Rolando Antonio Perez Duran

Expediente 1551/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1551/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Rolando Antonio Perez Duran

Actuaciones

  1. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes; los cuales obran agregados en autos. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial y por rendidos en tiempo y forma los aludidos informes justificados de las responsables. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con la prueba instrumental pública de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que relacionó la parte quejosa en su escrito de demanda; así como con las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Por lo que el Juez declara CERRADO ESTE PERÍODO. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, no se da cuenta con promoción alguna. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO DICHO PERIODO. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver los autos del juicio de amparo 1551/2023-V-B, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 1551/2023-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se ordenó emplazar a la pare tercero interesado y se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO No ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la rendición de los informes justificados con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable reconoció la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente el quejoso quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La falta de notificación de los testigos a fin de desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio reclamatorio laboral número ******************** de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, ha quedado establecido, que se debe tener como acto reclamado por la parte quejosa la falta de notificación de los testigos a fin de desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio reclamatorio laboral número ********************. Sin embargo, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que con fechas diecisiete y dieciocho de octubre del presente año, el actuario responsable se constituyó a los domicilios de los testigos Rogelio Manuel Uc Cauich, Rubén Isai Caamal Tzuc, Manuel del Jesús Kantun Isaac, Heiner Isai Chávez Lazo, Hugo Briceño Glory, Antonio Andrés Rodríguez Vidal y Omar Adolfo Vertiz Santiago, empero, respecto de los testigos Heiner Isai Chávez Lazo, Antonio Andrés Rodríguez Vidal y Omar Adolfo Vertiz Santiago, se desprende que resultaron infructuosas por las razones que en ellas asienta, tal y como se acredita con las referidas constancias que remitió la Presidenta ya citada junto con su informe de ley. De lo anterior se advierte que, por una parte, ya se ordenó la notificación de los referidos testigos, y por otra parte, que el actuario ya efectuó las diligencias encomendadas, de ahí que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que respecto a la falta de notificación de los testigos a fin de desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio reclamatorio laboral número ********************, que reclama en este juicio de amparo ha desaparecido, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  2. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el doce de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnado el quince siguiente a este juzgado, comparecieron********************, Marcos Uitz Torres, ********************, ********************, Cesar Augusto Dorantes Rodríguez, Gustavo José Alemán Canto, ********************, ********************, Karla Evangelina Sierra Alcocer, ********************y ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. SEGUNDO. Desechamiento parcial y admisión de la demanda. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 1915/2022-VIII-B, se desechó la demanda respecto a los actos atribuidos al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado y Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC); por otra parte, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. TERCERO. Inconforme con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja en contra de la parte conducente del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que desechó la demanda. Por ejecutoria de trece de julio del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró parcialmente fundado el recurso de queja y ordenó al suscrito que admita la demanda de amparo respecto del acto atribuido al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, al impugnarse por vicios propios. CUARTO. Por auto de quince de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y ordenó continuarlo por su secuela legales; se admitió a trámite la demanda respecto del acto reclamado al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado; se solicitó su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete igual forma, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, como se precisó desde el auto admisorio, la parte quejosa reclama: Del Gobernador y Congreso del Estado de Yucatán, la aprobación y promulgación del decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, y publicado el mismo día en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el cual entró en vigor al día siguiente, en concreto los artículos 2, 3 fracciones XI, XIX y XXI, 6, 7, 11, 15, 20, 27, 49 fracciones I inciso c), 72, 107, 111, 112, 113, 116, 119, 125, 126, 127, 129, 130, 136, 137, transitorios primero, sexto, séptimo, octavo, noveno, y decimocuarto del mencionado decreto. Del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Del Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado, la transgresión y violación al artículo 19 de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán al publicar en forma inmediata el Decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el cual fue aprobado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, el cual se publicó ese mismo día en la Edición Vespertina, entrando en vigor el veintidós de julio de dos mil veintidós. TERCERA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Gobernador y al Congreso, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron expresamente al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Máxime que no es necesario acreditar la existencia de las normas reclamadas, pues basta su publicación en el Diario Oficial respectivo para comprobar esta circunstancia, ya que esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, visible a página 260, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual manera es cierto el acto atribuido al Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. Por su parte, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, por conducto de su apoderada, manifestó que no era cierto el acto reclamado, empero realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. Razón por la que se tienen por existentes los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, la apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores y la Directora Jurídica del Poder Legislativo, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, hicieron valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Esto, porque los quejosos no acreditaron la afectación que la legislación tildada de inconstitucional causa a su interés jurídico o legítimo, ya que no exhibieron documento alguno para acreditar que se encuentran dentro de las hipótesis normativas que dispone esa porción legal o frente a una especial situación jurídica. La causa de improcedencia alegada es por una parte infundada y por otra fundada. En principio, para analizar el planteamiento referido, se traen a contexto los artículos 61, fracción XII, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En principio, resulta importante puntualizar que el interés jurídico es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio o menoscabo en sus derechos con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiendo como tal la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. En el caso, como los quejosos reclaman el Decreto 532/2022 por el que se emite la ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en su integridad, para la procedencia del juicio de amparo debe analizarse como autoaplicativa y no en su carácter de heteroaplicativa, al tenor de lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 229/2008 en el que analizó un caso similar en una ley federal, como se desprende de la transcripción siguiente: ".De lo antes expuesto se puede advertir que asiste razón a la parte quejosa en cuanto señala que el juez federal descontextualizó los conceptos de violación esgrimidos en su demanda de garantías, al aislar y estudiar por separado algunos de los preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues como quedó apuntado, aquella