Rogerio Guerrero Farias

Expediente 890/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
890/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Rogerio Guerrero Farias

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. ACUSA RECIBO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 15637, así como de las constancias que se le devolvieron a través del mismo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO DEFINITIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede se advierte que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente expediente, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de noviembre de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Rogerio Guerrero Farías, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias que remitió la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en diversas documentales, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, a fin de estar en condiciones de proveer lo correspondiente al archivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. OBRE COMO CONSTANCIA. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite las constancias que a su vez, le hizo llegar el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en el emplazamiento al agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de origen, a la tercera interesada y notificación al quejoso, así como la carpeta de ejecución POSI-120/2017, documental que se ordena agregar únicamente para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rogerio Guerrero Farías, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA FORMAR TOMO DE PRUEBAS. Con las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se ordena formar un tomo de pruebas por separado para su mejor manejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.JCMZ

  4. Principal

    Mediante lista notifico a la quejosa, lo siguiente: Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. SE RECIBE DEMANDA POR INCOMPETENCIA Por recibido el oficio de cuenta número 6246/2018, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que se acompaña el original de la demanda de garantías promovida por ROGERIO GUERRERO FARÍAS, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; informe justificado y los autos del toca penal I-74/2018. Ahora, como de la determinación que se inserta al oficio de cuenta, se desprende que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda de garantías planteada por ROGERIO GUERRERO FARÍAS, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de diecinueve de septiembre del año en curso, dentro del toca de apelación I-74/2018, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó como medio de prueba la instrumental de actuaciones y ratificación de documentos, dictado en la carpeta de ejecución POSI-120/2017 por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Zamora, Michoacán. Ahora, el Superior declinó la competencia por considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al mismo, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el mismo se hace consistir en un auto que fue dictado después de concluido el juicio; en tal virtud, estimó que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito, residente en esta ciudad. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Con los autos del toca penal I-74/2018 y carpeta número POSI-120/2017, que remitió el Magistrado responsable con su respectivo informe justificado, fórmese cuaderno de pruebas por separado. No pasa por alto para el suscrito que, atento a la jurisprudencia número 51/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 32/94, visible en la foja 93, del Tomo I, Primera Parte, Novena Época, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA, EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO", el Juez de Distrito al avocarse al conocimiento de la demanda de amparo intentada en vía directa procediendo la indirecta, debe prevenir al quejoso para que la adecue a los requisitos de la demanda en la vía indirecta; sin embargo, no es el caso de proceder en esos términos solicitando a la parte promovente formule su libelo en base a los mencionados requisitos, en atención a que aún y cuando la demanda fue intentada en la vía de amparo directo, la misma en esencia reúne los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, para interposición de la demanda de garantías en la vía indirecta; en esas condiciones, provéase sobre la admisión o desechamiento de la misma. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Del texto del precepto legal transcrito en último término, se desprende que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra los actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; entendiéndose por tal la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pues en ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 32/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno." El ordenamiento en consulta no prevé ninguna excepción a esta regla genérica, pues no establece la posibilidad de que se puedan reclamar a través de este medio de control constitucional las resoluciones intermedias pronunciadas durante el periodo de ejecución tendientes a hacer efectiva la sentencia, cuestión que se justifica por el hecho de que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse; no obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene como finalidad cuantificar la condena del juicio natural que no pudo determinarse en sentencia, y no así la ejecución de la misma, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar a la ejecución de la sentencia; también cabe mencionar la orden de arresto dictada como medida de apremio, ya que la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución, tiene autonomía y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En relación al contenido de la fracción IV del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, y su aplicación respecto a la hipótesis que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencias que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía dicha fracción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos de ejecución que entrañen violaciones procesales relevantes cometidas durante la fase ejecutiva de que se habla, como por ejemplo, un incidente de falta de personalidad o personería, que no obstante ser una violación procesal de carácter relevante, su resolución no sería impugnable a través del juicio de amparo indirecto desde luego, sino hasta que se dicte la resolución final que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir con la sentencia. Asimismo, que por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características: afectar directamente algún derecho sustantivo, y también deberá estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior conforme la jurisprudencia número 108/2010, que se publicó en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. El Tribunal Pleno, el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil diez." Del análisis de la demanda que dio origen al presente expediente y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y a fin de evidenciarlo, es necesario destacar que medularmente el quejoso comparece a reclamar la resolución de diecinueve de septiembre del año en curso dentro del toca de apelación