Roger Octavio Menendez Hernández

Expediente 842/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 35 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
842/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Roger Octavio Menendez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, quien sería la única legitimada para tal efecto, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. De igual manera, atento al estado de autos, se advierte que el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, anexó a su informe justificado la documental siguiente: Copia certificada de diversas constancias que integran el expediente ********************(dos tomos de pruebas). Atento a ello, y toda vez que en la propia fecha se está ordenado el archivo de este asunto, al ser innecesaria la retención de la citada documental, devuélvase la misma a la autoridad de referencia, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar

  2. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de trece de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que este Juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El tres de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, por lo que hace al acto que atribuyó a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. II. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente cumpliera con la ejecutoria de amparo. III. Luego, mediante proveído de tres de abril del año en curso, se recibió el oficio ********************, por medio del cual el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informó que se encontraba en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para justificar ello remitió: Copia certificada del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que dejó insubsistente el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno y dictó otra resolución en la que, de manera fundada y motivada, determinó que la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, estaba debidamente cumplida; asimismo, informó que la determinación se encontraba en vías de notificación. IV. En acuerdo de trece de abril del año en curso, se recibió el oficio ********************, por medio del cual el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en alcance al diverso ********************, comunicó en qué términos dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para justificar ello remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. Bajo ese contexto, en el mismo acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable, haciendo uso de ese derecho mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo, a saber: Dejara sin efectos el acuerdo de quince de septiembre de dos mil veintiuno, y dictara otra determinación en la que, atendiendo a lo expresado en este fallo, de manera fundada y motivada, determinara si la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente ********************, estaba o no debidamente cumplida por parte de la autoridad ahí demandada; y, Notificara personalmente tal determinación. Así, del fallo protector se advierte que, en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que se transgredió en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acuerdo quince de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por la Sala Constitucional del Poder Judicial de Quintana Roo, por el cual tuvo por debidamente cumplimentada la sentencia dictada el trece de enero de dos mil veintiuno, dentro del expediente ******************** de su índice, careció de la debida fundamentación y motivación. Es así, en función de que la autoridad responsable fue omisa en citar los preceptos legales, así como los argumentos que se tuvieron en cuenta para la emisión del acuerdo reclamado de quince de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la responsable declaró debidamente cumplida la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, con lo que incurrió en una falta de fundamentación y motivación. Ello en razón de que el acto reclamado -auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno- no otorgó certeza jurídica al aquí quejoso, pues la Sala responsable para declarar cumplida la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente ********************, debió precisar porqué consideró que las respuestas que la autoridad registral emitió respecto a los escritos de treinta y uno de agosto de dos mil quince, veintinueve de septiembre de dos mil quince y veinticinco de noviembre de dos mil quince, presentados tanto por la parte actora como por la tercera perjudicada en el citado expediente, estaban fundadas y motivadas, en acatamiento a los efectos de la sentencia declarada cumplida. Sin embargo, contrario a ello, fue omisa en citar precepto legal alguno y exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para dictar el acuerdo reclamado en esta vía, en la forma en que lo hizo. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la ejecutoria de amparo se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, dictó un acuerdo en el que, por una parte, dejo sin efecto el diverso emitido el quince de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente administrativo ********************, y, por otra, emitió nuevo proveído en el que señaló de manera fundada y motivada el cumplimiento a la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, por parte de la autoridad demandada Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Luego, la autoridad responsable determinó que la autoridad registral demandada dio cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria de trece de enero de dos mil veintiuno, pues emitió respuesta fundada y motivada a las solicitudes formuladas por la parte actora a través de los escritos presentados ante