expresamente señaló como acto reclamado el referido ordenamiento en su integridad, había cuenta que en sus conceptos de violación esgrime argumentos enderezados a demostrar que toda la ley es inconstitucional por derivar de un proceso legislativo viciado y por transgredir la garantía de irretroactividad al desconocer los derechos adquiridos por los trabajadores en materia de seguridad social, en tanto prevé un nuevo régimen sustancialmente diferente al que regulaba la ley anterior. No pasa inadvertido para este Alto Tribunal que en sus conceptos de violación la parte quejosa hace referencia específica a determinados preceptos de la ley impugnada, sin embargo, ello lo realiza con la finalidad de destacar las disposiciones legales que afectan cada uno de los seguros y demás prestaciones económicas y en especie que comprende el nuevo régimen de seguridad social que regula la ley reclamada. . SÉPTIMO-. Naturaleza de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor. . En tal sentido y toda vez que en apartados precedentes quedó precisado que en la especie opera la suplencia total de la queja, en virtud de que los quejosos acreditaron ser trabajadores del Estado y los derechos controvertidos en el juicio de amparo son de naturaleza eminentemente laboral, este Tribunal Pleno considera que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe estimarse que las disposiciones que integran la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado conforman un sistema y que como tal, debe analizarse como autoaplicativo en su integridad, habida cuenta que en sus agravios, los quejosos solicitaron que al momento de resolver, en suplencia de la queja se tomaran en consideración los argumentos hechos valer en diversas demandas promovidas en contra del aludido ordenamiento." De modo que lo procedente es analizar como autoaplicativa la Ley reclamada. Una vez establecido lo anterior, dicha causa de improcedencia es infundada pues contrario a lo señalado por las referidas autoridades responsables, los quejosos ********************, ********************y ********************, sí acreditaron su interés jurídico, pues ofrecieron como medios de prueba sendas constancias de vigencias de derecho y diversos recibos de pago con sello digital del CFDI, correspondientes a pagos de nómina posteriores a la presentación de la demanda de amparo. Pruebas a las que se le otorga valor probatorio pleno, conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas con sello digital del CFDI, y no desvirtuarse su autenticidad y acredita que los quejosos son empleados públicos de Yucatán. En efecto, con esas documentales, se advierte que los quejosos señalados efectivamente son trabajadores al servicio del gobierno de esta entidad federativa. En ese contexto, es dable concluir que los quejosos sí se ubican dentro de las hipótesis del decreto reclamado tildado de inconstitucional, lo cual acredita el interés jurídico necesario para la promoción del juicio constitucional. Ahora, es fundada la causal de improcedencia en lo que se refiere a los quejosos Marcos Uitz Torres, Gustavo José Alemán Canto y Karla Evangelina Sierra Alcocer, ya que éstas no acompañaron a su demanda de amparo ni exhibieron durante la tramitación del juicio, prueba alguna fehaciente que acreditara que son servidores públicos de la Administración Pública Estatal. Esto, ya que únicamente exhibieron copias simples de su credencial para votar, de la credencial expedida por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Yucatán y dos recibos de nómina; documentales que resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que les asiste a los quejosos para acudir a esta instancia constitucional, conforme lo dispone el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues carecen de todo valor probatorio por la facilidad de su confección, modificación o alteración. En virtud de que no contiene alguna diversa característica que permita atribuirle la calidad de documento original, tales como folio fiscal, número de serie, CSD del emisor, sello digital del CFDI, número de serie de certificado del SAT, cadena original de complemento de certificación digital del SAT o sello digital del SAT o alguna diversa, propia de este tipo de documentos. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Asimismo, por lo que corresponde a********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, tal como lo alega la apoderada general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, ya que la Ley tildada de inconstitucional no les afecta en su interés jurídico, ya que ellos tienen un derecho adquirido y se rigen por lo dispuesto en el cuarto transitorio de la Ley del ISSTEY, toda vez que a la entrada en vigor de la ley impugnada, ya había alcanzado la edad y las aportaciones necesarias por lo que no les aplica la ley vigente; de ahí, lo improcedente de la demanda de amparo, por carecer de interés jurídico para combatirla. De ahí, que los referidas quejosos no son destinatarios de la ley reclamada y por tanto la misma no les afecta en lo absoluto, ya que por mandato propio del legislador, seguirán rigiéndose sus derechos adquiridos en las mismas condiciones y términos conforme al cuarto transitorio de la nueva Ley del ISSTEY, que dispone, en lo conducente, en relación con los trabajadores que a la entrada en vigor de la ley reclamada se encontraran cotizando al Instituto, que "lo mismo aplicará para las personas servidoras públicas que hubieran cumplido con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria reguladas por las fracciones I y II del artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal que se abroga hasta antes de la entrada en vigor del presente ordenamiento". Por ello, si la norma controvertida no ha incidido en los intereses jurídicos ni legítimos de los citados quejosos ya que no son destinatarios de la misma, deviene la actualización de la causa de improcedencia, habida cuenta de que la misma no le genera afectación. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página diecisiete, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." En consecuencia, no se puede tener por acreditado el interés jurídico que le debe asistir a********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, para reclamar la normativa que combate con su sola entrada en vigor. Máxime que tampoco demostró: a) un actuar de autoridad que les haya aplicado en alguna forma la ley impugnada; o b) que algún precepto de la misma les pueda afectar en forma alguna. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 267, Octava Época, Registro 206527, que indica: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma.". Por lo anterior, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, por lo que corresponde a los quejosos********************, ********************, ********************, ******************** y ********************; por lo que procede sobreseer en el juicio, en términos del ordinal 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Al no existir otras causas de improcedencia hecha valer por las partes o alguna que deba analizarse de oficio, lo conducente es entrar al estudio de los conceptos de violación. QUINTA. Análisis de los conceptos de violación. En sus conceptos de violación, los demás quejosos señalan que en el decreto reclamado los legisladores no acompañaron un balance financiero para acreditar y demostrar el quebranto económico por el que estaba atravesando el Instituto, sin superar con razonamientos lógico-jurídicos los argumentos del mencionado Decreto, que justifiquen sus decisiones, lo que transgrede los artículos 1° y 16 Constitucionales. Es infundado el motivo de inconformidad, dado que la ley aprobada sí contiene la justificación necesaria. En atención a lo alegado por la parte quejosa, es necesario tener en cuenta el tema de la motivación legislativa, al respecto en la controversia constitucional 32/2007, que dio lugar a la Jurisprudencia P./J 120/2009 el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la motivación legislativa puede ser de dos tipos: 1) Motivación reforzada: se trata de una exigencia del Tribunal Constitucional, dirigida a la emisión de ciertos actos o normas en los que puede llegar a afectarse algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional. Esta exigencia es desplegada por el Tribunal Constitucional cuando detecta en el acto legislativo alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos casos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre aquellos elementos que la ley o, en su caso, la Constitución Local, establecen como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un determinado acto. Este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y b) la justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. 