I-74/2018 que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó como medio de prueba la instrumental de actuaciones y ratificación de documentos, dictado dentro de la carpeta de ejecución POSI-120/2017 por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Zamora, Michoacán. Como antecedentes de dichos actos de las constancias y demanda se advierte que el quejoso es parte dentro de la causa penal 02/2013-I, instruida en su contra, en el que mediante ejecutoria de dos de agosto de dos mil diecisiete, pronunciada por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia emitida en esa causa penal, para los efectos de tener por acreditado el ilícito de fraude, en agravio de Agrícola Orgánica del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, imponiéndole las siguientes sanciones: prisión por lapso de tres años, multa por la suma de $1,794.00 (mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) canjeables por un día más de cárcel; y, reparación del daño por la suma de $575,656.64 (quinientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos 64/100 moneda nacional) a favor de la parte ofendida. En contra de dicha resolución el ahora quejoso promovió juicio de amparo directo, registrado con el número 301/2018, en el que se dictó ejecutoria el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien resolvió negar la concesión del amparo y protección de la justicia federal. Así, por oficio 1221 se remitieron los autos al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, Michoacán, por lo que el trece de junio de dos mil dieciocho, se dictó auto de inicio del procedimiento ordinario de ejecución, dentro de la carpeta de ejecución POSI-120/2017. Así las cosas, el uno de agosto del año en curso, interpuso incidente de nulidad de actos procedimentales por falta de personería, en contra del auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, mismo que fue admitido el seis de agosto de esa anualidad, y en auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, desechó como medio de prueba la instrumental de actuaciones y la ratificación de documentos. Inconforme con dicho acuerdo, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, y mediante auto dictado el de cuatro de septiembre del año en curso, dentro del toca de apelación I-74/2018, se remitieron los autos al Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, quien en resolución de diecinueve de septiembre pasado, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto. De lo narrado se concluye que los actos reclamados por el quejoso fueron dictados dentro de la etapa de ejecución de sentencia que según se advierte de los antecedentes narrados por el propio impetrante y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se encuentra concluido por sentencia firme que declaró acreditado el ilícito de fraude, y el trece de junio de dos mil dieciocho, se dictó auto de inicio del procedimiento ordinario de ejecución, dentro de la carpeta de ejecución POSI-120/2017; y en ejecución de sentencia que condenó al ahora quejoso se le requirió para que cubriera a la parte ofendida la reparación del daño, lo que a la fecha no se ha logrado. En esos términos, no obstante de ser una violación procesal, ésta será reclamable una vez que se dicte la interlocutoria en el incidente correspondiente, ello en caso de que la misma sea reclamable vía amparo indirecto. Lo anterior es así para evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de sentencia, la cual, por razón de interés público, no pueden entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Se cita de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia número 235, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: Época: Novena Época Registro: 204367 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/27 Página: 435 EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 218/91. Adolfo Esteban Leyva Bathory. 5 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 155/93. Mercedes Martínez Rivera. 27 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 23/95. Bernardo Téllez Meneses y otro. 25 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 227/95. Bernardo Castillo Aguayo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 382/95. Carmen Cahuantzi Vázquez y otro. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Del igual forma, se invoca por similitud jurídica sustancial la tesis número VI.2º.61.C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 747, Tomo IV, Septiembre 1996, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-1995, que dice: Época: Novena Época Registro: 201533 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Septiembre de 1996 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.61 C Página: 747 SENTENCIA, PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE. FORMA PARTE DEL, LA DESIGNACION DE PERITOS POSTERIOR A LA. Si consta en actuaciones judiciales que la sentencia definitiva causó estado, es evidente que la designación de peritos con el propósito de establecer el valor de los bienes embargados que garantizan el pago de las prestaciones reclamadas, es un acto comprendido en el procedimiento de ejecución de sentencia y, por ende, el amparo que contra dicho acto se promueva es improcedente, en virtud de que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo es permitido promover el amparo contra la última resolución dictada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 288/96. Enrique Ventosa Aguilera. 14 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Hilda Tame Flores." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia número P./J.108/2010, página 6, XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que fue citado con antelación y del rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."; sin embargo, en el caso particular se estima que no aplica el supuesto de excepción de que trata dicha jurisprudencia, para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo y determinar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues la resolución de diecinueve de septiembre del año en curso dentro del toca de apelación I-74/2018 que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó como medio de prueba la instrumental de actuaciones y ratificación de documentos, dictado dentro de la carpeta de ejecución POSI-120/2017 por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Zamora, Michoacán, virtud a que a través de esa determinación se pretende su cumplimiento y con ello no se afectan de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa imposibles de reparar, pues es evidente que sólo afectarían derechos procesales dentro de la fase de ejecución. Por lo anteriormente considerado y fundado, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ROGERIO GERRERO FARÍAS, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Las jurisprudencias o criterios que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa designando como autorizados para tal efecto a Ricardo González Ortega y Fernando Tello Mendoza, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que las cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en Derecho, se encuentran debidamente registradas. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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