Roger Ivan García Mendoza
Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Roger Ivan García Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por audiencia de uno de febrero de dos mil veintidós, por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral. Finalmente, devuélvase al Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, el disco compacto certificado que contiene las constancias digitales del juicio ejecutivo mercantil oral 348/2020 de su índice, que remitió para la sustanciación de este asunto, el cual ya no resulta necesario.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 35/2022-III del índice de este juzgado, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entra las que se encuentran los informes justificados de las autoridades responsables. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa, las autoridades responsables Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la tercera interesada ofrecieron pruebas documentales, las dos últimas ofrecieron además la instrumental de actuaciones y presuncional en su aspecto legal y humano; y que las demás partes no presentaron algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se ordena cerrar el período probatorio de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa y tercera interesada realizaron manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes, a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formulan dichas partes; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica: que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 35/2022-III, promovido por Roger Iván García Mendoza, por propio derecho, contra actos del Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y otra autoridad y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno el mismo día a este juzgado de distrito, Roger Iván García Mendoza, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: Autoridades responsables 1. Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 2. Instituto Mexicano del Seguro Social Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que hace consistir en: "IV.-LEY, ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. a) De la autoridad señalada como responsable ordenadora se reclama el embargo trabado sobre el excedente del 30 por ciento de mi pensión que me corresponde como jubilado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenada a fin de garantizar las prestaciones reclamadas en los autos del expediente 348/2020 del Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la señora MARÍA AVELINA ORDAZ PECH, en contra del señor ROGER IVAN GARCÍA MENDOZA. b) De la autoridad señalada como Ejecutora, reclamó la retención que está llevando a cabo de manera ilegal sobre el treinta por ciento de mi pensión a que tengo derecho por haber trabajado como empleado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar que no existe mandamiento por escrito emitido por autoridad competente en que funde y motive dicho proceder." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veinte de enero de dos mil veintidós, por auto de veintiuno siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 35/2022-III, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se reconoció el carácter de tercera interesada a María Avelina Ordaz Pech, quien en su oportunidad fue emplazada; y, la audiencia constitucional se desahoga al dictarse esta sentencia, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en la especie se reclaman actos de una autoridad jurisdiccional en materia mercantil, con ejecución en el ámbito de competencia territorial de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: De la Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, se reclama: a) El auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil oral 348/2020 promovido por María Avelina Ordaz Pech contra Roger Iván García Mendoza; en el que se decretó el embargo precautorio sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo quincenal que perciba el demandado como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Unidad Familiar Número Quince. Del Instituto Mexicano del Seguro Social: b) La ejecución de dicha determinación. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables i] Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado; por su parte el ii] Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, con posterioridad realiza manifestaciones que evidencian su certeza; por tanto, son ciertos dichos actos. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias digitalizadas del juicio ejecutivo mercantil oral 348/2020 que exhibió en disco compacto certificado el Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, como apoyo a su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documental pública. Constancias de las cuales se advierte lo siguiente: 1. Por demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, María Avelina Ordaz Pech demandó en la vía ejecutiva mercantil oral, en ejercicio de la acción cambiaria directa a Roger Iván García Mendoza, el pago de las prestaciones señaladas en el líbelo inicial. 2. Dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, quien formó el expediente número 348/2020 de su índice y por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención efectuada, la admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada, quien fue emplazado el veinticinco de marzo siguiente. 3. Mediante escrito de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, el demandado Roger Iván García Mendoza, dio contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, designó como su autorizado en términos amplios del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, a Sergio Porfirio Ceh Canto, señaló domicilio y ofreció pruebas en su favor. 4. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en atención a la solicitud de la parte actora, la juez responsable decretó el embargo sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo quincenal que percibe como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Médica Familiar número Quince, y ordenó notificar dicho auto a la parte demandada de manera personal. 5. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se notificó dicho auto a la parte demandada por conducto de su autorizado Sergio Porfirio Ceh Canto. 6. Por oficio PJ-CJ-JZMOCUN-744/2021 de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la juez responsable comunicó al Instituto Mexicano del Seguro Social, dicho requerimiento a fin de que lo llevara a cabo; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se haría acreedor a una de las medidas de apremio previstas en el numeral 1067 Bis del Código de Comercio. Luego, son ciertos los actos reclamados. