Rogelio Terán Gonzales

Expediente 185/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
185/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Terán Gonzales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que los anexos que refiere, fueron devueltos mediante oficio 22494, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes...archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. En ese sentido, ...el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se negó la Protección de la Justicia de la Unión. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 20 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devuélvase a la autoridad responsable los dos anexos que en copia certificada remitió en apoyo de su Informe justificado. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte tercero interesada; mediante el cual solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos; al respecto, dígase al promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y personalmente.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rogelio Terán Gonzales, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSTercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. La resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se desechó el recurso de apelación y se declaró firme la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. a través de la que se decretó medidas provisionales a favor de los infantes de iniciales S. G. T. S y L. S. T. S. SEGUNDO. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, se previno al quejoso para que precisara el acto reclamado lo que aconteció tal y como se cita en párrafo que antecede, así, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 185/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo en concreto reclama de la autoridad responsable: La sentencia interlocutoria de quince de febrero de dos mil veintidós, que desechó el recurso de apelación y declaró firme la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por la Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, aceptó el acto reclamado y remitió copia certificada de constancias que integran el toca civil 776/2022-6, relativo al juicio civil 217/2022-1, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, por su artículo 2. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, se estima necesario relatar los antecedentes relevantes del acto reclamado. Antecedentes del acto reclamado 1. El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, resolvió la interlocutoria de medidas provisionales solicitadas por Rogelio Terán González y Marlene Adilene Sánchez Vázquez, donde resolvió: ".PRIMERO:. SEGUNDO: El actor Rogelio Terán González no probo la urgencia y necesidad de las medidas provisionales solicitadas en su escrito de demanda. TERCERO: Marlene Adilene Sánchez Vázquez acreditó la urgencia y necesidad de las medidas provisionales solicitadas de guarda y custodia y depósito de S.G.T.S. y L.S.T.S. y alimentos, consecuentemente. CUARTO: Se decreta la gurada y custodia provisional de S.G.T.S. y L.S.T.S. a favor de su progenitora Marlene Adilene Sánchez Vázquez,. QUINTO.- Se instruye al actuario para que se constituya en el domicilio. SEXTO.- Se decreta judicialmente como pensión alimenticia provisional a favor de S.G.T.S. y L.S.T.S. y a cargo de Rogelio Terán González, conforme al salario mínimo diario en el año dos mil veintidós, la cantidad de $2,627.00. . OCTAVO.- Se determina un régimen supervisado de convivencias. ." 2. Mediante escrito de once de octubre de dos mil veintidós, Rogelio Terán González interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la responsable dio trámite el doce de octubre siguiente. 3.- El quince de diciembre de dos mil veintidós, la Sala responsable en el toca civil 776/22-6, resolvió el recurso de apelación planteado por al ahora quejoso, desechando el recurso por improcedente y firme la interlocutoria apelada, que resulta ser el acto reclamado, en lo que interesa se transcribe de la siguiente manera: ". En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; a quince de diciembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del Toca Civil 776/22-6, formado con motivo del Recurso de Apelación, planteado por ROGELIO TERÁN GONZÁLEZ, en su carácter de parte demandada, en contra de la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, ..dentro de la CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, sobre GUARDA, CUSTODIA Y ALIMENTOS DEFINITIVOS, . . II. Recurso. el recurso de apelación es un medio de impugnación que procede, en los casos que enumera el numeral 572 de la ley adjetiva familiar, el cual se contempla su interposición contra resoluciones de primera instancia tales como las sentencias definitivas e interlocutorias, en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables así como los actos que expresamente los determine la normatividad en comento. En ese orden de ideas, algunos presupuestos contenidos en la regulación procesal de la materia, ofrece la posibilidad de recurrir la determinación que ordene la interrupción y suspensión del procedimiento, la que declara caducidad de la instancia, la que niegue la diligencia preparatoria, la que niegue dictar la medida prejudicial o decretar la medida provisional o cautelar, la determinación dictada en la audiencia y depuración, la resolución que niegue abrir el juicio