Roger Morales Hernández
Expediente 1107/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/12/2018
Partes del expediente
- Roger Morales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
1. Informan cumplimiento. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por Secretario General de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en suplencia del Titular de la Presidencia y Secretario Auxiliar de Amparos adscrito a dicha Junta, residentes en esta localidad, mediante el cual informan el cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. 1.1 Acuerdo. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, con el contenido del presente proveído, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del mismo, manifieste lo que a su interés legal convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional con base en los elementos que consten en el expediente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Acuerdo: 1. Informan cumplimiento. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por Secretario General de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en suplencia del Titular de la Presidencia y Secretario Auxiliar de Amparos adscrito a dicha Junta, residentes en esta localidad, mediante el cual informan el cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. 1.1 Acuerdo. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, con el contenido del presente proveído, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del mismo, manifieste lo que a su interés legal convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional con base en los elementos que consten en el expediente.
- Principal
Causa ejecutoria. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Requerimiento de cumplimiento. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la concesión del Amparo otorgada en la ejecutoria de referencia e informe a este Juzgado de Distrito de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo.
- Principal
1. Proemio. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1107/2018, promovido por Roger Morales Hernández, estando en audiencia pública el licenciado ****, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas en funciones de Juez, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el treinta de octubre de dos mil dieciocho, comunicado mediante oficio CCJ/ST/5645/2018 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, ante Víctor Manuel Cruz González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a declarar abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes ni su representante legítimo. 2. Informes justificados. Acto seguido, se hace relación de las constancias de autos y se da cuenta con el escrito de demanda, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias de autos. 2.1. Acuerdo. Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas para los efectos legales conducentes. 3. Pruebas. Enseguida, se abre el período probatorio y el Secretario da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa consistente copia certificada del expediente **, que exhibió al rendir su informe justificado la autoridad responsable; por su parte el Titular de la Presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, exhibió copia certificada del expediente laboral mencionado en líneas que anteceden. 3.1. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las aludidas probanzas, dada su propia y especial naturaleza. 3.2. Videograbaciones. El Secretario certifica y hace constar que dentro del presente juicio de amparo no existen pruebas de videograbaciones. 4. Alegatos. El Secretario certifica y hace constar que ninguna de las partes formularon sus alegatos ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. 4.1. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social, se cierra la audiencia constitucional. En vista de lo anterior, se procede a continuación a dictar la siguiente resolución: SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 1107/2018. ANTECEDENTES 5. Demanda. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, del que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Roger Morales Hernández, demandó protección constitucional contra la autoridad y actos que a continuación se transcriben: De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad; la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada al juicio laboral ****, así como la fecha y hora señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 6. Trámite. Mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso Roger Morales Hernández. RAZONES Y FUNDAMENTOS 7. Competencia. Este órgano de control constitucional es competente para conocer la presente controversia, por disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo [LA] y el Acuerdo General número 16/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 8. Precisión de los actos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto reclamado en atención a lo expuesto en la demanda de amparo y en su ampliación. 8.1 Autoridad responsable. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito a dicha Junta, con sede en esta ciudad; la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada al juicio laboral *****, así como la fecha y hora señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 9. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia del acto y las causales de improcedencia alegadas por la responsable, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 9.1 Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia de los actos que se les reclama señalando que en el juicio laboral ****, promovido por el quejoso ****, aún no se emplaza a la parte demanda ****, asimismo, fijo las diez horas del ocho de enero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama, en términos de la jurisprudencia 749. Para sustentar su dicho, se tienen diversas constancias relativas al juicio laboral ****, que remitió al rendir su informe justificado; a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, párrafo segundo, al haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 153, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9.2 Causas de improcedencia de oficio. Este órgano jurisdiccional de primera instancia no advierte motivos de improcedencia constitucionales [artículos 103 y 105 CPEUM] o legales [artículos 61 y 63 LA] que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan. 10. Estudio de constitucionalidad. 10.1 Conceptos de violación. Conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a criterio de este órgano de justicia es innecesaria la transcripción de los planteamientos de constitucionalidad y legalidad, toda vez que se atenderá su estudio en atención a los principios de congruencia y exhaustividad, sin que impida a las partes su derecho de impugnación contra esta sentencia. 10.2 Calificación de planteamientos. Se considera que es fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa en el sentido de que la responsable no ha cumplido con el mandato constitucional de impartir justicia en los plazos y términos que fija la Ley, contraviniendo con ello, lo estipulado en el artículo 17 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 10.3 Estudio de los derechos humanos conculcados. La parte quejosa argumenta que la responsable viola sus derechos humanos de impartir justicia pronta y expedita en los términos y plazos que fijan las leyes contenidos en el artículo 17 constitucional, porque se ha abstenido de manera excesiva de brindar justicia al no haber emplazado a la parte demanda en el juicio laboral que promovió, sí como el haber señalado las diez horas del ocho de enero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. 