2) Motivación ordinaria: tiene lugar cuando el legislador lleva a cabo sus funciones legislativas en las que no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto legislativo no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo en la merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos legislativos, por regla general, ameritan análisis poco estricto, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la función legislativa del Congreso, pues no es función del Poder Judicial de la Federación, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 120/2009 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Constitucional, Página: 1255, que señala: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. En el caso, el decreto reclamado consiste en la aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán que tiene por objeto establecer un régimen de seguridad social para las personas servidoras públicas, el cual abrogó la legislación anterior. De la lectura de las disposiciones respectivas se aprecia que el régimen de seguridad social que regula el decreto reclamado tiene por objeto garantizar a las personas servidoras públicas y beneficiarias, el derecho a la salud por medio del acceso a la asistencia médica, así como la satisfacción de sus necesidades básicas mediante el otorgamiento de diversas prestaciones económicas y sociales y establece los requisitos para acceder a la jubilación, a la pensión, entre otros temas, en los que se establece y modifica la edad mínima necesaria, acompañada de cierta antigüedad, como factores o presupuestos legales para la procedencia de tales prestaciones. Ahora bien, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, si las disposiciones de la ley reclamada establecen un régimen de seguridad social y tiene por objeto garantizar a las personas servidoras públicas y beneficiarias, el derecho a la salud, así como la satisfacción de sus necesidades básicas y entre otros fijan y modifican la edad de las personas como uno de los requisitos para acceder a ciertas prestaciones económicas y sociales, se arriba a la convicción de que la emisión de esas normas, puede llegar a afectar algún derecho fundamental protegido por la Constitución, como es el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Federal y además las normas podrían estar basadas en una de las categorías sospechosas a que se refiere el artículo 1° Constitucional, lo que amerita una motivación reforzada por parte del legislador. En el caso, se cumplió con la motivación reforzada, toda vez que el legislador describió los antecedentes fácticos o circunstancias que permiten deducir que procedía realizar las normas correspondientes, por lo que se justifica la creación del decreto reclamado; y también expuso de manera objetiva y razonable, los motivos por los que determinó la emisión de ley reclamada. En efecto, del decreto aprobado, se aprecia que se plasmó la exposición de motivos, en los cuales en los puntos tercero y cuarto el Congreso del Estado de Yucatán, desarrolló ampliamente los antecedentes relacionados con la regulación sobre seguridad social, existente tanto en la legislación a nivel federal, como estatal, pues en cuanto a la primera se señaló entre otras cosas que el derecho a la seguridad social se contempló en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se expidió en 1917, donde se consideró de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes, entre otros, y se encargaba a los gobiernos fomentar la organización de instituciones de esta índole. Que dentro de las reformas constitucionales más importantes, se encuentra la realizada el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, al crear la distinción entre los trabajadores particulares y los trabajadores al servicio del estado. Posteriormente, se crearon tres instituciones encargadas de la seguridad social en México; entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social y, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores y en cuanto a ésta, en el 2007 se dio un cambio en el régimen de seguridad social de los trabajadores de los poderes de la unión, creando el esquema de cuentas individuales, la reagrupación de los veintiún seguros y prestaciones, en cuatro seguros y cuatro tipos de prestaciones, así como la creación del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado denominado Pensionissste, entre otros. Por otro lado, en cuanto a los antecedentes del ámbito estatal, se relató que la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 87, fracción VIII señala la importancia de mejorar las condiciones de los trabajadores a fin de que alcancen metas de superación intelectual y beneficios de seguridad social y pensiones en los cauces de las normativas aplicables en materia de seguridad social. Se asumió que es responsabilidad del Estado velar por el bienestar de sus trabajadores y sus familias, por lo que se expidió, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, la cual data de 1976, creando a su vez al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), como el órgano encargado de establecer un régimen de seguridad social para los servidores públicos. Se expuso que, aunque la ley citada con el paso del tiempo ha tenido diversas modificaciones, han sido insuficientes para establecer las condiciones necesarias para la sustentabilidad financiera y operativa que requiere el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán para garantizar que el sistema pensionario en el Estado pueda continuar de una manera eficaz y positiva, pues se encuentra en un punto crítico, ya que el incremento poblacional es superior a la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar, y que dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación aumente de manera exponencial, lo que significará un desbalance en el presupuesto del citado Instituto. Además que el sistema de pensiones ha quedado rebasado y actualmente resulta inviable debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, mal diseño del sueldo regulador o la insuficiencia de aportaciones, factores que representan un cambio descomunal en las circunstancias que existían al momento de planear el sistema pensionario vigente. Por esos motivos, el Congreso consideró necesario modificar sustancialmente el esquema pensionario existente de los trabajadores al servicio del Estado, y señaló que de continuar así, se generaría un colapso financiero ante la falta de adaptabilidad a los tiempos modernos que permitan una mayor rentabilidad presupuestal a mayor tiempo, por lo cual se estableció la necesidad de planificar un nuevo sistema que le permita al ente público mantener unas finanzas estables capaces de afrontar el reto del continuo crecimiento poblacional, al mismo tiempo que sea capaz de mantener dicho esquema por un tiempo cada vez mayor, dando así cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano. En ese sentido, es claro que las razones expresadas, ponen de manifiesto, cuáles fueron los antecedentes y circunstancias que llevaron al legislador a proponer un cambio en el régimen de seguridad social, a fin de garantizar la estabilidad en el sistema pensionario en el Estado, pues esencialmente, se indicó que las modificaciones a ley abrogada han sido insuficientes para lograr la sustentabilidad financiera y operativa que requiere el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y que debido al incremento poblacional, así como la esperanza de vida, se supera o rebasa la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar. De igual forma, en las exposición de motivos, se aprecia de manera objetiva las razones por las que se determinó la emisión de la ley reclamada, pues en concordancia con los antecedentes, se indicó que el objetivo central de la iniciativa, es garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras, a través de un sano financiamiento, soportado por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa, así como, la modificación de otros parámetros que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario. También se indicó que no se afectaría el régimen de seguridad social de los actuales pensionados; pero si habría una modificación gradual para las personas servidoras públicas en transición, pues se pretendía aumentar los años de cotización y/o edad requerida para que puedan acceder a la pensión por jubilación o vejez conforme al esquema planteado en las disposiciones transitorias. De la misma manera, los meses para promediar el sueldo regulador, se incrementan gradualmente, para aminorar su efecto y cumplir con los objetivos de la nueva ley que se propone. En ese sentido, esos motivos, justifican de manera razonada (reforzada) la necesidad en la consecución de los fines constitucionales, relacionados con el derecho a la seguridad social, consistentes en proteger a las personas contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, ya que el Congreso ponderó de manera específica la forma cómo se pretende obtener la sustentabilidad del sistema de pensiones, esencialmente a través de las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa, así como, la modificación de parámetros aumentar los años de cotización y/o edad requerida para que puedan acceder a la pensión por jubilación o vejez. En tal virtud, en el caso el legislador cumplió con una motivación reforzada, pues partiendo del hecho de que la iniciativa versaba sobre un derecho fundamental o relevante constitucionalmente, como es el derecho a la seguridad social, razonó de manera amplia, clara y objetiva, tanto los antecedentes, como las finalidades que lo llevaron a discutir y aprobar la iniciativa, para lograr por una parte garantizar a las personas servidoras públicas y beneficiarias, el derecho a la salud por medio del acceso a la asistencia médica, así como la satisfacción de sus necesidades básicas mediante el otorgamiento de diversas prestaciones económicas y sociales y por otro lado, evitar el colapso financiero del sistema pensionario. Sin que por el hecho de que los legisladores hayan adoptado en buena medida los motivos que se plasmaron en la iniciativa original, implique una violación a los derechos fundamentales de fundamentación y motivación previstos en los numerales 14 y 16 Constitucionales, toda vez que en modo alguno, las leyes y reglamentos legislativos les impide tal situación, es decir, la correspondencia entre la iniciativa y la exposición de motivos de la aprobación de una ley, pues lo cierto es que la exigencia constitucional es que lleven a cabo la discusión y en caso de aprobación realicen una motivación de los decretos, en este caso reforzada, conforme a los parámetros descritos en la jurisprudencia, lo cual en el caso cumplieron en los términos que han sido descritos; y es por ello que resulta infundado el concepto de violación respectivo. Máxime que, el Constituyente no consideró a la exposición de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes, por lo que el hecho que en la caso la expuesta sea similar a la de la iniciativa original, en modo alguno provoca la invalidez del decreto. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J. 15/1992, sustentada en la octava época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo: 52, abril de 1992, página 11: "LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN. La Constitución de la República no instituye la necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen. El Constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes. De ahí que el Congreso de la Unión puede apartarse de las razones o motivos considerados en la iniciativa, modificar los textos propuestos y formular los que en su lugar formarán parte de la ley, aunque éstos tengan alcances o efectos distintos o incluso contrarios a los expresados en la exposición de motivos por el autor de tal iniciativa. Por ello, desde el punto de vista constitucional, las exposiciones de motivos no condicionan en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia." Además, en la exposición de motivos sí se justifica la modificación estructural al sistema pensionario, pues se indicó que se encontraba en un punto crítico, ya que el incremento poblacional es superior a la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar, y que dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación aumente de manera exponencial, lo que significará un desbalance en el presupuesto del citado Instituto. Asimismo, se indicó que el Estado de Yucatán no puede permitirse un sistema de pensiones debilitado, por lo que se requiere planificar un nuevo sistema que le permita al ente público mantener unas finanzas estables capaces de afrontar el reto del continuo crecimiento poblacional, al mismo tiempo que sea capaz de mantener dicho esquema por un tiempo cada vez mayor, dando así cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano. En tal virtud, como ya fue analizado en párrafos anteriores, el legislador estableció una motivación reforzada para justificar la modificación estructural al sistema pensionario; de ahí que resulte infundado lo alegado. En su diverso concepto de violación, los quejosos refieren que el incremento de la cuotas y aportaciones establecidos en el numeral 20, fracciones I y II, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, transgreden el principio de progresividad y legalidad establecidos en los artículos 1° y 16 Constitucional, por lo que piden se declare su inconstitucionalidad. Es infundado lo anterior. Resulta necesario señalar que el derecho de seguridad social está reconocido en la fracción XI, inciso a), del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la jubilación como una de las bases mínimas que deben observarse en materia de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. El derecho a la seguridad social está reconocido como derecho humano en diversos instrumentos internacionales; como son: Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Artículo 22 "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad." "Artículo 25 "1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad..." Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Derecho a la seguridad social "Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia." Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (protocolo de Buenos Aires) "Artículo 43 "Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: "... "b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; ..." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Artículo 9 "Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social." Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" "Artículo 9 "Derecho a la seguridad social "1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. "2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto." Los instrumentos internacionales preinsertos son coincidentes en señalar a la seguridad social como un derecho humano tendiente a proteger a la persona humana en su rol de trabajador, pero sobre todo contra el riesgo de la inactividad laboral con motivo de la vejez; de manera que la obligación que adoptaron los Estados parte de su suscripción fue la de proveer y procurar de mecanismos suficientes y necesarios para garantizar a las personas el disfrute de este derecho humano. Como se anticipó, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumple con los compromisos internacionales citados, al reconocer como derecho humano el de la seguridad social y establecer el derecho de los trabajadores al servicio del Estado a recibir una pensión jubilatoria, que cubre las contingencias de la inactividad laboral con motivo de los años de servicios. Sin embargo, al igual que los instrumentos internacionales, no precisa los presupuestos de acceso al derecho a la seguridad social, en relación con la obtención de una pensión jubilatoria y demás prestaciones relacionadas con la seguridad social, ni la forma de calcular los montos respectivos, por lo que es incuestionable que deja al legislador ordinario la regulación de tales aspectos. Luego, el decreto reclamado por el que se expidió la normatividad que tilda de inconstitucional, esto es, la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán su fin primordial es establecer las reglas que harían posible la materialización del derecho fundamental sustentado por la Constitución Federal. Ahora, el Máximo Tribunal del País, ya se pronunció sobre los alcances del reconocimiento y protección del derecho a la seguridad social en los instrumentos internacionales referidos, al resolver el amparo directo en revisión 2690/2014. En la ejecutoria correspondiente, se sostuvo que la protección del derecho a la seguridad social implica la adopción de un sistema con diferentes planes, en cuyo diseño los Estados gozan de un margen de configuración, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, mediante planes que deben ser sostenibles, a fin de asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer este derecho. También se sostuvo que es conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la adopción de planes contributivos, y el que una persona cotice a un plan de seguridad social que ofrece prestaciones para suplir la falta de ingresos, con base en cálculos que debe haber relación entre los ingresos de los trabajadores, las cotizaciones abonadas y la cuantía de la prestación pertinente. Entendido así, que una de las manifestaciones del derecho humano a la seguridad social es el establecimiento de mecanismos suficientes y necesarios para procurar a las personas una pensión jubilatoria, que cubra la contingencia de la inactividad laboral con motivo de los años de servicios. Consecuentemente, las legislaturas locales tienen