a prueba, el auto que deseche una prueba, entre otros, ello según lo previsto en los artículos 153, 154 fracción II, 196, 202, 295, 300, 314, y 317 de la ley procesal familiar. Asimismo los arábigos 565 y 566 de la ley en comento contempla que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dictó, precisando que los actos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por él funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio, indicando que procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del tribunal superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Bajo esa tesitura, puede válidamente afirmarse que las sentencias definitivas o interlocutorias e incluso los autos serán recurribles mediante el recurso de apelación, bajo la condición de que otro medio de impugnación no sea el establecido para combatir esa determinación (revocación o reposición) o la regulación procesal de manera categórica o expresa impida la admisión de aquel medio legal para de disentir de la determinación del juez natural. Por otro lado la ley procesal de la materia otorga a ciertas determinaciones la calidad de irrecurrible, tales casos están contenidos en los arábigos 196, 201, 202, 237, 271, 314, 551 nonies, 567 fracción IV, 606 facción I y 616 de la mencionada regulación, donde de manera literal el constituyente permanente otorgó la calidad de inimpugnables a ciertos decretos del órgano jurisdiccional, lo que conlleva a que no puede interponerse contra los hipotéticos regulados en aquellos preceptos ningún recurso. En efecto algunos extremos legales que estiman la calidad irrecurrible de una determinación judicial por ministerio de ley. a través de un medio ordinario de impugnación, regulados por los dispositivos aludidos en el párrafo que precede, lo están la resolución que decreta un medio preparatorio, la determinación que fija una medida provisional, el mandamiento que ordena la ejecución de una providencia cautelar, el auto que admita una demanda inicial, la resolución que manda abrir a prueba el juicio, la sentencia que disuelva el matrimonio en el proceso de divorcio incausado, la resolución dictada en la revocación o la reposición, la sentencia dictada en la liquidación en ejecución de sentencia y las determinaciones pronunciadas en ejecución de sentencia, siempre que no se establezca en la legislación expresamente la procedencia de la queja o la apelación, entre estos supuestos normativos. Bajo las consideraciones advertidas, el recurso de apelación no resulta el idóneo para combatir la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós por ser una determinación irrecurrible, como a continuación se expresará. En el caso que nos ocupa, no obstante que el impugnante interpone recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de data ya mencionada (visible a fojas 299 a la 322 del testimonio remitido a esta alzada), dicha resolución es en esencia un decreto para obtener medidas provisionales a favor de los infantes de iniciales S.G.T.S. y L.S.T.S., por lo tanto a la luz de lo explicado previamente, específicamente los presupuestos que actualizan la procedencia de la apelación, las medidas cautelares o precautorias no están contempladas dentro de los hipotéticos que admiten el recurso hecho valer por el apelante, es decir no existe fundamento legal para estimar expresamente la procedencia de la apelación contra las determinaciones que decreten o fijan las medidas en comento. Incluso lo expuesto previamente guarda coherencia con el contenido del numeral 262 de la ley adjetiva de la materia (dispositivo previsto en el Título Séptimo denominado "de la determinación y aseguramiento provisional de alimentos" relativo al libro tercero nombrado "de los actos prejudiciales"), mismo que establece que la resolución que se dicte concediendo los alimentos provisionales, es apelable en efecto devolutivo, mientras que la que los niegue, en el efecto suspensivo, previendo categóricamente que el recurso, en cualquiera de los casos, sólo puede ser interpuesto por el acreedor alimentista y que se sustanciará sin intervención del deudor. En otras palabras, la determinación que decreta la providencia cautelar o la medida precautoria es irrecurrible por el deudor o quien debe responder de las de la misma, y aunque está prevista la posibilidad de apelar la resolución que las fija es una prerrogativa procesal tutelada exclusivamente a favor del acreedor o solicitante de la medida, guarda congruencia con las resoluciones prescritas en el libro Tercero de la ley adjetiva familiar, que comprende de los artículos 193 a 263, los cuales uniformemente establecen que las resoluciones que versan sobre cuestiones cautelares, precautorias o provisionales son irrecurribles. A mayor abundamiento, la apelación sólo puede ser interpuesta por quien pida la medida provisional o cautelar en materia de alimentos y los derechos inherentes a la niñez (guarda, custodia, depósito y convivencias), en tanto que el deudor o afectado para dirimir su disenso debe hacerlo valer a través de la reclamación en la vía incidental, tal y como lo estipulan los ordinales 234, 552 al 555 de la codificación procesal familiar, que expresamente prevé que la providencia podrá reclamarse en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, lo que se hará de forma incidental, tales previsiones además son congruentes con lo que ordena