10.3.1 Este concepto de violación esgrimido por el accionante del amparo, es fundado. Previo a cualquier consideración, cabe citar los siguientes antecedentes: a) Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciocho, el quejoso demandó a *****, diversas prestaciones laborales (foja 17). b) La Junta responsable le dió trámite a dicha demanda misma que en audiencia trifásica de treinta de agosto del año en curso, señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual fue señalada para las diez horas del ocho de enero de dos mil diecinueve. c) Finalmente, de las constancias que constan en autos, hasta la fecha no se advierte que hayan sido emplazados al juicio de origen los demandados ****. 10.3.2 Normatividad constitucional. Ahora, como premisa fundamental conviene señalar que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales previamente establecidos en los plazos y términos que fijen las leyes. Del precepto constitucional anterior se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagran los siguientes principios: i) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; ii) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; iii) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, iv) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentren obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tiene sustento lo anterior, el contenido de la tesis aislada 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10.3.3 Normatividad federal. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en la ley que rige el acto reclamado, se establecen reglas procesales que las autoridades laborales deben acatar, derivadas del contenido de los artículos 750, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo. Los citados preceptos de la ley laboral transcritos, determinan que las notificaciones deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes al de su fecha, que los Presidentes de las Juntas y sus auxiliares verificarán bajo su más estricta responsabilidad que los juicios ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta el dictado del laudo; asimismo, se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia, de igual forma, que la audiencia a la que refiere el artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo, señala un plazo de quince días posteriores al en que recibió el escrito inicial para su celebración, por lo que la Junta debe constreñirse a los términos que fija la ley para la prosecución del juicio. Por tanto, se advierte que la Junta responsable en esta ciudad, en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, ordenó emplazar a los terceros *****, por conducto del Actuario de su adscripción, sin que a la fecha se advierta constancia que acredite tal circunstancia. En esa medida, la responsable incurrió en una denegación de justicia, al no impartirla de manera pronta y expedita dentro de los términos establecidos por la ley; máxime que no se advierte que después del auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, exista alguna constancia en la que hubiese actuado a fin de emplazar a los terceros *****, al juicio laboral, o bien que la Junta, tomara las medidas necesarias para lograr dichos emplazamientos, lo que conlleva al retardo de la integración de la litis respectiva. Además, de autos del juicio de origen, la responsable no cumplió con el contenido del artículo 873 de la Ley, pues en el caso el señalamiento de la audiencia no se fijó dentro del plazo de quince días que ordena el citado dispositivo; sino que del auto que difirió la misma la señaló aproximadamente en cinco meses. Por tanto, la autoridad responsable omitió seguir los lineamientos fijados en el artículo en comento, por lo que no se justifica el haber señalado una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pues debió haberla señalado dentro de los quince días siguientes al de su radicación o en el caso el auto que difirió la audiencia, lo que conlleva al retardo de la integración de la litis laboral respectiva. Por lo que es evidente que con tal proceder dilata el procedimiento, infringiendo con ello en perjuicio del agraviado, los principios de economía procesal, seguridad jurídica, inmediatez y concentración procesal, pues su obligación es agilizarlos, apoyándose para ello en los mencionados principios, vulnerando como consecuencia, el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En apoyo a todo lo anteriormente expuesto, se invoca por su contenido jurídico substancial, la Jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11. Conclusión. Por tales razones, se impone a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario adscrito a dicha Junta, con residencia en esta ciudad, cumplir con el mandato constitucional citado, que se encuentra ampliado en los mencionados artículos 750, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales ordenan que las notificaciones o emplazamientos deben de realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha y notifique personalmente a las partes, con diez de días de anticipación a la audiencia, así como señale fecha y hora para la celebración de la referida audiencia dentro del plazo de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; empero, si por alguna causa legal tuviera que diferir nuevamente la citada audiencia, tendrá que ceñirse estrictamente al plazo antes señalado; notificando personalmente a las partes, por lo que, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa Roger Morales Hernández. Tiene aplicación a lo expuesto, 2a. CV/2013(10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 12. Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional al quejoso ****, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, en caso de no haberse realizado el emplazamiento a la parte demandada Horacio Culebro Borrayas e Instituto Mexicano del Seguro Social; provea de inmediato lo que corresponda en relación al emplazamiento de la parte demandada en términos del artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, así como señale fecha y hora para la celebración de la referida audiencia dentro del plazo de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; empero, si por alguna causa legal tuviera que diferir nuevamente la citada audiencia, tendrá que ceñirse estrictamente al plazo antes señalado; notificando personalmente a las partes. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 98/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DECISIÓN Única. Se concede la protección constitucional al quejoso ****, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, en caso de no haberse realizado el emplazamiento a la parte demandada *****; provea de inmediato lo que corresponda en relación al emplazamiento de la parte demandada en términos del artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, así como señale fecha y hora para la celebración de la referida audiencia dentro del plazo de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; empero, si por alguna causa legal tuviera que diferir nuevamente la citada audiencia, tendrá que ceñirse estrictamente al plazo antes señalado; notificando personalmente a las partes.
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