ROGELIO VIERA SÁNCHEZ y Otros.

Expediente 1871/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1871/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2015

Partes del expediente

  • ROGELIO VIERA SÁNCHEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada del proveído de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, y devuélvansele las documentales que señala; asimismo, entréguense a cualquiera de las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos; dejando la certificación correspondiente de las documentales de referencia. Sin que haya lugar a ordenar la expedición de la copia certificada relativa al diverso acuerdo en que cause estado el proveído de referencia; debido a que, en su caso, ésta deberá solicitarla una vez que se emita el mismo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO EL AUTO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Rogelio Viera Sánchez, contra actos del Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1871/2014 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera respetuosamente que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 107, fracciones II y V de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61 mencionado precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades administrativas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos legales de excepción que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución y cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado Por otra parte, el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; (.)" De conformidad con el precepto transcrito en contra de actos de autoridades administrativas federales, procede el juicio de nulidad, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De acuerdo con una interpretación sistemática y amónica de las disposiciones legales analizadas, se deduce que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas federales, porque en su contra procede, como medio de defensa ordinario el juicio de nulidad ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tienen aplicación las tesis siguientes: Registro No. 176566 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXII, Diciembre de 2005Página: 2661Tesis: X.1o.31 KTesis AisladaMateria(s): Común "DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." Registro No. 182901 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVIII, Noviembre de 2003Página: 765Tesis: VI.2o.C. J/239JurisprudenciaMateria(s): Común "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 81 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, prevé lo siguiente: Artículo 81.- En contra de las resoluciones que dicte la Secretaría o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con apoyo en la Ley o en las Leyes de Navegación y Comercio Marítimos o de Vías Generales de Comunicación o en el Reglamento, procederá el recurso de reconsideración, el cual se interpondrá ante la autoridad que emitió la resolución impugnada. HECHOS En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de dos de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente administrativo PFPA/36.3/2C.27.4/0083.14, formado con motivo de la Orden de Inspección número PFPA.SRN.2FMT/083/2014, de seis de agosto de dos mil catorce, en la que se determinó que el quejoso cometió infracciones a la Ley General de Bienes Nacionales, imponiéndole una multa de $33,645.00 (treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco mil pesos moneda nacional). De los antecedentes del acto reclamado no se advierte que la parte quejosa hubiese agotado el juicio contencioso o el recurso de reconsideración en contra de la resolución que reclama, previamente a la promoción de la demanda de amparo que se estudia. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente, pues contra el acto reclamado por la parte quejosa, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal referido, debido a que la autoridad responsable determinó que la parte quejosa cometió infracciones a la Ley General de Bienes Nacionales, imponiéndole como consecuencia de ello, multa por la cantidad precisada en el apartado de hechos del presente auto, es decir, es un acto de naturaleza administrativa emitido por una autoridad federal, por lo que puede combatirse a través del procedimiento contencioso administrativo. Asimismo, tampoco se advierte que el quejoso haya interpuesto el recurso de reconsideración, de conformidad con lo establecido por el artículo 81 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, tal como se le hizo saber a la parte quejosa en la resolución reclamada, que adjuntó a su demanda de amparo. Sin que en el caso, se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, debido a que no se reclama alguna disposición general y abstracta, ni se proponen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución y la ley que rige el juicio de nulidad no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En relación con esto último, se toma en cuenta que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez, que inició su ámbito temporal de validez con posterioridad a los noventa días siguientes al de la publicación, como se prevé en el punto transitorio segundo de ese decreto) establece lo siguiente: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Precisado lo anterior, se analizan cada una de las fracciones del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en comparación con lo previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. Por lo que respecta al artículo 28, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que la suspensión se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, ello está regulado por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, como se ve: "(.) Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y (.)" En relación con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción II, inciso a), dispone que tratándose de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, además, de que al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito; ello está regulado por el artículo 135 de la Ley de Amparo, como se observa: "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Si se realizó embargo por las autoridades fiscales, y los bienes embargados son suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior, siempre que el embargo sea firme. (.)