la fracción III del arábigo 572 del cuerpo legal en cita, que reitera que ante la falta de procedencia de la apelación, las medidas provisionales podrán reclamarse ante el mismo juez en términos de la regulación conducente. En ese tenor, podemos aseverar que la normatividad relativa a las providencias cautelares o medidas precautorias, innominadas en la praxis jurídica como medidas provisionales, tienen una regulación que corresponde a la necesidad de conservar o preservar bienes, una situación jurídica o estado de hecho, porque existe un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tiene por objeto asegurar sus efectos; por lo genéricamente se decretan sin sustanciación alguna, ni audiencia del deudor y solo con la vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante, con las condiciones que en su caso también establezca singularmente la norma adjetiva familiar. Es decir, la solicitud de una providencia cautelar o medida precautoria en la que se justifique la urgencia y la necesidad de su implementación, es una medida unilateral del operador jurídico que se concede en respuesta a la sola petición de quien la pretenda y se decreta inmediatamente sin dilación alguna, por así mandatarlo expresamente la ley; de ahí que una interpretación esquemática de los preceptos que regulan las citadas medidas, conlleva a estimar que integran un sistema de intervención unilateral para la práctica de ese acto prejudicial de conservación o aseguramiento, pues de negarse por el juez natural, ofrece únicamente al solicitante la posibilidad de impugnar la determinación negativa ante el superior jerárquico mediante el recurso de apelación, sin el obligado a responder por su imposición pueda intervenir. Así lo antes descrito corrobora la autonomía de gestión de las medidas o providencias respecto de la contraparte, pero sin independencia de la litis del negocio principal, pues para preservar o conservar la materia del juicio es que existe la posibilidad de decretarlas sin anuencia o audiencia del deudor, incluso sin la probabilidad de recurrirla ante la alzada, pues las providencias cautelares o medidas precautorias en el presente caso dada naturaleza del conflicto pretenden cuidar la estabilidad e integridad de la infancia, por eso es que se fijan de forma inmediata, a fin de evitar una afectación emocional, en perjuicio del derecho al sano desarrollo de la personalidad de la niñez involucrada. Dicho de otra manera, la unilateralidad de las medidas provisionales o providencias precautorias, dictadas sin audiencia del deudor, con vista de las alegaciones y la justificación documental que presente el solicitante, goza de naturaleza de carácter impositivo y autónoma, medida que sólo puede controvertirse a través del incidente de reclamación en caso de que el deudor considere que fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley, según lo prescribe el dispositivo 234 de la norma adjetiva familiar. En resumidas cuentas, quien deba responder para la ejecución de la providencia cautelar o medida precautoria, está impedido para hacer valer cualquier inconformidad dentro del propio procedimiento substanciado entre el solicitante y el juzgador originado en la petición de la providencia cautelar o precautoria, por lo que en caso de oposición a las medidas provisionales, debe forzosamente incoar la incidencia respectiva, donde el juez tenga la oportunidad de valorar entre otros argumentos y elementos de prueba que no tuvo al momento de decretar la medida provisional, mismos que puede llegar a desvirtuar lo alegado por la parte acreedora solicitante y hacer que modifique o revoque la determinación impugnada, siendo dicho instrumento procesal la reclamación. Por cierto al caso es necesario acotar que las resoluciones judiciales son proveídos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas, tal y como lo describe el numeral 118 de la ley adjetiva familiar; Clasificación que está ligada al contenido y efectos de las determinaciones sobre el procedimiento las partes o el derecho en conflicto, por eso es que sin importar la denominación o estructura (forma) con el que el órgano jurisdiccional emita una resolución, es lo resuelto toralmente (fondo) lo que otorga la clase y las pautas para cualquier cuestión procesal, incluida su impugnación. Por consiguiente, a pesar de que las medidas provisionales dictadas el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós fueron decretadas en una sentencia interlocutoria, ello no desnaturaliza su objeto ni hace variar su regulación, dado que el orden público e interés social de las normas procesales, de ahí que conserven su carácter irrecurrible a través de la apelación y que solo pueden dirimirse por medio de la reclamación lo que además es coherente con lo previenen los numerales 5, 118, 167, 196, 202, 234, 262, y 572 fracción II de la ley adjetiva familiar. En síntesis de todo lo expuesto, es posible aseverar la irrecurribilidad de las determinaciones que decreten o fijen una providencia cautelar o medida precautoria no sólo por la regulación ya descrita con antelación, sino por tratarse de situaciones inherentes al Derecho de Familia donde el juzgador está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada. En efecto lo antedicho es acorde a los numerales 4 y 17 del pacto federal, de cuya interpretación armónica se concluye que en las controversias