Rogelio Vargas Cadena

Expediente 43/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
43/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
17/04/2017

Partes del expediente

  • Rogelio Vargas Cadena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. E J E C U T O R I A Vista la certificación de cuenta así como el estado actual de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído en el que sobreseyó fuera de audiencia, en esta instancia, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Sergio Adalberto de la Garza Herrada, en su carácter de Delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al cual anexa copia certificada del proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral burocrático 1401/2011-II del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, del escrito y anexos de cuenta, este Juzgador advierte que el dieciséis del mes y año en curso, se remitió el juicio de referencia, al archivo definitivo como asunto totalmente concluido, en virtud de que se dio cumplimiento total al laudo condenatorio, actualizándose de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, por lo que es procedente DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama concretamente de la autoridad responsable Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, la omisión de cumplir con el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral burocrático 1401/2011-II del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Ahora, de la copia certificada anexa al escrito de cuenta, se desprende lo siguiente: ".En primer término se reconoce el carácter con que se ostenta al compareciente y se tiene al apoderado legal de la demandada PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA por haciendo sus manifestaciones en la forma y términos que quedaron asentados al momento de su intervención; en segundo término se hace constar que en fecha 13 de Febrero del 2017 el C. LIC. ERNESTO ILICH RUIZ MARTÍNEZ, en su carácter de apoderada legal de la parte demandada, presento escrito vía oficialía de partes mediante el cual exhibe constancia certificada de fecha 1357, mediante el cual se le reconoce al hoy actor su antigüedad partir del 01 DE ENERO DEL 2010, signado por el C. HÉCTOR MANUEL LUCERO DE LA PEÑA, en su carácter de DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.- por otra parte se tiene al apoderado legal de la parte demandada depositando el cheque número 0284773 de la INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC, Institución de Banca Múltiple, de fecha 06 DE MARZO DEL 2017 a favor del C. ROGELIO VARGAS CADENA por la cantidad de $335,537.39 PESOS MONEDA NACIONAL, cantidad que resulta como liquida una vez que al TOTAL de $402,140.47 PESOS MONEDA NACIONAL, dictado en autos, a favor de la parte actora anexando copia cotejada del desglose de la retención de impuestos, haciéndose entrega del título de crédito al actor, mismo que recibe de conformidad SALVO BUEN COBRO; asimismo de copia simple de la documental que exhibe la patronal demandada, lo anterior como CUMPLIMIENTO TOTAL AL LAUDO DEFINITIVO dictado en autos, haciéndose constar que la parte demandada ha dado CUMPLIMIENTO TOTAL al laudo de referencia por lo que se ordena el ARCHIVO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO, ordenándose realizar las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno." A la cual que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de manifiesto, que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha, han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de la autoridad responsable Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional. Por lo que, este juzgador estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Se insiste, la autoridad responsable Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento total al laudo condenatorio, tal y como se desprende de la constancia en estudio. Y, lo que constituyó el acto reclamado en el presente asunto, es la omisión de cumplir con el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral burocrático 1401/2011-II del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Por lo que, la autoridad responsable al dar cumplimiento total al laudo condenatorio, ha dejado de afectar los derechos de la quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos reclamados, sino la desaparición total de sus efectos. Por ello, resulta incuestionable, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso, de modo tal que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no ha transcurrido el plazo de ocho días, previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Poder Ejecutivo el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con el cual se dio vista a las partes, en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, como nueva fecha para su celebración.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Con vista a las partes agréguese a los autos el informe justificado que remiten el Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental, a que hace referencia la citada autoridad, en el referido informe, con la cual se hará relación en la audiencia constitucional respectiva. Como lo solicita la citada autoridad téngase por designados delegados en términos del artículo 9º, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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