Rolando Augusto Ruiz Hernández
Expediente 274/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2017
Partes del expediente
- Rolando Augusto Ruiz Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ****, por derecho propio e interés legítimo, en su carácter de esposa de ******, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI
- Principal
REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio e interés legítimo, en su carácter de esposa de ******, contra actos del Fiscal General del Estado de Querétaro y otra autoridad, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 133 Constitucionales; con apoyo en los artículos 103 fracción I, Constitucional, fórmese el expediente respectivo, bajo el número 274/2017-VI, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." La parte quejosa hace consistir los actos reclamados en la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del Toca Penal 1123/2016, así como la orden de reaprehensión y ejecución, en contra de ROLANDO AUGUSTO RUIZ HERNÁNDEZ. Previamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, como enseguida se verá: Tales preceptos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XXIII. En los demás casos en la que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Se estima así, porque la quejosa intenta la presente vía constitucional, en su calidad de esposa de *********, y para así acreditarlo, exhibe copia certificada del acta de matrimonio número 00682, en la que se advierte que contrajo matrimonio con su cónyuge en el año de mil novecientos noventa y siete. Asimismo, refiere que los actos combatidos, fueron emitidos fuera de procedimiento judicial, sin embargo, no obstante que acredita estar casada con *********, lo cierto es que en el caso, no se está en ninguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite promover una demanda a favor de otro (actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional), razón por la cual, no ha lugar a tenerla instando la protección constitucional a favor del mencionado. De igual manera, se advierte que en el caso el acto que se reclama no causa afectación (perjuicio) a la promovente ******, por lo que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XXIII. En los demás casos en la que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5. De esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que este Ley lo permita". Ello es así, ya que la quejosa ******, en su escrito de demanda, refiere que tiene interés legítimo para instar la protección constitucional en favor de su esposo ********, ya que los actos reclamados, repercuten y le causa agravio personal y directo a ella y a su familia. Tales actos como ya se dijo, los hace consistir esencialmente en: La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal 1123/2016, de donde deriva la orden de reaprehensión dictada fuera de procedimiento judicial y la ejecución de ésta. Ante todo conviene recordar, que en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alegue ser titular de un derecho subjetivo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica; así, su afectación se traduce en una perturbación, disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso, los actos que se combaten no afectan derechos fundamentales de la aquí quejosa. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Se estima así, dado que la quejosa, aduce que el interés legítimo que la faculta para promover el presente juicio de amparo, radica en el hecho de que, con la emisión de los actos reclamados, se le afecta de manera personal y directa desde el momento en que su esposo *******, no está produciendo ingresos y no aporta al cumplimiento de las obligaciones de subsistencia familiar, y le afecta moralmente ante la incertidumbre de que su esposo sea reaprehendido por órdenes ilegales y fuera de procedimiento judicial desde el momento en que debe prevalecer el auto de libertad dictado con antelación en la causa penal 60/2016. Contrario a lo que argüye la promovente, tales consideraciones no resultan convincentes para acreditar que haya una afectación en su esfera de derechos. Lo anterior es así, porque por un lado, la determinación de la Sala Penal no va dirigida hacía la esfera jurídica de derechos de ******, sino en contra de una persona distinta, a saber, de su esposo y; por otro lado, la afectación que dice le ocasiona el acto reclamado descansa en meros menoscabos económicos (porque indica que lo sucedido ocasiona disminución en los ingresos de su esposo para la subsistencia familiar -aun cuando esa orden de reaprehensión no esté ejecutada y ella misma confiesa que su esposo está fuera del Estado por causas del trabajo- aspectos que no son los que se protegen en el juicio de amparo, pues los perjuicios económicos no son materia de control constitucional, sino los perjuicios jurídicos que, como ya se vio no se ocasionan a la promovente, sino a su esposo respecto del que, en contrasentido refiere, está trabajando, por lo que entonces es inexistente un posible perjuicio aun económico. Tiene aplicación al particular, la tesis que sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 837, Volumen 83, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "PERJUICIO ECONOMICO Y PERJUICIO JURIDICO. EFECTOS EN AMPARO. El perjuicio económico que redunda exclusivamente en menoscabo del interés económico, no perjudica jurídicamente, a diferencia del perjuicio jurídico que entraña lesión a un derecho consagrado por la ley. Debe tenerse siempre en cuenta la diferencia que existe entre el perjuicio económico y el perjuicio jurídico que el acto reclamado puede ocasionar a la parte quejosa, en vista de que si sólo se afecta el interés económico, el juicio de amparo es improcedente en los términos de la fracción VI del artículo 73 de la ley de la materia." De igual manera, sirve de apoyo la tesis que sustento el Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 43, Volumen 63, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "INTERES JURIDICO Y PERJUICIO ECONOMICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los perjuicios económicos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado no dan derecho a la interposición del juicio de garantías, pues bien puede afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de la persona moral. Si las disposiciones impugnadas no se refieren a los derechos contenidos en la esfera jurídica de los quejosos, éstos carecen de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hacen debe declararse la improcedencia del juicio. Y la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 1111, Tomo XCI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO ECONOMICO Y PERJUICIO JURIDICO. El perjuicio económico redunda exclusivamente en menoscabo del interés económico y no perjudica jurídicamente, ya que el perjuicio jurídico entraña lesión a algún derecho consagrado por la ley. Por tanto, la existencia del primero, no es suficiente para fundar." Finalmente, en la especie, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que a letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La causa de improcedencia prevista en la porción normativa anteriormente trascrita, se traduce en lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de garantías que se encuentre pendiente de resolución. Su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, de la fracción de referencia se desprende que para que opere la causal de improcedencia en comento, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la norma general o acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, y contra las mismas autoridades responsables, y el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) Que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. En relación con la identidad de las autoridades Precisado lo anterior, conviene señalar que de la certificación de cuenta, se advierte que en el índice de este Juzgado Federal, se encuentra radicado el juicio de amparo número 1964/2016-VI, promovido por ******, en el que señala como acto reclamado destacado: La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal 1123/2016 por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, juicio de amparo que actualmente se encuentra pendiente de dictar sentencia, de ahí entonces que es indudable que el propio ******ya combatió vía amparo la determinación que ahora pretende la quejosa, por lo cual es viable que aquél, pudiera obtener sentencia propicia a sus intereses, con lo que, la impetrante pudiera resultar también favorecida. Delo anterior, se advierte que el juicio de amparo 1964/2016-VI y el que nos ocupa (274/2017-VI) del índice de este Juzgado, son promovidos por contra el acto derivado del Toca Penal 1123/2016. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis con rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Por tanto, se advierte que en ambos juicios se reclaman actos similares, a saber, la determinación de la Sala Penal que afecta la libertad de ******, pues con independencia de que en el juicio de amparo 1964/2016-VI señala como responsable a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en el presente asunto atribuya los actos a diversas autoridades, lo cierto es que esa imprecisión no impide que en el primer juicio de amparo promovido, para resolver la cuestión efectivamente planteada, se analice el acto aquí combatido, por lo que no repercute el hecho de que aquí no se haya señalado a la Sala como responsable. Para así corroborarlo, se ordena recabar copias certificadas de la demanda, auto admisorio y de la audiencia constitucional, que obran en los autos del juicio de amparo número 1964/2016-VI, del índice de este Juzgado. En consecuencia, al actualizarse las citadas causas de improcedencia señaladas y analizadas, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho e interés legítimo y en su calidad de esposa de ****, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" DOMICILIO Y AUTORIZADO Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; asimismo, se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que refiere, lo anterior por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. ... VI Notifíquese personalmente.
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