Rogelio Ulises Martínez Pulido
Expediente 2257/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2257/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2020
Partes del expediente
- Rogelio Ulises Martínez Pulido
Actuaciones
- Principal
Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de cuatro de septiembre de dos mil veinte, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele dejado citatorio para tal efecto. La resolución de mérito, es del tenor literal siguiente: "Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de veinte, en los términos indicados en dicho acuerdo, y se provee: Del estado de autos, se advierte que por acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el doce de marzo de dos mil veinte. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así las cosas, en la sentencia dictada por este juzgado de Distrito el veintiocho de enero del año en curso, se resolvió el presente juicio de amparo. Así en estricto acatamiento a la sentencia dictada en autos, en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se ordenó requerir a las autoridades responsables a efecto de que cumplieran con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en la sentencia dictada en autos. Luego, mediante proveído de tres de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe el contenido del auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio de origen, de las que se advierte que la responsable deja insubsistente el auto de veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve. Mismas que al ser documentales públicas hacen prueba plena, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil en cita, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del segundo párrafo de su artículo 2. Apoya lo considerado la tesis: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal. De igual guisa se invoca la tesis de jurisprudencia: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en autos dejo insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, relativa a la negativa a dar trámite a la medida precautoria de retención de bienes solicitada por la parte quejosa y en su lugar emitió otra con plenitud de jurisdicción, por tanto se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante."
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En consecuencia, requiérase al Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Subdirección General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua y Subdirector de Servicios a Usuarios de la Dirección General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes indicados; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa.
- Principal
Visto el oficio del Actuario Judicial del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica el auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primera Región, para que lo turne a los Tribunales Colegiados Primero o Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, para su resolución; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase por recibida la información. Con lo anterior se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo
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