Roger Armando Marin Uc

Expediente 658/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
658/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Roger Armando Marin Uc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, toda vez que con esta propia fecha se ordenó el archivo del juicio original de donde deriva el presente incidente y, que en los presentes autos por una parte se negó y por otra se oncedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; en tal virtud, de conformidad con el artículo 20, inciso a) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, conforme al conforme al artículo 18, inciso a) del citado Acuerdo General, se indica que el presente expediente debe considerarse archivo de trámite y ser conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo, deberá realizarse su depuración y deberá transferirse al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente cuaderno incidental. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    II-Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y tercera interesada a fin de que manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto del acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Provéase lo que corresponda en el cuaderno incidental relativo al presente juicio. Finalmente, toda vez que en esta propia fecha se ordena el archivo del presente juicio de amparo; devuélvase a la autoridad responsable copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado en dos discos compactos que fueron remitidos en apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista y oficio a la autoridad

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el veintiocho de julio de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Advirtiendo que ha fenecido el plazo otorgado a las partes respecto al proveído de trece de julio de dos mil veintidós, sin que hubieren realizado manifestación alguna. En tal virtud, se procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." I. Efectos de la concesión del amparo. Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, y para los cuales fue concedido el amparo de la justicia federal a Roger Armando Uc Marín, contra el acto que reclamó del juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, fueron: "[.] 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictado en contra del aquí quejoso; 2. Citar a las partes para que en audiencia y, sin abrir debate, atendiendo las consideraciones vertidas en esta resolución, emita un nuevo auto de vinculación a proceso en el cual reitere lo relativo a la acreditación de los hechos que la ley señala como delito a la violación a la intimidad personal o familiar y extorsión, así como la probabilidad de que la persona imputada lo cometió y, con libertad de jurisdicción se pronuncie nuevamente sobre la agravante prevista en el artículo 194 Quárter, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, para lo cual, deberá motivar adecuadamente si el ilícito ocurrió precisamente cuando el imputado se encontraba en el ejercicio de su actividad profesional." Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, causo ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable. II. Acciones desplegadas por la autoridad responsable. La jueza de Control y Ejecución para Adolescentes de Primera Instancia, habilitada como juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, remitió las constancias con las que acató la ejecutoria de amparo; entre dichos documentos se encontraron copia certificada de la resolución de once julio de dos mil veintidós, emitida dentro de la carpeta administrativa 144/2021 de su índice, en el cual dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de nueve de agosto de dos mil veintiuno; citó a las partes para la audiencia sin abrir debate, la cual se celebró en la fecha que se menciona. En la misma fecha, dictó resolución, con exposición de fundamentos y motivaciones para el sustento del sentido de la determinación y posteriormente emitió la versión escrita; documental que se recibió el siete de julio de dos mil veintidós. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Con la información rendida en acuerdo de ocho de julio del año en curso, se dio vista a las partes, con el contenido del oficio y anexo remitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. Por ende, no existe duda que la responsable acató el lineamiento del fallo constitucional, por virtud de que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 144/2021; asimismo, fijó fecha para la audiencia, la cual previo diferimiento, sin abrir debate, se celebró el once de julio de dos mil veintidós. En la misma fecha, dictó auto de vinculación a proceso, con exposición de fundamentos y motivaciones para el sustento del sentido de la determinación y posteriormente emitió la versión escrita. En ese sentido, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el once de julio del año en curso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a sentido contrario, con la presente determinación dese vista a la parte quejosa, por el término de quince días a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra el presente acuerdo, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad.

  4. Principal

    Advirtiendo que ha fenecido el plazo otorgado a las partes respecto al proveído de trece de julio de dos mil veintidós, sin que hubieren realizado manifestación alguna. En tal virtud, se procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." I. Efectos de la concesión del amparo. Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, y para los cuales fue concedido el amparo de la justicia federal a Roger Armando Uc Marín, contra el acto que reclamó del juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, fueron: "[.] 1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictado en contra del aquí quejoso; 2. Citar a las partes para que en audiencia y, sin abrir debate, atendiendo las consideraciones vertidas en esta resolución, emita un nuevo auto de vinculación a proceso en el cual reitere lo relativo a la acreditación de los hechos que la ley señala como delito a la violación a la intimidad personal o familiar y extorsión, así como la probabilidad de que la persona imputada lo cometió y, con libertad de jurisdicción se pronuncie nuevamente sobre la agravante prevista en el artículo 194 Quárter, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, para lo cual, deberá motivar adecuadamente si el ilícito ocurrió precisamente cuando el imputado se encontraba en el ejercicio de su actividad profesional." Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, causo ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable. II. Acciones desplegadas por la autoridad responsable. La jueza de Control y Ejecución para Adolescentes de Primera Instancia, habilitada como juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, remitió las constancias con las que acató la ejecutoria de amparo; entre dichos documentos se encontraron copia certificada de la resolución de once julio de dos mil veintidós, emitida dentro de la carpeta administrativa 144/2021 de su índice, en el cual dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de nueve de agosto de dos mil veintiuno; citó a las partes para la audiencia sin abrir debate, la cual se celebró en la fecha que se menciona. En la misma fecha, dictó resolución, con exposición de fundamentos y motivaciones para el sustento del sentido de la determinación y posteriormente emitió la versión escrita; documental que se recibió el siete de julio de dos mil veintidós. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Con la información rendida en acuerdo de ocho de julio del año en curso, se dio vista a las partes, con el contenido del oficio y anexo remitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. Por ende, no existe duda que la responsable acató el lineamiento del fallo constitucional, por virtud de que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 144/2021; asimismo, fijó fecha para la audiencia, la cual previo diferimiento, sin abrir debate, se celebró el once de julio de dos mil veintidós. En la misma fecha, dictó auto de vinculación a proceso, con exposición de fundamentos y motivaciones para el sustento del sentido de la determinación y posteriormente emitió la versión escrita. En ese sentido, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el once de julio del año en curso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a sentido contrario, con la presente determinación dese vista a la parte quejosa, por el término de quince días a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra el presente acuerdo, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad.

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