del orden familiar, cuando se advierta que alguna de las partes interponga recursos que tienen por objeto frustrar o limitar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (como por ejemplo el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de su padre, que puede el régimen de visitas y convivencias de la madre con los menores a partir del cambio de guarda y custodia a favor de aquel) los juzgadores deben privilegiar el interés superior de aquellos, dándoles preferencia sobre cualquier derecho procesal de carácter adjetivo, incluso, dictar las medidas cautelares o providencias para evitar que se sigan afectando los derechos de los niños o niñas. En ese orden de ideas, podemos afirmar que la irrecurribilidad de la providencia cautelar o medida precautoria en materia familiar por parte del afectado, tiene como esencia la protección del menor de edad involucrado, pasando a segundo término debatir la eficacia, deficiencia o el exceso en la ejecución de la medida salvaguardista o proteccionista por parte del deudor, quien tiene expedito su derecho conforme a la ley procesal familiar para promover el incidente de reclamación, además de que en el asunto que nos ocupa, la regulación sobre el recurso de apelación en materia familiar, no incluye expresamente en entre sus hipotéticos para la procedencia de ese medio de impugnación a las resoluciones que decreten o fijen providencias precautorias o medidas provisionales. Es más en el caso que nos ocupa se advierte del testimonio enviado a esta alzada, que el recurrente ha comparecido a juicio ante el juez natural, de lo que se presume hará valer los medios y herramientas procesales para el ejercicio pleno de sus deberes y derechos, lo que significa existe controversia del orden familiar en que las medidas provisionales dictadas en la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, habrán de levantarse una vez dictada la sentencia definitiva y entre tanto pueden ser materia de modificación por medio de cualquiera de los procesos que la ley adjetiva familiar tiene establecidos, e incluso a través del juicio de garantías; destacándose incluso que la determinación impugnada previno en sus resolutivos quinto y sexto la modificación de las providencias según lo ameriten circunstancias (visible a fojas 321 y 321 vuelta del testimonio en examen). . Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, ha sostenido que no basta que el recurso que prevea en la legislación interna del estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación. Empero, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (caso kayaks Perú excepciones preliminares sentencia de 03/02/1993, párrafo 63). . En consecuencia a la luz del andamiaje referido y a los argumentos antes esgrimidos, este cuerpo colegiado reitera que el recurso de apelación no es el idóneo para combatir la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por ser una determinación y recurrible tal y como quedó esgrimido en el cuerpo de la presente resolución, sin que con ello se violenten las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, porque precisamente la ley procesal de la materia delimita la clase de resoluciones y los presupuestos para la interposición de todos los medios de impugnación previstos en la misma al alcance de los justiciables lo cual guarda consonancia con los principios de equidad procesal seguridad jurídica amparados en los artículos 14, 16 y 17 de la ley magna. En las relatadas consideraciones, se desecha el recurso de apelación planteado por Rogelio Terán González en su carácter de parte actora; y en consecuencia se declara firme la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para los efectos legales correspondientes. ." Este juzgador considera pertinente realizar una síntesis del concepto de violación hecho valer en la demanda de amparo. 1. Síntesis del concepto de violación El quejoso refiere que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, esencialmente, por los siguientes motivos: Que no estudia de manera específica los presupuestos que actualiza la procedencia de la apelación lo cual constituye un obstáculo que impide demostrar contundentemente que le asiste el derecho a la justicia, al no permitirle ejercer a plenitud su derecho a la defensa y al debido proceso. Que se viola en su perjuicio su derecho humano contenido en el artículo 1 constitucional, concretamente el principio pro homine conforme al cual las disposiciones derechos humanos, entre otras, las que regulan el derecho a la familia, deben ser interpretadas en la forma más favorable a la persona, en este caso al impetrante de amparo. Que no se pronuncia respecto de la demanda en lo principal. Estudio del concepto de violación Son inoperantes los motivos de disenso del quejoso. Conviene acudir a la interlocutoria reclamada donde la Sala responsable consideró: ". En ese orden de ideas, algunos presupuestos contenidos en la regulación procesal de la materia, ofrece la posibilidad de recurrir la determinación que ordene la interrupción y suspensión del procedimiento, la que declara caducidad de la instancia, la que niegue la diligencia preparatoria, la que niegue dictar la medida prejudicial o decretar la medida provisional o cautelar, la determinación dictada en la audiencia y depuración, la resolución que niegue abrir el juicio a prueba, el auto que deseche una prueba, entre