libertad de configuración legislativa, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales, sin que tengan la obligación de ajustar su legislación a las leyes federales reglamentarias del artículo 123 constitucional. Se cita en apoyo al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 68/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2003792, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral, que señala: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. De los artículos 115, 116, fracción VI, 123, apartado B y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus diversos procesos de reforma, se concluye que el Constituyente dejó en manos del legislador estatal la creación de leyes de trabajo que regulen las relaciones laborales con los trabajadores al servicio de cada entidad federativa. En este sentido, no se obligó a los congresos locales a reproducir el contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada apartado del artículo 123 constitucional, pues de lo contrario, no se respetaría el Estado federado, sino que se impondría indiscriminadamente la aplicación de leyes federales bajo un inexistente concepto de "ley estatal". Consecuentemente, las legislaturas locales tienen libertad de configuración legislativa en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales, sin que tengan la obligación de ajustar su legislación a las leyes federales reglamentarias del artículo 123 constitucional." En ese sentido, se aprecia que el legislador en los artículos 110, 111, 112, 113 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, estableció los requisitos para acceder a las pensiones por razón de jubilación; retiro anticipado; vejez; retiro anticipado en edad avanzada, de los que se aprecia que en relación con la ley abrogada modificó (aumentó) la edad y los años de cotización como un factor para fijar el porcentaje que corresponderá por el monto de la pensión respectiva; además, se adicionó el concepto de salario regulador, que también confluye para la determinación del monto respectivo. De igual forma, en el numeral 119, de la ley reclamada aumentó los años de cotización como factor para determinar el monto de la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo. En ese sentido, si el legislador goza de un margen de configuración, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad, resulta claro que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán reclamada, al establecer los mecanismos en lo relativo al aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro anticipado, vejez y retiro anticipado en edad avanzada, así como el incremento de las cuotas y aportaciones respectivas, con la finalidad de procurar a las personas la obtención de la pensión que corresponda al caso, se encuentra plenamente justificado y, no se oponen, ni contravienen el derecho de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales aludidos. En efecto, si la ley reclamada a través de los mecanismos modificados para gozar de una pensión, pretende garantizar la satisfacción de las necesidades básicas mediante el otorgamiento de diversas prestaciones económicas y sociales y a que se refiere el numeral 50 de la ley reclamada, como es el pago de las pensiones y jubilaciones, puede colegirse que salvo en lo relativo a fijar el salario regulador, como la base para calcular o fijar el monto de las pensiones o prestaciones económicas correspondientes, no es violatorio de derecho, ni injustificado, toda vez que la normatividad reclamada establece medidas para asegurar en lo presente y futuro el derecho humano de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que no sea desproporcional ni inequitativo. Ahora bien, el citado numeral 20, fracciones I y II, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán establecen que toda persona servidora pública deberá cubrir al instituto una cuota obligatoria equivalente al 15% de su salario de cotización. La cual se aplicará de la siguiente forma: 13% para el fondo de pensiones y 2% para el fondo de servicio médico. Cuando la ley abrogada establecía un dos por ciento de su sueldo básico, que comprende el sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación, para cubrir los seguros de enfermedades y de maternidad; y un seis por ciento para tener derecho a las demás prestaciones. Por su parte, el artículo 21 de dicha legislación señala que las entidades públicas entregarán al instituto, como aportaciones, el equivalente al 21.75% del salario de cotización de cada persona servidora pública que labore en ellas las que se aplicarán 15.75% para el fondo de pensiones y 6% para el fondo de servicio médico. Ahora bien, dichas modificaciones no violan el principio de irretroactividad de la ley, ya que no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada, que contemplaba la anterior ley abrogada, Luego, en el caso, el incremento en las cuotas tampoco puede estimarse que implica una regresión, ya que por una parte, no se aprecia que sea desproporcional si se toma en consideración que se hará paulatinamente y además tiene como finalidad garantizar la consecución de esos fines asociados a la seguridad social, como es el derecho a recibir pensión o jubilarse. Cabe señalar que si bien la pensión y la jubilación son el resultado del esfuerzo en la vida laboral de los trabajadores, cierto es también que sólo se accede a estas mediante la cobertura de una serie de requisitos previstos en la ley correspondiente. Uno de los primordiales para su otorgamiento por parte del Estado es de naturaleza contributiva, que precisamente consiste en el pago por parte de los trabajadores y del propio Estado de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante todo el tiempo en el cual prestaron sus servicios. Entonces, sin ese pago de las cuotas y aportaciones no sería factible el pago de las pensiones presentes o futuras para cualquier persona servidora pública. Luego, si ya se vio que el legislador tiene plena libertad configurativa para establecer los mecanismos y requisitos para la protección del derecho a la seguridad social, lo que implica la adopción de un sistema con diferentes planes, en cuyo diseño los Estados gozan de un margen de configuración, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, es claro que el aumento de cuotas y aportaciones, forma parte de esos mecanismos para garantizar el derecho a la seguridad social. Ahora bien, en el caso de la ley reclamada, no se aprecia que el incremento de cuotas sea regresivo, pues además de tener como finalidad garantizar el sistema de pensiones presente y futuro, no se advierte que sea desproporcional si se toma en consideración que se hará paulatinamente o gradualmente de conformidad con la tabla que aparece en el artículo octavo transitorio, como se ve enseguida: "Octavo. Cuotas de las personas servidoras públicas en transición Tratándose de las personas servidoras públicas en transición, las cuotas a que se refiere la fracción I del artículo 20 de esta ley, serán de un porcentaje de su salario de cotización establecido en el artículo séptimo transitorio de este decreto, de acuerdo con la siguiente tabla: Año Porcentaje 2022 6.00% 2023 7.00% 2024 8.00% 2025 9.00% 2026 10.00% 2027 11.00% 2028 12.00% 2029 en adelante 13.00% Las cuotas a que se refiere la fracción II del artículo 20 de esta ley, serán del 2.00% del salario de cotización del servidor público en transición. Las personas servidoras públicas en transición que perciban por jornada normal de trabajo únicamente el salario mínimo, quedan relevados del pago de las cuotas que se fijan en este artículo transitorio, las cuales serán cubiertas por la entidad pública en donde presten sus servicios." Lo expuesto implica que los aumentos son graduales, cada uno equivalente a un punto por ciento 1.00%, por cada año, que si se compara con el incremento que en un año tuvo el salario (mínimo general del país, a excepción de la zona fronteriza) por ejemplo de dos mil veintiuno a dos mil veintidós, pasó de $141.70 a 172.87, el porcentaje de aumento fue del 22% - dato que es publicado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos-, por lo resulta que el incremento en la cuota es notoriamente menor al aumento del salario mínimo. Así, si las cuotas y aportaciones deriva del salario de cotización y éste en términos del artículo 3, fracción XIX se integra con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación, pero el salario de cotización mensual en ningún caso podrá ser menor que el salario mínimo general, entonces, como el aumento de la cuota es gradual de uno por ciento cada año, el porcentaje de aumento es paulatino y al inicio es por 6%, el cual es menor a la cuota que previa la ley anterior y tiene un tope de 13%, que no es desproporcional, incluso para un trabajador que obtenga el salario mínimo,(que