Roger Amilcar Ramos Urbina

Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
80/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Roger Amilcar Ramos Urbina

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 2 hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; de igual forma, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 3 documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación de dicho expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista el acata de comparecencia de cuenta, se advierte que en cumplimiento al auto de ocho de febrero del año en curso, la licenciada María de Jesús López Guzmán Defensora Pública Federal, adscrita a la Agencia del Ministerio Público de la Federación compareció ante este Juzgado de Distrito, para aceptar el cargo conferido; en consecuencia, téngase a la citada defensora como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Roger Amílcar Ramos Urbina. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Titular de la Delegación del Instituto de la Defensoría Pública Delegación Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual, designa a la licenciada María de Jesús López Guzmán, para que patrocine jurídicamente al quejoso Roger Amílcar Ramos Urbina, en el presente juicio y le brinde asesoría respecto a la solicitud de traslado voluntario contenida en el escrito de demanda que dio origen al presente juicio. En ese sentido, téngase a la profesionista de referencia con el carácter de autorizada en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Roger Amílcar Ramos Urbina; en consecuencia, requiérasele para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente al local de este juzgado y acepte y proteste el cargo que le fue conferido, o bien, manifieste el impedimento que tuviere para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo enunciado, se le comunicará dicha situación a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Chiapas, para los efectos conducentes. Notifíquese, personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a la Defensora Público Federal.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Roger Amilcar Ramos Urbina, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán. Por consiguiente, con el original de la demanda fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 80/2022. Ahora, en el apartado correspondiente, se desprende que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: Solicito a usted C. Juez de la manera mas atenta y respetuosa se me sea concedido el Amparo y protección de la Justicia Federal para, que se me sea trasladado del Centro de Readaptación Social N#15 CPS Chiapas al diverso Centro Federal de Readaptación Social N#14 CPS Durango, o para el Centro Federal de Readaptación Social N#11 CPS, Hermosillo Sonora". Sic. De lo transcrito, se obtiene que la intención del impetrante de amparo es solicitar a este Juzgado el traslado a un centro penitenciario diverso al en que actualmente se encuentra recluido. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 2 Establecido lo anterior, este Juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que a la letra reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Como se puede ver, previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, debido a que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora bien, con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 3 ??????????????? que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 10a., emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 18 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2001988 del rubro y texto siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." Bajo esa línea, se estima oportuno traer a colación el contenido de los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 50, 52, 107, 114, 115 y 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 4 "Artículo 2 Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 5 ??????????????? traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso de que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 6 continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente." "Artículo 122. Formulación de la controversia FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 7 ??????????????? La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De lo anterior se desprende que, la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. En ese sentido, el artículo 50 de la Ley en cita, dispone que las personas privadas de su libertad podrán solicitar ante la autoridad penitenciaria o en su caso ante el Juez de Control o de Ejecución, su traslado voluntario a un centro penitenciario distinto en el que guarden reclusión dentro del territorio nacional, siempre y cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, debiendo acreditar lo establecido en los párrafos tercero y octavo del artículo 18 de la Constitución Federal. Luego, ante la existencia de una persona sentenciada que tenga interés para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 8 expreso en presencia de la persona que sea su defensora, a fin de tener certeza plena de su voluntad. Con la precisión que la solicitud de traslado voluntario no procede respecto a personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Finalmente, de los numerales transcritos en último término se desprende que en el supuesto de que las autoridades penitenciarias no den trámite a la solicitud formulada por el interesado en el término establecido para tal efecto, podrán acudir ante el Juez de Ejecución a reclamar su omisión, quien deberá atenderla en un plazo no mayor a setenta y dos horas y de ser procedente requerirá a la autoridad denunciada para que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto por la norma, dando cuenta a su superior jerárquico. Lo expuesto, pone de manifiesto que la solicitud de traslado voluntario del quejoso Roger Amilcar Ramos Urbina, del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS DURANGO", o al Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS HERMOSILLO", con sede en Sonora, no puede ser motivo de estudio a través del juicio de amparo, debiendo dirigirla ante el Director del Centro penitenciario en el que se encuentra recluido, o en su caso, ante el Juez de Ejecución competente, tal como se precisó en líneas que anteceden. Luego, el quejoso tiene expedito su derecho para formular su solicitud de traslado voluntario ante la autoridad penitenciaria, o bien ante el Juez de Ejecución que resulte competente. FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 9 ??????????????? En esas condiciones, al no resultar el juicio de amparo la vía idónea para hacer valer su solicitud, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Roger Amilcar Ramos Urbina. A lo anterior, tiene aplicación por las razones que expone, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal Común, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2023736, que precisa: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 10 penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto -escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental-, a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 11 ??????????????? manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta al promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Finalmente, el quejoso Roger Amílcar Ramos Urbina, solicita un defensor público federal para que lo patrocine en este juicio de amparo; en consecuencia gírese atento oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para que en el ámbito de sus atribuciones de ser procedente, designe profesionista que patrocine al aquí quejoso en la tramitación del presente juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, y para que lo asesore respecto a la solicitud de traslado voluntario intentada por el quejoso, en ese sentido se le hace del conocimiento al Titular mencionado, que para el presente asunto resulta idóneo uno del ámbito federal, esto por la materia del juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 43/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2020495, cuyo rubro es: FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 12 "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. Se autoriza que puede dar cumplimiento a lo solicitado por este juzgado a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, con independencia de que pueda remitirlo vía ordinaria. Ahora bien, para efectos de agilizar la comunicación con la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, se autoriza como medio de comunicación y notificación los correos electrónicos siguientes ifdp_cis@correo.cjf.gob.mx y jabes.pascacio.aguilar@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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