Roger Jose Tellez Sandino
Expediente 1579/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1579/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Roger Jose Tellez Sandino
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y de la opinión emitida por el Departamento de Atención a Consultas relacionadas con Procesos Archivísticos, en atención a la consulta efectuada por este órgano jurisdiccional el diez de noviembre de dos mil veintidós, este expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del citado auto, y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la diligenciaría adscrita a este órgano jurisdiccional le fue imposible notificar a los quejosos Roger José Téllez Sandino, Rosa Amelia Corea González, María José García Hernández, Kertin Esteban Hernández Arauz, María José Huete Ortega, Franklin Antonio Hernández y Luis Alfredo Morales, el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, en virtud de que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Estado de San Luis Potosí, fue informada que dichos quejosos ya no se encontraban en las referidas instalaciones, lo que corroboró al tener a la vista la bitácora de entrada a la citada estación, en las que advirtió que dichos quejosos salieron de ese lugar, los días nueve, diez y once de diciembre del año en curso. Ahora bien, glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunica que en atención a lo peticionado por los directamente agraviados dentro de sus respectivos procedimientos administrativos migratorios, en el sentido de ser su deseo regresar a su país, se les otorgaron los oficios de salida EMSLP/0171/XII/2022, EMSLP/0160/XII/2022, EMSLP/0159/XII/2022, EMSLP/0156/XII/2022, EMSLP/0180/XII/2022, EMSLP/0199/XII/2022 y EMSLP/0157/XII/2022, respectivamente, cuya copia certificada remitió la citada responsable y que obran en anexo por separado; por tanto, ante la imposibilidad manifiesta de que los aludidos quejosos ratifiquen la demanda instada, como se previno en auto de doce del presente mes y año, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en dicho proveído y con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente; y toda vez que no se proporciona domicilio para tal efecto, hágase por lista que se fije en los estrados de este tribunal federal, acorde a lo reseñado por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Rachell Sara Cucalon Gutiérrez, en favor de Rachell Sara Cucalon Gutiérrez, en favor de Roger José Téllez Sandino, Rosa Amelia Corea González, María José García Hernández, Kertin Esteban Hernández Arauz, María José Huete Ortega, Franklin Antonio Hernández y Luis Alfredo Morales, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, con tres copias que se acompañan; con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 15, 108, 109, 125, 126 y demás relativos de la Ley de Amparo, se procede a dar trámite a la demanda en cuanto a los actos prohibidos por la Constitución de que se aduce pueden ser objeto los aludidos quejosos, a reserva de que una vez que sea ratificada la misma por dicha parte agraviada, se acordará respecto a su admisión; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1579/2022-VII. Ahora bien, en atención a que los actos reclamados se hacen consistir entre otros, en la detención con fines de deportación, fuera de todo procedimiento administrativo, así como la incomunicación de los directamente agraviados, con fundamento en el numeral 125 y 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS para el efecto de que dichos actos cesen bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades designadas como responsables. De igual forma, toda vez que del escrito de demanda se advierte que los impetrantes están siendo objeto de dicha detención, según se dijo bajo protesta de decir verdad, desde el seis del mes y año en curso, lo que implica que ya transcurrió el término de treinta y seis horas, esto es, que se trata de actos privativos de libertad fuera de procedimiento, al no justificarse la estancia de los aludidos quejosos en la estación migratoria respectiva, sin que les hayan notificado la determinación que justifique su estancia en ese lugar; por tanto, la suspensión de oficio decretada se hace extensiva para el efecto de que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al momento de que reciban el oficio con la transcripción del presente proveído, las autoridades responsables resuelvan la situación migratoria de los quejosos; circunstancias que deberán acreditar fehacientemente ante este tribunal federal. Asimismo, se concede la citada medida cautelar, para que de no encontrarse en los supuestos para que pueda exceder el plazo de alojamiento en dicha estación migratoria, se considere el otorgamiento a los directamente quejosos de la condición de estancia con permiso a que refiere la parte final del artículo 111 de la Ley de Migración o alguna diversa circunstancia, a efecto de establecer conforme a sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, el supuesto legal aplicable a los quejosos de mérito, respecto a su libertad personal; lo que deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables, para que informen en el término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de la misma, Apercibidas las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 879 del Tomo I, Libro 78 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2020, Décima Época; registro digital 2022090, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado, donde podrían encontrarse los aquí quejosos y en el acto de la notificación del presente auto, los requiera para que manifieste si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor, o lo hagan por escrito en el término de tres días, apercibiéndolos que de no hacerlo, dentro del plazo que se les concede, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. No pasa inadvertido que la citada demanda es promovida por Rachell Sara Cucalon Gutiérrez, en representación de los directamente agraviados y que por tanto se encuentra firmada por la citada promovente; sin embargo, al tratarse el presente asunto, de actos que prevé el artículo 15 de la Ley en cita, se decreta la suspensión de plano para los efectos precisados con antelación. En la inteligencia de que, de ratificarse la demanda de amparo y una vez que se dé cumplimiento a la prevención ordenada, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Indíquese a las autoridades designadas como responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que se mencionan, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.
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