no estaría en el supuesto, por excluirlo la ley) pues ya se vio en el ejemplo que el porcentaje de incremento de salario mínimo es mayor al de cuota, por lo que puede advertirse que tratándose de incrementos que son de sólo un punto porcentual anual de manera paulatina y existe un tope, no son desproporcionales, dado que la relación que puede guardar ese aumento porcentual en comparación con el del salario, podrían ser inclusive menores y se prevé una gradualidad para aminorar su efecto y cumplir con los objetivos de la nueva ley. Además, de conformidad con el artículo 107 de la ley reclamada, las pensiones se incrementarán anualmente e independientemente de su monto, en la misma proporción en que se incremente el índice nacional del año calendario anterior. De lo anterior, es claro que si bien existe un aumento gradual en las cuotas y aportaciones, también se estableció un incremento de las pensiones, lo que evidencia o vislumbra que existe un objetivo de proporcionalidad entre una y otra situación, pues no sólo se impone una carga, sino también el derecho a la pensión incrementa. En esa virtud, la modificación de cuotas y aportaciones con independencia de que su pago con la vigencia de la presente ley inicie en un porcentaje menor al que establecía la ley anterior, de cualquier forma está sujeto a ciertos aumentos graduales, que en todo momento tienden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en términos financieros Por otra parte, no puede afirmarse que los incrementos en las cuotas así previstos vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores, pues las modalidades en la procuración de los distintos aspectos de la seguridad social prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la Constitución Federal, no se encuentran en dicho precepto, sino que el Constituyente ha dejado al legislador la facultad de su regulación, por lo que válidamente puede cambiar el régimen de financiamiento de los seguros mientras éste resulte razonable, lo que así se demostró con el análisis de proporcionalidad efectuado. Además, el régimen de pensiones y jubilaciones debe ser un sistema sólido que permita retribuir a los trabajadores la función desempeñada durante su vida en activo, pues justamente en la vejez, muerte o con motivo de una incapacidad permanente cuando el trabajador o dependientes económicos no se encuentran en la posibilidad de generar recursos propios que les permitan la continuidad de una vida digna y decorosa que les asegure su subsistencia o la de sus dependientes económicos. Al respecto, en la exposición de motivos del Decreto reclamado se consideró que, en la actualidad el ramo de seguridad social gasta más de lo que percibe por el concepto de cuotas y aportaciones, por tanto, se estimó necesario ir incrementando su cobertura y mejorar el servicio; por lo cual, se estableció el aumento gradual de las cuotas no sólo de los trabajadores, sino también las aportaciones provenientes tanto de las entidades públicas como de las personas servidoras públicas. Lo cual tiene como objetivo primordial dar cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano y por ende, debe realizar los ajustes necesarios para lograr esa finalidad en favor de las personas. Se enfatizó que, la iniciativa tiene como objetivo central, garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras y que dicho objetivo sólo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento, soportado por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa que se detalla en la iniciativa en comento, así como la modificación de otros parámetros que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario. Además, se indicó que el incremento, es con el propósito de continuar cumpliendo con las obligaciones del organismo para con las personas servidoras públicas en activo y las personas pensionadas, por tanto, resultaba necesario considerar los ajustes correspondientes al pago de las cuotas que realizan los trabajadores y a las aportaciones que entregan las entidades públicas para los respectivos fondos de pensiones y de servicio médico. Asimismo, que a través de esta medida se le otorga la fortaleza financiera que requiere el sistema de pensiones, para que sea un instrumento útil a largo plazo y de esta forma el ISSTEY cumpla con los fines sociales que la ley le encomienda. Con ello se estarían equiparando los niveles de aportación que se realizan en otras entidades del país para sus institutos de jubilaciones y pensiones, así como las correspondientes en materia federal. En ese tenor, ésta plenamente justificado el aumento de cuotas y aportaciones, el cual se realizará de forma gradual, sin que por ello, haya una afectación o disminución del servicio de seguridad social a los trabajadores, sino que por el contrario las exposición de motivos y las disposiciones de la ley analizadas en su conjunto, permiten advertir que el aumento y modificación de cuotas y aportaciones lo que se pretende es garantizar esa prerrogativa de los todos los trabajadores del Estado de Yucatán. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 87/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2015304, Décima Época, Materias(s): Constitucional, que señala: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos. No está por demás señalar que la normatividad reclamada establece medidas para asegurar en lo presente y futuro el derecho humano de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no sólo es objetivo de la exposición de motivos, si no que en relación con ello, los numerales 2, 45 a 48 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, reclamada establecen que los ingresos que reciba el instituto, por cualquier título, se aplicarán única y exclusivamente a cubrir las prestaciones que contempla esta ley, así como sus gastos de administración. Las cuotas y aportaciones ordinarias para el fondo de servicio médico se registrarán y destinarán única y exclusivamente a los rubros de dicho servicio; y las cuotas y aportaciones ordinarias para el fondo de pensiones se registrarán y destinarán única y exclusivamente a pensiones, prestaciones sociales, gratificación anual, así como a los gastos de administración del instituto y, en su caso, a los préstamos establecidos en la ley reclamada. Además, se establece que, el instituto deberá ejercer presupuesto anual de egresos, con criterios de disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia y transparencia, sin que ello afecte la atención a las personas servidoras públicas, pensionadas, así como sus personas beneficiarias y destaca que el pago de las pensiones y el otorgamiento del servicio médico, así como sus respectivos gastos de administración, serán prioritarios sobre el pago u otorgamiento de las demás prestaciones establecidas en la citada ley. De igual forma, se establece que el instituto deberá constituir reservas para el cumplimiento de obligaciones futuras con los remanentes que se generen después de cubrir las prestaciones establecidas en la propia ley, así como los gastos administrativos del instituto, y deberá contar, por lo menos, con un fondo de servicio médico y un fondo de pensiones. En ese sentido, resulta patente que las disposiciones del decreto reclamado, establecen una serie de mecanismos, no sólo para aumentar las cuotas y aportaciones y los requisitos para acceder a las pensiones, sino que de manera prioritaria tiene como finalidad garantizar en lo presente y futuro el derecho humano de seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los recursos que se capten, integraran diversos fondos para la satisfacción de la atención médica y de salud, y es patente la obligación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Yucatán, para ejercer el presupuesto de egresos con la prioridad de pagar las pensiones y el otorgamiento del servicio médico, así como sus respectivos gastos de administración. Además, de la exposición de motivos, se aprecia que financieramente no es viable mantener el actual sistema de pensiones, por lo que se pretende un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social, el cual se traduzca en otorgar viabilidad al sistema de pensiones actual y, por consiguiente, tratar de asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado, habida cuenta que de no hacerlo, generaría un colapso financiero y se estima que podría obligar a un subsidio constante por parte del Gobierno, lo que sería injusto para la sociedad que tiene que financiarlo con sus contribuciones, cuando el artículo 8 se requirió planificar un nuevo sistema que le permita al ente público mantener unas finanzas estables capaces de afrontar el reto del continuo crecimiento poblacional, al mismo tiempo que sea capaz de mantener dicho esquema por un tiempo cada vez mayor. Lo que se refleja en la exposición de motivos y en el