otros, ello según lo previsto en los artículos 153, 154 fracción II, 196, 202, 295, 300, 314, y 317 de la ley procesal familiar. Asimismo, los arábigos 565 y 566 de la ley en comento contempla que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dictó, precisando que los actos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por él funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio, indicando que procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del tribunal superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Bajo esa tesitura, puede válidamente afirmarse que las sentencias definitivas o interlocutorias e incluso los autos serán recurribles mediante el recurso de apelación, bajo la condición de que otro medio de impugnación no sea el establecido para combatir esa determinación (revocación o reposición) o la regulación procesal de manera categórica o expresa impida la admisión de aquel medio legal para de disentir de la determinación del juez natural. Por otro lado la ley procesal de la materia otorga a ciertas determinaciones la calidad de irrecurrible, tales casos están contenidos en los arábigos 196, 201, 202, 237, 271, 314, 551 nonies, 567 fracción IV, 606 acción I y 616 de la mencionada regulación, donde de manera literal el constituyente permanente otorgó la calidad de inimpugnables a ciertos decretos del órgano jurisdiccional, lo que conlleva a que no puede interponerse contra los hipotéticos regulados en aquellos preceptos ningún recurso. En efecto algunos extremos legales que estiman la calidad irrecurrible de una determinación judicial por ministerio de ley. a través de un medio ordinario de impugnación, regulados por los dispositivos aludidos en el párrafo que precede, lo están la resolución que decreta un medio preparatorio, la determinación que fija una medida provisional, el mandamiento que ordena la ejecución de una providencia cautelar, el auto que admita una demanda inicial, la resolución que manda abrir a prueba el juicio, la sentencia que disuelva el matrimonio en el proceso de divorcio incausado, la resolución dictada en la revocación o la reposición, la sentencia dictada en la liquidación en ejecución de sentencia y las determinaciones pronunciadas en ejecución de sentencia, siempre que no se establezca en la legislación expresamente la procedencia de la queja o la apelación, entre estos supuestos normativos. Bajo las consideraciones advertidas, el recurso de apelación no resulta el idóneo para combatir la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós por ser una determinación y recurrible, como a continuación se expresará. En el caso que nos ocupa, no obstante que el impugnante interpone recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de data ya mencionada (visible a fojas 299 a la 322 del testimonio remitido a esta alzada), dicha resolución es en esencia un decreto para obtener medidas provisionales a favor de los infantes de iniciales S.G.T.S. y L.S.T.S., por lo tanto a la luz de lo explicado previamente, específicamente los presupuestos que actualizan la procedencia de la apelación, las medidas cautelares o precautorias no están contempladas dentro de los hipotéticos que admiten el recurso hecho valer por el apelante, es decir no existe fundamento legal para estimar expresamente la procedencia de la apelación contra las determinaciones que decreten o fijan las medidas en comento. Incluso lo expuesto previamente guarda coherencia con el contenido del numeral 262 de la ley adjetiva de la materia (dispositivo previsto en el Título Séptimo denominado "de la determinación y aseguramiento provisional de alimentos" relativo al libro tercero nombrado "de los actos prejudiciales"), mismo que establece que la resolución que se dicte concediendo los alimentos provisionales, es apelable en efecto devolutivo, mientras que la que los niegue, en el efecto suspensivo, previendo categóricamente que el recurso, en cualquiera de los casos, sólo puede ser interpuesto por el acreedor alimentista y que se sustanciará sin intervención del deudor. En otras palabras, la determinación que decreta la providencia cautelar o la medida precautoria es irrecurrible por el deudor o quien debe responder de las de la misma, y aunque está prevista la posibilidad de apelar la resolución que las fija es una prerrogativa procesal tutelada exclusivamente a favor del acreedor o solicitante de la medida, guarda congruencia con las resoluciones prescritas en el libro Tercero de la ley adjetiva familiar, que comprende de los artículos 193 a 263, los cuales uniformemente establecen que las resoluciones que versan sobre cuestiones cautelares, precautorias o provisionales son irrecurribles. A mayor abundamiento, la apelación sólo puede ser interpuesta por quien pida la medida provisional o cautelar en materia de alimentos y los derechos inherentes a la niñez (guarda, custodia, depósito y convivencias), en tanto que el deudor o afectado para dirimir su disenso debe hacerlo valer a través de la reclamación en la vía incidental, tal y como lo estipulan los ordinales 234, 552 al 555 de la codificación procesal familiar, que expresamente prevé que la providencia podrá reclamarse en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, lo que se hará de forma incidental, tales previsiones además son congruentes con lo que ordena la fracción III del arábigo 572 del cuerpo legal