Roger Humberto Cabañas Chi
Expediente 1511/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1511/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roger Humberto Cabañas Chi y Otros.
- Roger Humberto Cabañas Chi
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Roger Humberto Cabañas Chi, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, bajo protesta de decir verdad manifiesta que no promovió recurso de revocación en contra de los proveídos que señala como el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, no obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 112 y 113 de la Ley de Amparo aplicable se desecha la presente demanda por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como a continuación se expone. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la parte conducente de los acuerdos de dieciocho de mayo y catorce de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 133/2019, por el cual se le requiere que deposite la cantidad de doscientos setenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos con seis centavos, en concepto de pensiones alimenticias adeudadas, la cantidad de trescientos sesenta y un mil cien pesos sin centavos, moneda nacional, en concepto de diferencias de pensión alimenticia correspondiente a los meses de julio a noviembre de dos mil diecinueve, así como la cantidad de cuatrocientos setenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con noventa y cuatro centavos, moneda naciones, en concepto de diferencias a la pensión alimenticia y por el periodo que comprende de diciembre de dos mil diecinueve a abril de dos mil veinte, al igual que el importe, o bien acredite fehacientemente haber realizado dichos pagos, y que en caso de incumplimiento se aplicaría una multa. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, se asevera que en el presente caso opera la referida causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual contempla la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, pues en contra del acto que por esta vía constitucional impugna el promovente procede el recurso de revocación, por las razones que a continuación se expondrán. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo, en términos generales, es improcedente, ya que por su naturaleza, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. Es decir, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la parte conducente de los acuerdos de dieciocho de mayo y catorce de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 133/2019, por el cual se le requiere que deposite la cantidad de doscientos setenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos con seis centavos, en concepto de pensiones alimenticias adeudadas, la cantidad de trescientos sesenta y un mil cien pesos sin centavos, moneda nacional, en concepto de diferencias de pensión alimenticia correspondiente a los meses de julio a noviembre de dos mil diecinueve, así como la cantidad de cuatrocientos setenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con noventa y cuatro centavos, moneda naciones, en concepto de diferencias a la pensión alimenticia y por el periodo que comprende de diciembre de dos mil diecinueve a abril de dos mil veinte, al igual que el importe, o bien acredite fehacientemente haber realizado dichos pagos, y que en caso de incumplimiento se aplicaría una multa, y partiendo de lo anterior, es incuestionable que en el caso, la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar el medio de defensa ordinario procedente consistente en el recurso de revocación. En este caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, la parte quejosa tuvo la posibilidad de interponer el recurso de revocación en contra de la parte conducente de los acuerdos de dieciocho de mayo y catorce de julio, ambos de dos mil veintiuno, de conformidad con el citado precepto legal que establece de forma general el citado recurso. Así es, el contenido del artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán y que es aplicable al caso, dispone: "Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." De lo anterior y en lo que aquí interesa podemos advertir que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. En ese sentido, en el caso resulta evidente que en contra de la parte conducente de los acuerdos de dieciocho de mayo y catorce de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 133/2019, por el cual se le requiere que deposite la cantidad de doscientos setenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos con seis centavos, en concepto de pensiones alimenticias adeudadas, la cantidad de trescientos sesenta y un mil cien pesos sin centavos, moneda nacional, en concepto de diferencias de pensión alimenticia correspondiente a los meses de julio a noviembre de dos mil diecinueve, así como la cantidad de cuatrocientos setenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con noventa y cuatro centavos, moneda naciones, en concepto de diferencias a la pensión alimenticia y por el periodo que comprende de diciembre de dos mil diecinueve a abril de dos mil veinte, al igual que el importe, o bien acredite fehacientemente haber realizado dichos pagos, y que en caso de incumplimiento se aplicaría una multa, en términos del artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, pueden ser impugnado mediante el referido recurso por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables. En esas circunstancias, el quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación correspondiente, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existía la certeza de tal medio de impugnación, además de que no se estaba en algún caso de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es incuestionable que en el presente caso el juicio de amparo indirecto que nos ocupa resulta improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debe interponerse el recurso que la ley prevé. Además de que el recurso no se sujeta a una interpretación adicional para entender que el recurso de revocación sea el procedente, pues éste es muy claro en establecer que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado, por lo que el quejoso debió interponer el citado recurso antes de acudir al juicio de amparo, por tanto, tampoco estaría en la excepción prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII. Tiene aplicación jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2005039, con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto, es inconcuso que en el presente caso se actualiza, como ya se vio, la existencia de la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo; por lo que se desecha la demanda de amparo promovida por Roger Humberto Cabañas Chi contra actos de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sustenta el criterio anterior, la tesis de jurisprudencia número XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, del Tomo: IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Roger Humberto Cabañas Chi contra actos del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, demanda presentada con catorce copias y sin anexos; fórmese expediente y regístrese con el número de juicio de amparo 1511/2021. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, en especial del capítulo de acto reclamado se advierte que la parte quejosa reclama como tal: los autos de dieciocho de mayo y catorce de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente 133/2019; esto, sin precisar la parte quejosa si en contra de dichos proveídos promovió recurso de revocación. En tales consideraciones y a efecto de acordar lo relativo a la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción IV y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, realice lo siguiente: Primero. Precise si en contra de los proveídos que reclama de dieciocho de mayo y catorce de julio, ambos de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente 133/2019, promovió recurso de revocación y en su caso, si este ya fue resuelto, de ser así señale la fecha de la resolución correspondiente. Segundo. Exhiba las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Se estima aplicable al caso, las jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes: Número P.J 36/2001, publicada en el folio 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la parte quejosa en el sentido que de no subsanar dichas prevenciones en su totalidad, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Erika del Jesús Méndez Corcuera y David Araba Dorantes Cabrera, y en los términos restringidos del citado numeral, a los restantes nombrados, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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