Roger Iran Méndez Carrillo

Expediente 2864/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2864/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Roger Iran Méndez Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda este expediente, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito del quejoso Roger Irán Méndez Carrillo. En relación con su contenido, como lo solicita el promovente, no habiendo impedimento legal alguno toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, devuélvansele las constancias que refiere en el ocurso de mérito, previo recibo que se otorgue en autos, quedando autorizada para recibirlas la persona que indica. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación Secretarial, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo que se desechó y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, se acuerda: toda vez que a la presente fecha, las autoridades foráneas Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, Agencia Investigadora 2P Unidad de Investigación 1 sin detenido, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; no han rendido sus informes previos en este asunto, ni obra en autos las tarjetas de acuses de recibo de los oficios 35313/2022 y 35314/2022, por los cuales se les solicitó. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Lo anterior, no obstante que el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que los domicilios de las referidas autoridades responsables se ubican fuera de la residencia de este Juzgado; a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ROGER IRÁN MÉNDEZ CARRILLO solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), residente en la Ciudad de México, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO El oficio número 223301EL354225, de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se resolvió de manera negativa su solicitud de autorizarle al quejoso el consumo personal y lúdico de la marihuana. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 2864/2022-IV-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, las deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la nación, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se pronunció respecto a la Declaratoria General de inconstitucionalidad 17/2018, respecto a la Ley General de Salud. El artículo 61, fracción VIII, de la citada ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; .". Ahora, en el caso la parte quejosa reclama el oficio 223301EL354225 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mediante el cual se le niega su solicitud para el uso lúdico y recreativo del estupefaciente cannabis sativa. Así como la falta de promulgación y publicación de una ley para el consumo moderado, ordenado, pacífico y exclusivo de la cannabis sativa para su persona. En el caso interesa la declaratoria general de inconstitucionalidad prevista en los artículos 42, 43, 59, 72 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta declaratoria surge en dos procesos constitucionales denominados controversias y acciones de constitucionalidad. En las controversias constitucionales, si el juzgador concluye que una autoridad emitió una disposición de carácter general -por ejemplo una ley- al ejercer facultades que le competen a otro poder o nivel de gobierno, la disposición impugnada podría declararse inválida y quedar sin efectos respecto de todas las personas. Para que esto suceda es necesario que la controversia se haya promovido en alguno de los casos siguientes: - Contra disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación. - Contra disposiciones generales de los Municipios impugnadas por los Estados. - Por conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus Cámaras o la Comisión Permanente. - Por conflictos entre dos Poderes de un mismo Estado o entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. En el caso de que se cumpla alguna de dichas condiciones (en términos de los artículos 42 y 43 de la ley enunciada), la disposición impugnada perdería sus efectos generales -es decir, no podría ser aplicada a persona alguna- pero únicamente en el caso de que la resolución emitida por Suprema Corte de Justicia de la Nación sea aprobada por el voto de ocho o más de sus Ministros. En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación calificada, el Pleno del Máximo Tribunal de la República declarará desestimadas dichas controversias. En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. En tanto, en las acciones de inconstitucionalidad, ahora -conforme lo disponen los artículos 42, 43, 59 y 73 de la ley citada- los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o ley, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna. Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de ocho o más de sus Ministros. En el caso específico, se trae como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó declarar la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud respecto a sus artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo. Por decisión de la mayoría de sus integrantes el Tribunal Constitucional de nuestro País determinó, en esencia que dicha Ley resultaba inconstitucional y que solo podría utilizarse con fines médicos y científicos. Asimismo, una parte de sus miembros, se pronunció sobre el uso lúdico y recreativo del estupefaciente denominado cannabis. Con esta resolución la Suprema Corte dio por terminada Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, promovida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal. Misma resulta obligatoria para esta Juzgadora, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 116/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 174314, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Página 213, de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA. La circunstancia de que no se haya publicado tesis de jurisprudencia relativa a una acción de inconstitucionalidad en cuya resolución se declaró la invalidez de alguna norma general, no es óbice para que los Tribunales Colegiados de Circuito apliquen el criterio sostenido en ella, pues de conformidad con el artículo 43, en relación con el 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por lo menos por ocho votos, son de observancia obligatoria y conforme al artículo 44 de la ley citada, la resolución se inserta de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación así como en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Además, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas en esos términos, se entienden comprendidas en el supuesto a que se refiere el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2001, que establece: "QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: ... D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia." Por tanto, considerando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una declaratoria general de su inconstitucionalidad; con ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que como acto reclamado no se controvierta en forma directa la norma; sin embargo, dado que para el análisis del oficio reclamado resulta indispensable estudiar la constitucionalidad de los preceptos legales que como sistema normativo se contienen en el mismo, que constituyen la base de la negativa, es que se actualiza la causal de improcedencia referida. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y como autorizado en términos amplios como lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ACCESIBILIDAD AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DESCARGAR CONSTANCIAS Asimismo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO ACUERDO GENERAL DEL CJF Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y regístrese.

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