Roger Velázquez López

Expediente 619/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
619/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Roger Velázquez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 619/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Roger Vázquez López, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE. Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. ACTO RECLAMADO "Las dilaciones procesales por parte de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, derivado del retraso en la tramitación del juicio ante la omisión de la autoridad responsable de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, dentro de los 15 días siguientes a aquel que se haya recibido el escrito de demanda, que establece el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, la responsable debió de dictar inmediatamente el acuerdo señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, dentro de los autos del expediente laboral número: 61/2017, sin que a la presente demanda de garantías haya emitido el acuerdo respectivo." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 123, apartado A, fracción XXII de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 619/2017; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio laboral tramitado ante una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo, establece el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el quejoso Roger Vázquez López, como parte actora en el juicio laboral 61/2017, reclama de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: 1. La omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. 2. El señalar fecha para la celebración de la audiencia fuera del término que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, quien al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidente así lo reconoció; lo cual se corrobora de las actuaciones del expediente natural adjunto como apoyo a su informe con justificación, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Antes del estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de mayo del año en curso, marcado con el número 1, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Conforme con la norma legal citada, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de La protección de la Justicia Federal. Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, y mediante acuerdo de catorce de julio del año en curso, la junta responsable dictó el proveído en el cual se le tuvo señalado nuevo domicilio procesal para oír y recibir toda clase de notificaciones, designando apoderados legales, y se autorizó la expedición de copias; actuación que quedó valorada en el considerando que antecede; mismo que se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda (tres de julio del dos mil diecisiete); se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que han dejado de existir, reponiendo a la quejosa, en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando ésta en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Esto, ya que la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que al haberse dictado el acuerdo relativo, restituye a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la falta de respuesta reclamada, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo, su efecto sería vincular a que la responsable respetara el derecho a la jurisdicción, materializado en la emisión del acuerdo respectivo, lo que ya realizó espontáneamente la responsable. Respecto del diverso acto identificado con el número 2, este juzgador oficiosamente advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. El argumento del quejoso para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio la garantía que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque al señalar una fecha distante para el verificativo de la audiencia de ley; esto es, fuera del lapso de diez días señalado por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 883, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce. En este punto, es importante tener en consideración que si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, la propia sala del Máximo Tribunal de la Nación determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Así las cosas, de las constancias que allegó la junta responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se deriva que si bien es cierto al radicar la demanda laboral fijó las nueve horas del veintinueve de mayo del dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia bifásica, la cual se difirió para las doce horas del veintidós de septiembre actual, no puede soslayarse que esa data es anterior a la en que se emite esta sentencia. Entonces, si el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y partiendo del hecho de que no es atendible la petición de la quejosa para que mediante el presente juicio se constriña a la junta responsable a que en lo sucesivo observe y acate los plazos y términos legales respecto de todos los actos que deba desplegar en el futuro, es decir que se conceda la protección constitucional para que la responsable desahogue el procedimiento hasta el dictado del laudo que corresponda, así como de que los efectos deben materializarse en función de las circunstancias particulares de cada caso, como lo son las destacadas en el párrafo que antecede; a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal en este asunto. Esa situación pone de manifiesto que en la caso a estudio opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que -se insiste-, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por las razones expuestas y al sobrevenir las causas de improcedencia en estudio; con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 619/2017, promovido por Roger Vázquez López, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de septiembre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Ahora bien, a fin de que el informe de mérito sea conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día, y se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, tres de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que no obra el informe justificado de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y del acuse de recibo del oficio mediante el cual se le requirió, se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le otorgó para ello; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia de mérito se difiere para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

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