ella el treinta y uno de agosto, veintinueve de septiembre y veinticinco de noviembre, todos del año dos mil quince, así como a las diversas peticiones presentadas por la tercera perjudicada los días nueve, diez, trece y catorce de junio de dos mil dieciséis. Ello en razón de que, por lo que hace a las solicitudes presentadas el treinta y uno de agosto de dos mil quince, la autoridad registral emitió doce boletas de rechazo, por las que denegó la inscripción de los doce primeros avisos preventivos registrados con las boletas de entrada 1092596, 1092600, 1092598, 1092599, 1092601, 1092606, 1092607, 1092597, 1092603, 1092602, 1092604 y 1092605, negativa que se sustentó en el artículo 3185 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, que faculta al registrador calificar los documentos presentados para su inscripción o atención, y que también prevé las hipótesis para denegar el registro, lo cual aconteció, al estimar que el documento presentado no era de los que debían inscribirse o anotarse, al tratarse de una promesa de compraventa, que solo origina obligaciones personales para celebrar una compraventa a futuro entre sus suscriptores. Además, la negativa de registro en cuestión también se sustentó en que la parte solicitante omitió anexar los pagos de derechos en la presentación de los avisos preventivos y expedición de certificados de depósitos previstos por el artículo 203 Bis de la Ley de Hacienda Estatal. Por otra parte, la autoridad responsable estimó que el diverso rechazo de las solicitudes presentadas el veintinueve de septiembre de dos mil quince, ante la autoridad registral, por en las que se denegó la inscripción de los doce segundos avisos preventivos registrados con las boletas de entrada 1092671, 1092672, 1092673, 1092685, 1092687, 1092680, 1092678, 1092681, 1092683, 1092669, 1092670 y 1092668, se encontró fundado y motivado, al expresar que la autoridad demandada fundamentó tales negativas en el artículo 3185 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, que faculta al registrador denegar la inscripción o anotaciones; así como los artículos 3177 y 3178 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, los cuales disponen la forma en que deberán presentarse los avisos preventivos al solicitar el certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo, sea inscribible. Con base en esos supuestos normativos la autoridad responsable consideró que la negativa de registro de la promesa de compraventa no constituyó un acto que debía inscribirse o anotarse, al solo originar obligaciones para celebrar una futura compraventa entre sus suscriptores. Luego, la autoridad responsable estimó que el oficio ********************, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, con el que la autoridad registral dio respuesta a la solicitud formulada por medio del escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil quince, también cumplía los efectos de la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, toda vez que dio respuesta favorable a la petición formulada. Ahora, respecto a las solicitudes presentadas el veinticinco de noviembre de dos mil quince, la autoridad responsable estimó que la respuesta de la autoridad registral en la que denegó la inscripción de la escritura pública número doce mil seiscientos cuarenta y seis, de veintinueve de septiembre de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número sesenta y dos en el Estado de Quintana Roo, relativo al contrato de promesa de compraventa celebrado por ******************** y ********************, al considerar que la respuesta tuvo sustento en los artículos 2544, 3162 y 3185 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, por las razones antes expuestas, al tratarse de la inscripción de un contrato de promesa de compraventa. De igual forma, la autoridad responsable consideró que la respuesta de la autoridad registral a las solicitudes presentadas los días nueve, diez, trece y catorce de junio de dos mil dieciséis, por las que emitió doce boletas de registro para inscribir las escrituras públicas números 49,0039; 49,062; 49,063; 49,082; 49,088; 49,092; 49,246; 49,116; 49,143; 49,247; 49,157; 49,224 todas de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, respecto de la compraventa celebrada entre ******************** y la persona moral ******************** (traslativo de dominio), cumplió con los efectos de la sentencia emitida en el expediente administrativo de origen, toda vez que fue favorable a la pretensión del solicitante. Asimismo, la autoridad responsable remitió las constancias de notificación a las partes de la determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés. En ese contexto, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Ahora, se tiene por recibido el escrito de cuenta firmado por el quejoso ********************, con el que manifiesta su inconformidad con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo; al respecto debe decirse a la parte quejosa que los efectos de la sentencia consesoria de amparo fueron: Dejara sin efectos el acuerdo de quince de quince de septiembre de dos mil veintiuno, y dictara otra determinación en la que, atendiendo a lo expresado en este fallo, de manera fundada y motivada, determinara si la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente ********************, estaba o no debidamente cumplida por parte de la autoridad ahí demandada; y, Notificara personalmente tal determinación. Extremos que fueron cumplidos por la autoridad responsable, al exponer los fundamentos legales que sustentaban el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente ******************** de origen, lo cual, si bien, no se armonizó con las pretensiones de la parte quejosa, ello, no fue parte de los efectos del fallo protector emitido en este juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO DE LISTA Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DESARROLLOS INMOBILIARIOS XUNAAN S.A.P.I. DE C.V.EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de trece de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que este Juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El tres de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, por lo que hace al acto que atribuyó a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. II. