Rogelio Zarate Sánchez
Expediente 1771/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 11/06/2018
Partes del expediente
- Rogelio Zarate Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez Primero de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla: ". a) Deje insubsistente el auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete emitido dentro del expediente 1256/2016. b) En su lugar, dicte otro en el que reitere lo que no fue materia de la concesión de amparo. c) Remita el procedimiento de origen al juez que estimó competente, es decir, al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, a fin de que éste, en el ámbito de sus atribuciones, decida si acepta o no la competencia planteada y así, en su momento, exista un pronunciamiento sobre la pretensión del quejoso de convivir con el menor A.A.Z.H." Asimismo, mediante oficio recibido el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con tal documento, mismo que se les notificó el treinta de mayo del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Juez Primero de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió informó que mediante auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 1256/2016 relativo al procedimiento familiar privilegiado de visita y convivencia dejó insubsistente el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete y dictó otro en el mediante exhorto ordenó remitir todo lo actuado dentro de dicho expediente al Juez de Primera instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, a fin de que decida si acepta o no competencia planteada. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Juez Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, por medio del cual informa que mediante auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 1256/2016 relativo al procedimiento familiar privilegiado de visita y convivencia dejó insubsistente el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete y dictó otro en el mediante exhorto ordenó remitir todo lo actuado dentro de dicho expediente al Juez de Primera instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, a fin de que decida si acepta o no competencia planteada; en esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de Arquimidez Cordova Campos, autorizado del quejoso Rogelio Zarate Sánchez, visto su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en el auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el que causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo y se requirió a las autoridades responsable el cumplimiento de la misma.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concede la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Titular del Juzgado Primero para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la ejecutoria, dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, esto es: "a) Deje insubsistente el auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete emitido dentro del expediente 1256/2016. b) En su lugar, dicte otro en el que reitere lo que no fue materia de la concesión de amparo. c) Remita el procedimiento de origen al juez que estimó competente, es decir, al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, a fin de que éste, en el ámbito de sus atribuciones, decida si acepta o no la competencia planteada y así, en su momento, exista un pronunciamiento sobre la pretensión del quejoso de convivir con el menor A.A.Z.H" Sin que se necesario formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que la Juez responsable, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195, de la Ley de Amparo, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que se formó el ANEXO I con las constancias remitidas por la Titular del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; en consecuencia devuélvanse a su lugar de origen.
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