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." De las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil oral de origen, remitidas por la juez responsable, se obtiene que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea por la parte quejosa, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El artículo el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, porque se cuestiona un auto dictado en un procedimiento jurisdiccional en materia mercantil, en el cual la parte quejosa es parte demandada formal y materialmente, pues compareció a contestar la demanda instaurada en su contra. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Precisado lo anterior, a fin de justificar el consentimiento tácito del acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil oral 348/2020 del índice de la responsable; a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentales públicas, se advierte lo siguiente: 1. Por demanda presentada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, María Avelina Ordaz Pech demandó en la vía ejecutiva mercantil oral, en ejercicio de la acción cambiaria directa a Roger Iván García Mendoza, el pago de las prestaciones señaladas en el líbelo inicial. 2. Dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, quien formó el expediente número 348/2020 de su índice y por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención efectuada, la admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada, quien fue emplazado el veinticinco de marzo siguiente. 3. Mediante escrito de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, el demandado Roger Iván García Mendoza, dio contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, designó como su autorizado en términos amplios del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, a Sergio Porfirio Ceh Canto, señaló domicilio y ofreció pruebas en su favor. 4. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en atención a la solicitud de la parte actora, la juez responsable decretó el embargo sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo quincenal que percibe como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Médica Familiar número Quince, y ordenó notificar dicho auto a la parte demandada de manera personal. (acto reclamado) 5. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se notificó dicho auto a la parte demandada por conducto de su autorizado Sergio Porfirio Ceh Canto. 6. Por oficio PJ-CJ-JZMOCUN-744/2021 de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la juez responsable comunicó al Instituto Mexicano del Seguro Social, dicho requerimiento a fin de que lo llevara a cabo; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se haría acreedor a una de las medidas de apremio previstas en el numeral 1067 Bis del Código de Comercio. De lo antes relacionado se advierte que la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil oral natural, fue notificada del auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, donde se decretó el embargo del treinta por ciento del excedente de su salario mínimo quincenal que percibía como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social; por conducto de su autorizado Sergio Porfirio Ceh Canto, desde el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, como se ve de la constancia que se inserta enseguida: Persona que, como se indicó, fue designada por el demandado en el juicio natural, aquí quejoso, como su autorizado en términos amplios en términos del numeral 1069 párrafo tercero de la Ley de Amparo, al contestar la demanda instaurada en su contra; el cual conviene resaltar también es autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Roger Iván García Mendoza. Entonces, si el quejoso Roger Iván García Mendoza conoció fehacientemente del auto donde se trabó el embargo de su salario y demás prestaciones, dictado en el juicio del que es formal y materialmente parte demandada, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, desde el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, cuando se le notificó dicho auto; es incuestionable que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea. En efecto, conforme a las reglas para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, se advierte que nos encontramos en la hipótesis señalada en el inciso a) conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; pues como se evidenció, el auto combatido fue notificado personalmente por conducto de su autorizado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Luego, el plazo para la presentación de la demanda inició el día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, a saber, el tres de mayo de dos mil veintiuno, día hábil siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación reclamada conforme al numeral 1075 del Código de Comercio Así, si la demanda la presentó el veinte de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, indudablemente se hizo de forma extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de quince días con que contaba para promover la demanda de amparo; por lo que se determina que los actos que aquí se reclaman se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, pues la promovente del amparo fue notificado del acto reclamado desde el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo indirecto ha transcurrido en exceso. En esas condiciones, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia, consistentes en el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno y su ejecución. Finalmente, respecto a los alegatos formulados por las partes debe decirse que no se estudiarán porque de acuerdo con su naturaleza, sólo constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, consecuentemente no es obligación para el suscrito juzgador de amparo entrar al estudio de los razonamientos expresados en los alegatos. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roger Iván García Mendoza, por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en el diverso quinto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Angel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, remitida por la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual informa que el pasado veintitrés del mes y año en curso, rindió su informe justificado y remitió las constancias correspondientes; de lo cual se toma conocimiento, sin que haya lugar a dictar mayor acuerdo en razón que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo rindiendo dicho informe y se acordó lo conducente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, remitida por la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual informa que el pasado veintitrés del mes y año en curso, rindió su informe justificado y remitió las constancias correspondientes; de lo cual se toma conocimiento, sin que haya lugar a dictar mayor acuerdo en razón que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se le tuvo rindiendo dicho informe y se acordó lo conducente.
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