Rolando Adelaido Garcia Alvarado
Expediente 2087/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 93 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2087/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 93
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rolando Adelaido Garcia Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 93.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual devuelve los autos del juicio de amparo 2087/2016-PJ, del índice de este Juzgado y copia certificada de la ejecutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, en cuyos puntos resolutivos, se determinó: "PRIMERO. Es infundado el presente incidente de inejecución de sentencia. SEGUNDO. Se deja insubsistente la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se determinó imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. TERCERO. Se declara que no existe materia para la ejecución de sentencia." En ese contexto, glósense únicamente las constancias que obren en original del cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. DEVOLUCIÓN DE ANEXO Finalmente, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con sede en Ayala, Morelos, las documentales que anexó a su informe justificado, lo anterior, para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a solicitar el acuse de dichas constancias. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado Federal y comunica el acuerdo de veintitrés de agosto actual, dictado por la superioridad en los autos del incidente de inejecución de sentencia 3/2021, por el que se admitió a trámite el incidente relativo; lo cual se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que, a la fecha ya transcurrió el término de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de diecinueve de septiembre del presente año, sin que hubiese realizado lo anterior. Por tanto, en cumplimiento al auto en cita y conforme lo establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, remítase los autos en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en turno, con sede en esta Ciudad, a efecto de que determine lo que conforme a derecho corresponda respecto a la imposibilidad de cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por escrito registrado con el folio 3020 y 3021. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, se procede con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; así como en observancia a la tesis 26/2000-XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Ahora bien, en la sentencia dictada por este Juzgado, el seis de abril de dos mil diecisiete, en su único punto resolutivo, se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Rolando Adelaido García Alvarado; sin embargo, el quejoso de mérito interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, por lo que en sesión de ocho de febrero de dos mil dieciocho, determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 2087/2016, del índice del Juzgado octavo de distrito en el Estado de Morelos, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria revisada." Por lo que seguidos los trámites, mediante sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en su segundo y tercer puntos resolutivos, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Rolando Adelaido García Alvarado, para el efecto de que la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, realizara lo siguiente: ".Se realicen las valoraciones pertinentes al quejoso por parte de un especialista que emitirá una segunda opinión y de ser indicado por este último, efectué los actos necesarios para la implementación de la prótesis total de rodillera de revisión. No obstante, previo a realizar la colocación de prótesis, deberá acreditar el cumplimiento de la obligación de informar al quejoso sobre los riesgos y consecuencia y alternativas a la condición de salud que presenta, y dicho procedimiento se realizará después de que el quejoso lo autorice conforme al artículo 79 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que podrían realizar de manera escrita y/o verbal. Por otra parte, la autoridad responsable deberá suministrar el medicamento necesario para el padecimiento que presenta el quejoso en su rodilla, antes y después del procedimiento anterior". La cual causó ejecutoria el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Seguidos los trámite de ejecución de sentencia, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; contra dicha determinación el quejoso Rolando Adelaido García Alvarado, interpuso recurso de inconformidad, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de inconformidad 47/2018, declaró fundada la inconformidad planteada por la parte quejosa, por las siguientes razones: " (.) Las anteriores manifestaciones resultan trascendentes, ya que se deberá analizar si la nota médica de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, así como la nota médica de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, son suficientes para estimar que en acatamiento a lo ordenado en el fallo protector se realizaron las valoraciones pertinentes al quejoso, por parte de un especialista a fin de emitir una segunda opinión en relación con el padecimiento que le aqueja, es decir, si un médico o grupo de médicos independientes de quien emitió el primer diagnóstico y plan de manejo, emitieron una opinión sobre estos aspectos, con objeto de confirmar la prestación del servicio de salud afín relacionado con la prevención, curación, rehabilitación, paliativa y gestión de los servicios de salud, entre otro, y si para ello era necesario que se tuviera a la vista la totalidad del expediente clínico del quejoso, cuestiones que son controvertidas en el ocurso de mérito. Sin que proceda que éste órgano colegiado dicte la resolución correspondiente, en razón que del oficio remitido por el Juzgado Octavo de Distrito del Estado de Morelos, no se advierte que hubieran sido enviadas la totalidad de las constancias relativas al expediente 2087/2016, de su índice, entre ellas, la copia certificada del expediente clínico del quejoso. En la inteligencia que lo resuelto en este fallo no debe permear en la procedencia de la petición formulada por la parte quejosa ante el juez de distrito, pues la decisión sobre dicha solicitud le corresponde a dicho juzgador, atendiendo a las constancias que obren en autos. Así, tomando en consideración que los motivos de agravio sustentados por el inconforme son fundados, lo que procede es declarar fundado el presente recurso dejando sin efectos el acuerdo recurrido, a fin de que el órgano del conocimiento emita una nueva determinación en la que observe lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y tome en cuenta las manifestaciones vertidas por el quejoso mediante escrito presentado vía correo el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en atención a la vista que le fue concedida mediante proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho, y resuelva lo conducente." Por lo que, en auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo y se dio vista a las partes con el oficio con número de folio 17910 y anexos, recibido en este órgano jurisdiccional el seis de agosto del citado año. En auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado de distrito estimó que no se encontraba debidamente cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Seguidos los trámites de ejecución de la sentencia de amparo, por oficio recibido el veintidós de marzo del presente año, registrado con el folio 2531, el Director de Administración en suplencia del Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos, manifestó la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que el quejoso Rolando Adelaido García Alvarado, fue puesto en libertad el diecinueve de marzo del presente año, en cumplimiento al oficio 2253, de la Jueza Cuarto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, dentro de os autos del expediente SE 73/2020, derivado del SIPE 3/2019, en relación con la causa penal 49/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo; anexando las constancias con las que acredita lo anterior. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO Ahora bien, la autoridad jurisdiccional al requerir el cumplimiento de un fallo protector, su objetivo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación alegada, ya sea nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho conculcado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En esta tesitura, para cumplir con una sentencia ejecutoria, es relevante que los actos reclamados contra los que se concedió el amparo, no deben haberse consumado irreparablemente desde el punto de vista jurídico y material, pues de suscitarse tal situación, las autoridades deberán acreditar de manera fehaciente e indudable ante el órgano de control constitucional que la ejecutoria no puede cumplirse en razón de que existen factores externos, imprevisibles y ajenos a su control, y es cuando se considera que se encuentran imposibilitadas para acatar el fallo protector, debido a que los actos reclamados declarados inconstitucionales han quedado consumados de forma irreparable. Ahora bien, en el presente caso, el quejoso Rolando Adelaido García Alvarado, egresó del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos el diecinueve de marzo del presente año, al haber obtenido su libertad en el expediente SE 73/2020, derivado del SIPE 3/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en relación con la causa penal 49/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. En ese sentido, los efectos de la omisión reclamada cesaron, en virtud de que como ya se dijo Rolando Adelaido García Alvarado, obtuvo su libertad y egresó del centro penitenciario en cita; por consiguiente, como tal circunstancia fue conocida hasta la etapa de ejecución, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo resulta de imposible cumplimiento la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, sino se hace valer la inconformidad referida en la Ley de la Materia, envíese los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que tenga a bien revisar el trámite de este Juzgado y emita una resolución en la que se pronuncié sobre la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Sustenta lo anterior los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017828, de rubro siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Finalmente, en atención a las manifestaciones vertidas por el licenciado José Valenzuela Hernández, Asesor Jurídico del quejoso Rolando Adelaido García Alvarado, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, ya que como se dijo, existe imposibilidad para que la responsable de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente la parte quejosa.
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