, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1003207, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/12, publicada en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 55, julio de 1992, octava época, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 218867, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rolando Becerril Camacho, contra el acto, la autoridad y por los razonamientos señalados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rolando Becerril Camacho, contra los actos y las autoridades descritos en el considerando cuarto y por los razonamientos señalados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de la parte quejosa. El estado procesal del presente asunto, así como la certificación de cuenta evidencia que los terceros interesados Lilia Santana Vilchis y Porfirio Maldonado Guadarrama, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México, dentro del plazo de tres días otorgado en proveído de cuatro de enero del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó y con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción II, y 29, de la ley de la materia, practíquenseles las subsecuentes notificaciones, aun las que deban ser de carácter personal, por medio de lista que se fija en lugar visible de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en donde sea factible notificarle. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
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