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente cumpliera con la ejecutoria de amparo. III. Luego, mediante proveído de tres de abril del año en curso, se recibió el oficio ********************, por medio del cual el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informó que se encontraba en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para justificar ello remitió: Copia certificada del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que dejó insubsistente el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno y dictó otra resolución en la que, de manera fundada y motivada, determinó que la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, estaba debidamente cumplida; asimismo, informó que la determinación se encontraba en vías de notificación. IV. En acuerdo de trece de abril del año en curso, se recibió el oficio ********************, por medio del cual el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en alcance al diverso ********************, comunicó en qué términos dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para justificar ello remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ********************. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. Bajo ese contexto, en el mismo acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable, haciendo uso de ese derecho mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo, a saber: Dejara sin efectos el acuerdo de quince de septiembre de dos mil veintiuno, y dictara otra determinación en la que, atendiendo a lo expresado en este fallo, de manera fundada y motivada, determinara si la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente ********************, estaba o no debidamente cumplida por parte de la autoridad ahí demandada; y, Notificara personalmente tal determinación. Así, del fallo protector se advierte que, en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que se transgredió en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acuerdo quince de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por la Sala Constitucional del Poder Judicial de Quintana Roo, por el cual tuvo por debidamente cumplimentada la sentencia dictada el trece de enero de dos mil veintiuno, dentro del expediente ******************** de su índice, careció de la debida fundamentación y motivación. Es así, en función de que la autoridad responsable fue omisa en citar los preceptos legales, así como los argumentos que se tuvieron en cuenta para la emisión del acuerdo reclamado de quince de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la responsable declaró debidamente cumplida la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, con lo que incurrió en una falta de fundamentación y motivación. Ello en razón de que el acto reclamado -auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno- no otorgó certeza jurídica al aquí quejoso, pues la Sala responsable para declarar cumplida la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente ********************, debió precisar porqué consideró que las respuestas que la autoridad registral emitió respecto a los escritos de treinta y uno de agosto de dos mil quince, veintinueve de septiembre de dos mil quince y veinticinco de noviembre de dos mil quince, presentados tanto por la parte actora como por la tercera perjudicada en el citado expediente, estaban fundadas y motivadas, en acatamiento a los efectos de la sentencia declarada cumplida. Sin embargo, contrario a ello, fue omisa en citar precepto legal alguno y exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para dictar el acuerdo reclamado en esta vía, en la forma en que lo hizo. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la ejecutoria de amparo se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, dictó un acuerdo en el que, por una parte, dejo sin efecto el diverso emitido el quince de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente administrativo ********************, y, por otra, emitió nuevo proveído en el que señaló de manera fundada y motivada el cumplimiento a la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, por parte de la autoridad demandada Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Luego, la autoridad responsable determinó que la autoridad registral demandada dio cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria de trece de enero de dos mil veintiuno, pues emitió respuesta fundada y motivada a las solicitudes formuladas por la parte actora a través de los escritos presentados ante ella el treinta y uno de agosto, veintinueve de septiembre y veinticinco de noviembre, todos del año dos mil quince, así como a las diversas peticiones presentadas por la tercera perjudicada los días nueve, diez, trece y catorce de junio de dos mil dieciséis. Ello en razón de que, por lo que hace a las solicitudes presentadas el treinta y uno de agosto de dos mil quince, la autoridad registral emitió doce boletas de rechazo, por las que denegó la inscripción de los doce primeros avisos preventivos registrados con las boletas de entrada 1092596, 1092600, 1092598, 1092599, 1092601, 1092606, 1092607, 1092597, 1092603, 1092602, 1092604 y 