Roger Antonio Pech Calderon

Expediente 1048/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1048/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Roger Antonio Pech Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente y líbrese los oficios correspondientes.

  2. Incidental

    Vista la copia de la demanda de amparo que obra en autos; como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1048/2023-II-A, promovido por *****, contra actos del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y otras autoridades. Requerimiento de informes previos y señalamiento de audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda, a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, los informes previos de las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veinte de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia. De conformidad con los artículos 168 y 140, de la Ley de Amparo, en el citado informe previo se deberán concretar a expresar si son o no ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades que lo rinden, y que determinen la existencia de los actos que de ella se reclaman, y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, así como la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa a la parte quejosa, y en su caso, si es factible, la situación económica del mismo y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia; además debe precisar el delito o delitos por el cual se libró la orden de reaprehensión y detención, así como su ejecución, los artículos que tipifican y sancionan a éstos y si conforme a la ley aplicable se puede obtener la libertad provisional bajo caución, a que se refiere la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal o, bien, si se trata de un delito que merezca prisión preventiva oficiosa conforme al actual marco normativo. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. El peticionario de amparo hace consistir el acto reclamado en: "ACTO RECLAMADO: Señalo como tal, la arbitrariedad e injustificada orden de reaprensión y detención que han dictado las referidas autoridades responsables en mi contra, misma que pretenden ejecutar por medio de los policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado y del Estado de Yucatán." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que el peticionario de amparo hace consistir el acto reclamado en: La orden de reaprehensión y detención, así como su ejecución. En ese contexto, dado que los actos reclamados que se combaten señalados en supra líneas, se advierte que se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, ya que, en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por la parte agraviada en su escrito inicial de demanda, no se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse el acto reclamado sería difícil la reparación de los daños y perjuicios. Pronunciamiento de la suspensión provisional. Respecto a la orden de reaprehensión y detención, que reclama con fundamento en el artículo 166, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que: Si la orden de reaprehensión y detención fue dictada por un delito que tenga prevista prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso, una vez detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, únicamente en lo que se refiera a su libertad y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para la continuación del mismo. En el caso de que la orden de reaprehensión y detención hubiese sido dictada por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que la parte quejosa no sea detenida, con motivo de la orden de aprehensión o detención reclamada. Ahora cabe señalar que los términos de la medida cautelar no surtirán efectos en favor de la parte agraviada, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de reaprehensión y detención o alguna análoga dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables por el peticionario de amparo. Por lo tanto, la suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Además, la suspensión concedida sólo surtirá efecto en caso de que el acto reclamado haya sido emitido con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que fue a las diecinueve horas con nueve minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, pues de emitirse con posterioridad, no surtirá efectos la suspensión provisional concedida y podrá ejecutarse los actos reclamados. Garantía para que pueda seguir surtiendo efectos la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 166, fracción II, en relación con el numeral 22, todos de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, no exhibe una garantía a satisfacción de este Juzgado Federal, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberán aparecer como depositantes para garantizar su devolución a la autoridad que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Asimismo, dicho billete de depósito deberá contener los requisitos siguientes: 1] Nombre del quejoso. 2] Número de expediente dentro de que se gestiona la garantía. 3] Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4] Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5] Importe por el cuál se expidió el certificado para otorgar la garantía. 6] Fecha de expedición del certificado. Para el caso de que la parte quejosa exhiba ante este órgano de control constitucional la garantía anteriormente impuesta en efectivo, es necesario que señale los siguientes datos solicitados por el Banco del Bienestar para su canje: 1] Nombre completo del quejoso. 2] Sexo. 3] Relación con titular. 4] Constancia Única de Registro de Población (CURP). 5] Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC). 6] Estado Civil. 8] Ocupación o Profesión. 9] Actividad o giro del negocio. 10] Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa). 11] Lugar de Nacimiento (localidad) 12] Estado, País, Nacionalidad. 13] Domicilio actual (Número exterior, número interior, Colonia, Localidad, Municipio, Estado, Código Postal). 14] Teléfono. Lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la ley de la materia, cantidad que se fija de manera discrecional, por no contar con la información para decretarla en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, misma que podrá variar si con posterioridad aparecen las circunstancias que así lo ameriten. Sin que por el momento haya lugar a exigir al quejoso que comparezca ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió; de ahí que dicha medida de aseguramiento, no será exigible hasta en tanto la autoridad que emitió el acto reclamado rinda su respectivo informe previo, en el que manifieste si es o no cierto el acto que se le atribuye, cuestión ésta que, en su caso, deberá notificarse personalmente a la promovente, a efecto de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral invocado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir efectos. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a ********************y********************, en términos restringidos por así solicitarlo expresamente. Asimismo, de acuerdo con los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se accede a la solicitud realizada, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente, con nombre de usuario "********************" por tanto, ordénese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Habilitación de días y horas hábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones en el expediente. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que las actuarias de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En acatamiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, como lo solicita la quejosa, expídasele copia certificada de la presente determinación, autorizando para recibirlas a la persona que refiere en su escrito de demanda, previa constancia de su entrega que se deje en autos. Notifíquese.

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