numeral 8 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, del que se advierte que el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán se integra por recursos provenientes de diverso ámbitos, para dar cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano. De no corregirse el problema, el déficit actual del sistema de pensiones no sólo pondrá en peligro el pago de las pensiones sino además al propio Instituto de Seguridad Social de Yucatán y la prestación del servicio que brinda de seguridad, salud y servicios sociales en sí mismo. De todo lo expuesto, se determina que no existe una transgresión al principio de proporcionalidad, ya que si por una parte el legislador tiene plena libertad configurativa para establecer los mecanismos y requisitos para el pago de una pensión, lo cual no viola el derecho humano a la seguridad social y por otra parte, si no se hicieran las reformas, continuándose con las condiciones del régimen anterior, habría un colapso financiero que podría afectar no sólo al sistema de pensiones, a los propios trabajadores, a los pensionados, sino también al instituto de seguridad social para seguir brindando a las personas la atención y servicio de seguridad social. Entonces, si la nueva ley, pretende la prevalencia de ese derecho humano a la seguridad social, se aprecia que se pretende garantizar la consecución de esos fines asociados a la seguridad social, el derecho a recibir pensión o jubilarse en el presente y futuro, pues el objetivo es el mantenimiento del esquema pensionario a través de determinadas modificaciones en los requisitos como son el aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro anticipado, vejez y retiro anticipado en edad avanzada, así como el incremento de las cuotas y aportaciones respectivas, lo cual se encuentra plenamente justificado y por tanto, no se transgrede el principio de progresividad. En tal sentido, no puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador y las aportaciones, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos humanos, que reconoce el artículo 1° Constitucional y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de "San Salvador", adicional a dicha Convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, habida cuenta que en apartados precedentes quedó demostrado que dichas modificaciones no afectan derechos adquiridos, y no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada que regula la Ley abrogada. En virtud de lo hasta aquí expuesto, y al haber resultado infundados los motivos de disenso y no resultar inconstitucionales dichos preceptos, se niega a ********************, ********************y ********************, el amparo y la protección de la Justicia Federal, únicamente respecto del artículo 20, fracciones I y II, en relación con el 48 y 49 fracción I, inciso C, de la Ley Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. SEXTA. Análisis en relación a la inconstitucionalidad del artículo 3, fracción XXI, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en relación con el séptimo transitorio de la propia legislación. Ahora bien, a continuación se procederá al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en los que medularmente, ataca el salario regular previsto, en el artículo 3, fracción XXI, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en relación con el séptimo transitorio de la propia legislación, devienen inconstitucionales, en virtud de que en dichos numerales se considera como medida de cálculo para la pensión del trabajador, el salario regulador, constituido por el ochenta y cinco por ciento del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional; dicho motivo de inconformidad debe reputarse fundado, atentas las consideraciones siguientes. Primeramente, es pertinente destacar que, en el caso a estudio, la suplencia de la queja opera a favor de los trabajadores, aun ante la ausencia de conceptos de violación, en tanto dicha figura jurídica tiene por objeto atemperar los tecnicismos del juicio de amparo, para dar relevancia a la verdad jurídica. Así se desprende de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 39/95, que es del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.', establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." Asimismo, debe tenerse presente que los derechos controvertidos en este juicio de amparo inciden en las prestaciones de seguridad social que corresponden a los trabajadores al servicio del Estado. Lo anterior, en virtud de que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, regula las bases mínimas de la seguridad social, cubriendo los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. Así, la calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y la naturaleza jurídica del acto reclamado, son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a favor de éste. A dicha conclusión se arriba empleando las elementales reglas de la lógica jurídica, pues la contraparte del trabajador quejoso en el juicio de amparo lo es la autoridad responsable y la teleología de la citada suplencia es lograr que dicho trabajador tenga la misma oportunidad de defensa en la hipótesis en que el amparo lo hubiera promovido el patrón, quien cuenta con los recursos económicos suficientes para su asesoramiento jurídico en el combate del acto reclamado. Las consideraciones antes precisadas se contienen en la tesis 2a. XXXII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio comparte este Tribunal Pleno, que a la letra dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y, POR EXTENSIÓN, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AUNQUE DICHO ACTO SEA FORMALMENTE ADMINISTRATIVO. Al establecer el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto de carácter formalmente administrativo, así como la inconstitucionalidad del precepto que sirvió de fundamento para su emisión, que afectan un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo es la gratuidad de los actos y actuaciones derivados del juicio laboral, ya que se pretende gravar, por concepto de derechos en el Registro Público de la Propiedad, la inscripción del embargo decretado en su favor en dicho juicio, no por ello debe entenderse que se está en una materia en la que no procede suplir la deficiencia de la queja." Luego, es inconcuso que en la especie opera la suplencia total de la queja, toda vez que quienes promovieron el presente juicio de amparo, son trabajadores del Estado y los derechos controvertidos son de naturaleza laboral, en tanto se impugna la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Una vez sentado lo anterior, a fin de analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, debe decirse que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General de la República, consagra como derecho fundamental de seguridad social paras los trabajadores al servicio del Estado, entre otros aspectos, la jubilación y la vejez. Dicho artículo es del tenor literal siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: .XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." En ese sentido, es menester indicar que el seguro de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, más que proteger una contingencia, tiene por objeto asegurar al trabajador una vejez digna y decorosa, lo que de suyo implica que el monto de la pensión correspondiente debe permitirle conservar la calidad de vida que tenía antes de retirarse del servicio. Por tanto, una de las mayores conquistas burocráticas en materia de seguridad social, fue la de reducir el período para promediar el sueldo básico sobre el cual se calculará el monto de la pensión, precisamente porque en el Estado de Yucatán, conforme al numeral 70 de la abrogada Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, se consideró como salario último de cotización para tal efecto, el promedio mensual de todas las percepciones computables al servidor público correspondientes a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en la que laboraba. En esa virtud, resulta dable concluir, fundadamente, que la condición impuesta por el legislador en el invocado arábigo 3, fracción XXI, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, para calcular el monto de la pensión del trabajador, conforme al salario regulador, constituido por el ochenta y cinco por ciento del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional; es contraria a la finalidad esencial de la jubilación, consistente en que al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba una renta vitalicia que le permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio. Ello, precisamente porque al haberse indicado en el numeral 3, fracción XXI, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, que el salario regulador que servirá de base para cuantificar la pensión, será el equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional; impacta a la baja el monto que el trabajador percibirá al momento de optar por jubilarse, precisamente porque se tomarán como base sus últimos veinte años de servicio, con un monto relativo al ochenta y cinco por ciento de sus percepciones, en tanto que de conformidad con el artículo 70 de la anterior Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, se consideraba como salario último de cotización para efectos pensionarios, el promedio mensual de todas las percepciones computables al servidor público correspondientes a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en la que laboraba, lo que evidencia una violación al principio de progresividad, pues hay una regresión en la cantidad que obtendrá por pensión, pues ya no será el cien por ciento en ningún caso, ni aun ante el aumento de años de servicio o edad para jubilarse. Por ende, al establecerse en el señalado numeral 3, fracción XXI, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, un salario regulador que tomará como base un promedio salarial relativo a los últimos veinte años de servicio de la persona trabajadora, en un porcentaje actualizado del ochenta y cinco por ciento, deriva en que no sea factible garantizar que el trabajador reciba una pensión que le permita mantener la calidad de vida que tenía antes de separarse definitivamente del servicio activo, porque ese promedio será notoriamente menor al que percibía en ese momento. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "ISSSTE. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN LA PARTE QUE CONDICIONA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN SOBRE EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO PERCIBIDO EN EL AÑO ANTERIOR A LA BAJA, A LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN EL MISMO PUESTO Y NIVEL EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). El artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece las reglas para el otorgamiento y pago de pensiones de los trabajadores afiliados al referido instituto de seguridad social que no opten por migrar al sistema de cuentas individuales y, de manera particular su fracción IV, establece el salario base para su cálculo, señalando para tal efecto, como regla general, que las pensiones se calcularán con el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año anterior inmediato a la fecha de la baja del trabajador condicionado a que éste hubiera permanecido en el puesto y nivel los últimos tres años inmediatos anteriores a su baja, señalándose que en caso contrario, la pensión se calculará con el sueldo inmediato anterior a dicho puesto sin importar la antigüedad en el mismo. Ahora bien, esa condición es inconstitucional porque la justificación de política administrativa que invocó el legislador carece de razonabilidad, habida cuenta que se propicia una reducción en la cuantía de la pensión, lo que es contrario al fin esencial de la jubilación, consistente en que al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba un renta vitalicia que le permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio." No constituye obstáculo para arribar a la anterior conclusión, que el establecimiento de la condición referida en el arábigo antes indicado, de conformidad con la exposición de motivos de la legislación tildada de inconstitucional, se haya indicado la pertinencia en la instauración del citado salario regulador, con la finalidad de evitar futuros abusos que podrían generarse en la última etapa de la vida laboral accediendo a salarios más elevados para llevarse una pensión más elevada sin haber cotizado en ese nivel; sin embargo, dicha justificación carece de razonabilidad, ya que por una parte prejuzga sobre las razones que motivan el ascenso del trabajador y, por otra, la antigüedad en el puesto que tenía al momento de verificarse la baja no guarda relación con el promedio del sueldo básico sobre el cual se va a calcular la pensión, pues no debe soslayarse que éste no puede exceder del equivalente a $43,876.35 (Cuarenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos 35/100 moneda nacional) mensuales en el año dos mil veintidós, actualizables anualmente mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Debiéndose indicar que el anterior criterio encuentra sustento, además, en lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver el amparo en revisión 229/2008, en la que, por motivos similares a los aquí expuestos, consideró que la condición impuesta por el legislador al emitir la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para calcular el monto de la pensión sobre el promedio del sueldo básico disfrutado por el trabajador en el último año anterior a la fecha de baja, es contraria a la finalidad esencial de la jubilación consistente en que al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba una renta vitalicia que le permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio. Siendo que, como quedó evidenciado con antelación, en el caso a estudio, al determinarse en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, un salario regulador que tomará como base un promedio salarial relativo a los últimos veinte años de servicio de la persona trabajadora, en un porcentaje actualizado del ochenta y cinco por ciento, se actualiza el mismo supuesto indicado en el párrafo que antecede, precisamente porque ese promedio será notoriamente menor al que percibía en ese momento, impidiéndosele, por ende, disfrutar de una calidad de vida similar a la que tenía antes de optar por separarse del servicio público. En ese orden de ideas, es dable concluir que la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, relacionada con el artículo séptimo transitorio de la propia legislación, violan lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, procede conceder a la parte quejosa ********************, ********************y ********************, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto de dicha porción normativa reclamada. Efectos del amparo. En atención a las consideraciones expuestas, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, ********************y ********************, respecto de la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, relacionada con el numeral séptimo transitorio de la propia legislación, en la porción normativa que precisa "Salario regulador: equivale al 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional", para el efecto de que la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán:  No aplique a la parte quejosa, la disposición declarada inconstitucional, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; y,  El otorgamiento de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, de cesantía en edad avanzada, de invalidez o de muerte cuando se coloque en el supuesto respectivo y satisfagan los requisitos necesarios, se calculará considerando el promedio mensual de todas percepciones computables al servidor público, correspondiente a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en que laboraba el trabajador, conforme a los numerales 70 y 71 de la otrora Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal. En otro orden de ideas, debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza a diversas autoridades responsables Gobernador, Congreso y Director del Diario Oficial todos del Estado de Yucatán, que en el ámbito de su competencia expidieron, aprobaron, promulgaron y publicaron el decreto reclamado; sin embargo, ello no implica por parte de éstos la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 135, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." SÉPTIMA. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. NOVENA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marcos Uitz Torres, Gustavo José Alemán Canto, Karla Evangelina Sierra Alcocer,********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, contra los actos que reclamaron de las responsables, por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, ********************y ********************, contra los actos que se precisan en la consideración quinta, por los motivos expuestos en la misma. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, ********************y ********************, contra los actos del Congreso, Gobernador, Director del Diario Oficial y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores, todos del Estado de Yucatán, contra el acto consistente en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, relacionada con el artículo séptimo transitorio de la propia legislación, por los motivos y fundamentos expuestos y para los efectos precisados en la consideración sexta de esta resolución. CUARTO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.

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