1092605, negativa que se sustentó en el artículo 3185 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, que faculta al registrador calificar los documentos presentados para su inscripción o atención, y que también prevé las hipótesis para denegar el registro, lo cual aconteció, al estimar que el documento presentado no era de los que debían inscribirse o anotarse, al tratarse de una promesa de compraventa, que solo origina obligaciones personales para celebrar una compraventa a futuro entre sus suscriptores. Además, la negativa de registro en cuestión también se sustentó en que la parte solicitante omitió anexar los pagos de derechos en la presentación de los avisos preventivos y expedición de certificados de depósitos previstos por el artículo 203 Bis de la Ley de Hacienda Estatal. Por otra parte, la autoridad responsable estimó que el diverso rechazo de las solicitudes presentadas el veintinueve de septiembre de dos mil quince, ante la autoridad registral, por en las que se denegó la inscripción de los doce segundos avisos preventivos registrados con las boletas de entrada 1092671, 1092672, 1092673, 1092685, 1092687, 1092680, 1092678, 1092681, 1092683, 1092669, 1092670 y 1092668, se encontró fundado y motivado, al expresar que la autoridad demandada fundamentó tales negativas en el artículo 3185 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, que faculta al registrador denegar la inscripción o anotaciones; así como los artículos 3177 y 3178 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, los cuales disponen la forma en que deberán presentarse los avisos preventivos al solicitar el certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo, sea inscribible. Con base en esos supuestos normativos la autoridad responsable consideró que la negativa de registro de la promesa de compraventa no constituyó un acto que debía inscribirse o anotarse, al solo originar obligaciones para celebrar una futura compraventa entre sus suscriptores. Luego, la autoridad responsable estimó que el oficio ********************, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, con el que la autoridad registral dio respuesta a la solicitud formulada por medio del escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil quince, también cumplía los efectos de la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, toda vez que dio respuesta favorable a la petición formulada. Ahora, respecto a las solicitudes presentadas el veinticinco de noviembre de dos mil quince, la autoridad responsable estimó que la respuesta de la autoridad registral en la que denegó la inscripción de la escritura pública número doce mil seiscientos cuarenta y seis, de veintinueve de septiembre de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número sesenta y dos en el Estado de Quintana Roo, relativo al contrato de promesa de compraventa celebrado por ******************** y ********************, al considerar que la respuesta tuvo sustento en los artículos 2544, 3162 y 3185 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, por las razones antes expuestas, al tratarse de la inscripción de un contrato de promesa de compraventa. De igual forma, la autoridad responsable consideró que la respuesta de la autoridad registral a las solicitudes presentadas los días nueve, diez, trece y catorce de junio de dos mil dieciséis, por las que emitió doce boletas de registro para inscribir las escrituras públicas números 49,0039; 49,062; 49,063; 49,082; 49,088; 49,092; 49,246; 49,116; 49,143; 49,247; 49,157; 49,224 todas de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, respecto de la compraventa celebrada entre ******************** y la persona moral ******************** (traslativo de dominio), cumplió con los efectos de la sentencia emitida en el expediente administrativo de origen, toda vez que fue favorable a la pretensión del solicitante. Asimismo, la autoridad responsable remitió las constancias de notificación a las partes de la determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés. En ese contexto, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Ahora, se tiene por recibido el escrito de cuenta firmado por el quejoso ********************, con el que manifiesta su inconformidad con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo; al respecto debe decirse a la parte quejosa que los efectos de la sentencia consesoria de amparo fueron: Dejara sin efectos el acuerdo de quince de quince de septiembre de dos mil veintiuno, y dictara otra determinación en la que, atendiendo a lo expresado en este fallo, de manera fundada y motivada, determinara si la sentencia de trece de enero de dos mil veintiuno, dictada en autos del expediente ********************, estaba o no debidamente cumplida por parte de la autoridad ahí demandada; y, Notificara personalmente tal determinación. Extremos que fueron cumplidos por la autoridad responsable, al exponer los fundamentos legales que sustentaban el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente ******************** de origen, lo cual, si bien, no se armonizó con las pretensiones de la parte quejosa, ello, no fue parte de los efectos del fallo protector emitido en este juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO DE LISTA Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DESARROLLOS INMOBILIARIOS XUNAAN S.A.P.I. DE C.V.EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA TRECE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en alcance a su oficio 314/2023 de treinta de marzo pasado, informa en qué términos se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con los anexos que remite. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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