Rolando Avalos Mendieta
Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rolando Avalos Mendieta
Actuaciones
- Principal
Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ********, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que tiene el carácter de defensor particular de los directos quejosos ******** y ********, profesionista que según la certificación de cuenta, tiene inscrita su cédula profesional ********, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en contra de actos del Juez de Control adscrito a la Base Celaya del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16, constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 505/2021-1-A Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Ello, en virtud de que se considera que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro del juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ahora bien, como se ponderó el acto reclamado consiste en: La resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ********, por el cual el juez de control señalado como responsable dicta "auto de apertura a juicio oral", en el que admite diversos medios probatorios -que el promovente aduce-, no fueron materia del contradictorio en la audiencia intermedia, celebrada en la propia data de cinco de julio de la presente anualidad. Determinación que se trata de un acto intraprocesal, que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal; que en el caso al tratarse del nuevo sistema penal, puede ser subsanado en diversa etapa, donde se materializaría la afectación. Es decir, contra la determinación del juez de control emitida en el auto de apertura al juicio oral, de admitir diversos medios probatorios que se aduce no se sometieron a contradictorio, es improcedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha admisión constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez llegada la siguiente etapa el juez no otorgue valor probatorio a dichos medios de prueba que se pretende ofrecer en juicio, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la admisión referida. Esto es, hasta que se dicte sentencia, se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones a las formalidades del procedimiento llegaran a trascender al resultado de la determinación, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a sus intereses. Es así, en virtud que la labor de valoración es propia de la etapa de juicio, en la que en términos artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez que la presida tendrá la facultad de no otorgar valor probatorio a pruebas que, según dicho de la parte quejosa, no hayan sido materia del contradictorio en la audiencia intermedia, y es hasta ese momento que se podrá hablar de una trascendencia o no en el juicio. Además, atendiendo al principio de contradicción, el inconforme con la admisión de medios probatorios que según dicho de la parte quejosa, no fueron materia del contradictorio en la audiencia intermedia, puede refutar su contenido, pues en la audiencia de debate se puede cuestionar su valor como prueba con argumentos estrechamente vinculados con su obtención en forma ilícita o por violaciones a derechos fundamentales planteados en etapas previas. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis 1ª. LIII/2018 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia Constitucional, Penal, página 958, de texto y rubro, siguientes: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.- El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Sin que lo anterior implique violación a algún derecho humano consagrado en la constitución o en las normas internacionales como lo aduce el recurrente, pues se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia del juicio de amparo, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados. Es más, el principio pro persona, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Sin que tampoco con la anterior determinación, de ninguna manera implique que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva, ya que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos. En ese contexto, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa; de ahí que no se surtan los requisitos exigidos por la fracción V, del artículo 107, que hacen procedente el juicio de amparo biinstancial. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que conduce desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Como lo solicita, En ese orden, desde este momento se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario ********. Asimismo, se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31, fracción III, de la ley de la materia. En el entendido de que la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo, y las notificaciones aun las de carácter personal se harán por medio de lista. Sin que haya lugar a notificar las determinaciones que se dicten en el presente juicio, en los correos electrónicos que refiere, ya que tal medio no está contemplado en la Ley de Amparo como forma de notificación; no obstante lo anterior, se le tiene proporcionando tales correos electrónicos a efecto de establecer comunicación, en los casos que resulte necesario. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, modificando únicamente en cuanto su vigencia por el diverso acuerdo general 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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