." Hecho lo anterior, se advierte que en los juicios de nulidad y amparo, la suspensión del acto surte efectos previa garantía, además, prevén que no se debe otorgar garantía ante ellas, si ello ya se realizó firmemente ante la autoridad fiscalizadora. Por lo que hace al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción II, inciso b), dispone que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, asimismo, en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía; lo anterior está previsto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. (.)." En lo que corresponde al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción II, inciso c), dispone que en los demás casos, se concederá la suspensión determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme; lo anterior está regulado por el artículo 150 de la Ley de Amparo, como se ve a continuación: "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. [.]" Por lo que se refiere al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción II, inciso d), dispone que el monto de la garantía y contragarantía será fijado por el magistrado instructor o quien lo supla, ello se puede observar en los artículos 132 y 133 de la Ley de Amparo, como se ve, por cuanto hace al primero en párrafos que anteceden respecto del segundo, a continuación: "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." Respecto al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción III, inciso a), dispone que la solicitud de suspensión podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, ello coincide con lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Amparo, como se ve en la siguiente transcripción: "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Lo previsto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción III, inciso b), dispone que la suspensión se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor, ello también está establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dispone: ""(.) Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En lo concerniente al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción III, inciso c), dispone que el Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo anterior es equiparable a lo precisado en el artículo 139 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley,93 si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. (.)." De lo expuesto y citado se observa que tanto en el juicio de nulidad como en el juicio de amparo se prevé la posibilidad de conceder la suspensión del acto de manera inmediata. Lo anterior es así, porque, por una parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 28, fracción III, inciso c), lejos de ampliar el término para pronunciarse sobre la suspensión provisional lo reduce a un plazo perentorio, es decir, a más tardar dentro del día hábil siguiente, lo que revela que debe ser inmediatamente y, por otra parte, si bien el artículo 139 de la Ley de Amparo establece que se puede otorgar la suspensión inmediatamente con la presentación de la demanda de garantías, ello no es en todos los casos, sino únicamente cuando haya peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios al quejoso, en ese supuesto debe concederse la suspensión tomando las medidas necesarias para no afectar a terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. En relación con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción III, inciso d), dispone que el Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días y, vencido el término, con el informe o sin él, resolverá lo que corresponda dentro de los tres días siguientes, ello es similar a lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que se transcribe: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Por lo que hace al artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción IV, dispone que mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique, ello se encuentra contenido en el artículo 154 de la Ley de Amparo, como se ve enseguida: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Finalmente, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fracción V, dispone que cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el magistrado instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada y, en caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad, ello está establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, como se observa: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." Tiene aplicación la tesis siguiente: "Registro No. 2000382 Localización: Décima ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLibro VI, Marzo de 2012Página: 1229Tesis: I.15o.A.6 A (10a.)Tesis AisladaMateria(s): Común JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, PORQUE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LO REGULA, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). El examen del artículo 28 de la citada legislación contenciosa federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esencialmente iguales, con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica de cada juicio, a fin de otorgar la suspensión del acto combatido. En efecto, tanto en un juicio como en otro, la medida cautelar debe solicitarse por el agraviado mediante escrito; petición que es oportuna desde el momento en que se presenta la demanda hasta antes de que dicte la sentencia ejecutoriada, es decir, en cualquier etapa del procedimiento; en ambos juicios opera la suspensión provisional y definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; además, en ambos procedimientos puede modificarse o revocarse la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando se actualice un hecho superveniente que lo justifique. De tal suerte, los particulares que pretendan obtener la modificación, anulación o revocación de los actos emitidos por autoridades administrativas federales, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encuentran obligados a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XV, de la legislación de garantías, agotando previamente al amparo el juicio de nulidad en comento, dado que en la ley que regula actualmente ese juicio ordinario no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo; con la salvedad de que no se actualice alguna otra excepción al principio de mérito." En consecuencia procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, el que indica en su demanda. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para los efectos que indica. V. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. VI. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma Alejandro Quijano Álvarez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Rosalía Pérez Aguilar, Secretaria adscrita con quien actúa. Doy fe.

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