Roger Antonio Roche Millet

Expediente 541/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
541/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Roger Antonio Roche Millet

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 541/2021-II-A, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este órgano de control constitucional, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, Fiscal Investigador de la Unidad de investigación y Litigación de Delitos Patrimoniales 02 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán y Registrador adscrito a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada previamente con el número 541/2021-II-A; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables, lo siguiente: La determinación de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió dejar insubsistente el acuerdo de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, dictado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Patrimoniales 02, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el cual se ordenó que se gire oficio al Director de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán para efectos de que se realice el cierre de partidas del ********************; y su ejecución TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, Fiscal Investigador de la Unidad de investigación y Litigación de Delitos Patrimoniales 02 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán y Registrador adscrito a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron al mismo. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni opera alguna que debiera hacerse valer de oficio; por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia a lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. En la resolución reclamada, el Juez de Control responsable consideró esencialmente, lo siguiente: Que le asistía la razón a la parte promovente, ya que la determinación del Fiscal Investigador no estaba fundada y motivada, y por ende la misma debía levantarse. Que si bien era cierto que le asistía la razón al fiscal en el sentido de que habían momentos en que la fiscalía podía hacer actos de investigación y determinaciones que pudieran dar lugar al aseguramiento de bienes y que se levantaran los registros en los Registros Públicos de la entidades de conformidad con el artículo 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero para ello debía cumplirse con lo establecido en los artículos 229, 230, 231, 232 y 233 del referido ordenamiento legal, es decir, debía operar la regla que regía para el aseguramiento de bienes o instrumentos del delito. Sin embargo, de la resolución dictada por el Fiscal no se advertía que la misma estuviese fundada y motivada en esos términos, ya que únicamente había señalado que se había otorgado en términos del artículo 20 Constitucional, el cual se refería a los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, a los actos de investigación, principios rectores del proceso y a las facultades de la autoridad investigadora. Pero que sin embargo, no se advertía que hubiese realizado el aseguramiento del inmueble en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni siguió los lineamientos establecidos en dicho numeral, además de que fue omiso en señalar los motivos por los cuales emitió el acto. Aunado a que advertía que el aseguramiento y/o cierre de registro de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, se notificó al Registro Público el cinco de agosto siguiente, y a la defensa hasta octubre de ese año; es decir, no cumplió con los requerimientos del aseguramiento ni con las reglas de notificación en relación a ese tipo de actos. De igual manera señaló la responsable que si bien la autoridad investigadora dijo hacerlo en términos del numeral 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no observó ni respetó las reglas para el aseguramiento de bienes de conformidad con el artículo 229 del citado dispositivo legal, ya que para emitir el acto impugnado, solamente se basó en las manifestaciones que le hizo el denunciante, pero ni siquiera se cercioró de que efectivamente los hechos narrados en relación a los poderes conferidos y a las actas de asamblea estuviesen vigentes, pues omitió realizar acto de investigación alguno, ya que en la audiencia los datos de prueba que hizo valer, se obtuvieron con posterioridad a la emisión de la determinación, la cual insistió, no tenía los fundamentos y motivos legales para su dictado. Ahora bien, en sus conceptos de violación, de manera sintetizada el quejoso aduce que la responsable transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que al no citarlo a la audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en su carácter de víctima u ofendido, se le causó agravio al no permitirle defender los derechos que como tal tiene reconocidos. Lo anterior es infundado por lo siguiente. En principio, por razón de técnica jurídica, debe analizarse lo que aduce la parte quejosa, en relación a que en la resolución combatida no se respetaron los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 Constitucional. Lo que resulta infundado, toda vez que contrariamente a lo señalado por el quejoso la determinación combatida sí se encuentra fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para la emisión del acto reclamado, basta la escucha de la referida sentencia para percatarse que el Juez de Control responsable invoca los artículos 229 al 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y respecto de los cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo. De ahí que del análisis de la determinación reclamada se advierte que la misma sí se encuentra fundada y motivada, ya que contiene la expresión amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que llevaron al Juez de Control a determinar que la actuación del Fiscal Investigador resultaba ilegal. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por otra parte, debe establecerse que el acto reclamado tiene su origen en una actuación del fiscal investigador, en la que determinó decretar el cierre de registro del inmueble con folio ********************, la cual hizo en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que refiere al aseguramientos de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. En efecto, en relación al aseguramiento de bienes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación." "Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto; II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables." "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono. El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable." De los artículos antes transcritos se desprende que el agente del Ministerio Público puede decretar el aseguramiento de los instrumentos del delito, de los objetos que sean producto de éste y aquellos que puedan servir como medios de prueba; cuando sea necesario; lo cual constituye sólo una medida cautelar, pues ésta tiene como finalidad primordial impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho, para la debida integración de la carpeta de investigación y eventualmente, decretar su decomiso, destrucción, perdida o posterior embargo precautorio. Por ende, es evidente que en dichos preceptos legales no se faculta al Ministerio Público para pronunciarse sobre la propiedad de esos bienes, sino que sólo la limita de manera provisional, en tanto que el aseguramiento dura el periodo de la investigación, etapa que una vez agotada, hace que nazca la obligación del representante social de poner los bienes a disposición de la autoridad judicial, a quien en todo caso corresponderá determinar su destino final, como sería el decomiso, destrucción, pérdida o posterior embargo precautorio, por tanto, es de concluirse que el aseguramiento decretado en una carpeta de investigación sólo constituye un acto de molestia. Bajo este contexto, los argumentos del quejoso encaminados a evidenciar la trasgresión al derecho de audiencia resultan infundados, pues se reitera, el aseguramiento de bienes constituye un acto de carácter provisional, por tratarse de una medida precautoria no definitiva, al no constituir un fin en sí mismo, dado que su objetivo primordial es el de proteger los bienes materia de la medida y de esta manera garantizar la comprobación del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, las eventuales penas consistentes en la reparación del daño y/o el decomiso. Aunado a que la notificación del decomiso se da con posterioridad, esto es, una vez materializado. Ilustra lo anterior, en lo conducente y por analogía, la tesis 1a. XXXIX/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página doscientas cuarenta y nueve del Tomo XII, diciembre de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 190610, que señala: "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO PREVÉ, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1994, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", que la garantía de audiencia previa consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismos, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el hecho de que el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, al prever el aseguramiento practicado por el Ministerio Público de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, sólo contemple la obligación de dar al afectado la posibilidad de ser oído en su defensa con posterioridad a dicho aseguramiento, no transgrede la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el citado aseguramiento produce la indisponibilidad del bien asegurado mientras se resuelve en definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, también lo es que la afectación que se realiza a través de tal aseguramiento no implica una privación definitiva de la propiedad, de la posesión o de la disponibilidad de los bienes asegurados, ya que su efecto consiste en ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales para garantizar, por un lado, la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia". En ese sentido, considerando que para decretar esa medida de carácter provisional no rige el derecho de audiencia, por no implicar una privación definitiva de la propiedad; en igualdad de derechos, por tratarse de la audiencia donde la contraparte impugna la imposición de esa medida precautoria, de igual manera no rige dicho derecho ni trastoca el principio de contradicción que rige al proceso penal acusatorio y oral. Sobre todo si se toma en consideración que quien pudiera "resentir" dicha determinación, tiene su derecho expedito para acudir ante el Juez de Control en términos de los artículos 229, 230, 231, 232 y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, al haber sido interpuesto el medio de impugnación ante el Juez de Control en relación al aseguramiento que en un primer término estableció el fiscal investigador, el cual la autoridad responsable estimó ilegal por no encontrarse debidamente fundado y motivado, al no haberse seguido las reglas establecida en los numerales 229 al 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existía obligación de otorgar el derecho de audiencia previa a la hoy parte quejosa. De ahí lo infundado de los conceptos de violación expresados por el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Fiscal Investigador de la Unidad de investigación y Litigación de Delitos Patrimoniales 02 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán y Registrador adscrito a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad, ya que no se les atribuyen vicios propios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/12, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página cuarenta y uno, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, Fiscal Investigador de la Unidad de investigación y Litigación de Delitos Patrimoniales 02 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán y Registrador adscrito a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con doce minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por rendidos en tiempo y forma los aludidos informes justificados de las responsables. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta al Juez con las documentales aportadas en autos por el quejoso y con un disco versátil digital que contiene copia del audio y video de la audiencia de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, verificada en la expedientillo 59/2021, mismo que el Juez de Control responsable remitió con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. A continuación, abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta con el alegato 284/2021, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo certifica que las restantes partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior el Juez acuerda: ténganse por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y por hecha la certificación del Secretario, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior el Juez que preside la audiencia declaró cerrado el período de alegatos. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y da por concluida la presente audiencia, que se firma para constancia por los que en ella intervinieron.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este incidente el oficio 2466/2021 del Juez adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual esencialmente comunica que sí rindió su correspondiente informe previo en este asunto. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe previo de referencia y se acordó lo conducente al mismo. Notifíquese y cúmplase.

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