en cita, que reitera que ante la falta de procedencia de la apelación, las medidas provisionales podrán reclamarse ante el mismo juez en términos de la regulación conducente. En ese tenor, podemos aseverar que la normatividad relativa a las providencias cautelares o medidas precautorias, innominadas en la praxis jurídica como medidas provisionales, tienen una regulación que corresponde a la necesidad de conservar o preservar bienes, una situación jurídica o estado de hecho, porque existe un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tiene por objeto asegurar sus efectos; por lo genéricamente se decretan sin sustanciación alguna, ni audiencia del deudor y solo con la vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante, con las condiciones que en su caso también establezca singularmente la norma adjetiva familiar. Es decir, la solicitud de una providencia cautelar o medida precautoria en la que se justifique la urgencia y la necesidad de su implementación, es una medida unilateral del operador jurídico que se concede en respuesta a la sola petición de quien la pretenda y se decreta inmediatamente sin dilación alguna, por así mandatarlo expresamente la ley; de ahí que una interpretación esquemática de los preceptos que regulan las citadas medidas, conlleva a estimar que integran un sistema de intervención unilateral para la práctica de ese acto prejudicial de conservación o aseguramiento, pues de negarse por el juez natural, ofrece únicamente al solicitante la posibilidad de impugnar la determinación negativa ante el superior jerárquico mediante el recurso de apelación, sin que el obligado a responder por su imposición pueda intervenir. Así lo antes descrito corrobora la autonomía de gestión de las medidas o providencias respecto de la contraparte, pero sin independencia de la litis del negocio principal, pues para preservar o conservar la materia del juicio es que existe la posibilidad de decretarlas sin anuencia o audiencia del deudor, incluso sin la probabilidad de recurrirla ante la alzada, pues las providencias cautelares o medidas precautorias en el presente caso dada naturaleza del conflicto pretenden cuidar la estabilidad e integridad de la infancia, por eso es que se fijan de forma inmediata, a fin de evitar una afectación emocional, en perjuicio del derecho al sano desarrollo de la personalidad de la niñez involucrada. Dicho de otra manera, la unilateralidad de las medidas provisionales o providencias precautorias, dictadas sin audiencia del deudor, con vista de las alegaciones y la justificación documental que presente el solicitante, goza de naturaleza de carácter impositivo y autónoma, medida que sólo puede controvertirse a través del incidente de reclamación en caso de que el deudor considere que fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley, según lo prescribe el dispositivo 234 de la norma adjetiva familiar. En resumidas cuentas, quien deba responder para la ejecución de la providencia cautelar o medida precautoria, está impedido para hacer valer cualquier inconformidad dentro del propio procedimiento substanciado entre el solicitante y el juzgador originado en la petición de la providencia cautelar o precautoria, por lo que en caso de oposición a las medidas provisionales, debe forzosamente incoar la incidencia respectiva, donde el juez tenga la oportunidad de valorar entre otros argumentos y elementos de prueba que no tuvo al momento de decretar la medida provisional, mismos que puede llegar a desvirtuar lo alegado por la parte acreedora solicitante y hacer que modifique o revoque la determinación impugnada, siendo dicho instrumento procesal la reclamación. Por cierto al caso es necesario acotar que las resoluciones judiciales son proveídos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas, tal y como lo describe el numeral 118 de la ley adjetiva familiar; Clasificación que está ligada al contenido y efectos de las determinaciones sobre el procedimiento las partes o el derecho en conflicto, por eso es que sin importar la denominación o estructura (forma) con el que el órgano jurisdiccional emita una resolución, es lo resuelto toralmente (fondo) lo que otorga la clase y las pautas para cualquier cuestión procesal, incluida su impugnación. Por consiguiente, a pesar de que las medidas provisionales dictadas el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós fueron decretadas en una sentencia interlocutoria, ello no desnaturaliza su objeto ni hace variar su regulación, dado que el orden público e interés social de las normas procesales, de ahí que conserven su carácter irrecurrible a través de la apelación y que solo pueden dirimirse por medio de la reclamación lo que además es coherente con lo previenen los numerales 5, 118, 167, 196, 202, 234, 262, y 572 fracción II de la ley adjetiva familiar. En síntesis de todo lo expuesto, es posible aseverar la irrecurribilidad de las determinaciones que decreten o fijen una providencia cautelar o medida precautoria no sólo por la regulación ya descrita con antelación, sino por tratarse de situaciones inherentes al Derecho de Familia donde el juzgador está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada. En efecto lo antedicho es acorde a los numerales 4 y 17 del pacto federal, de cuya interpretación armónica se concluye que en las controversias del orden familiar, cuando se advierta que alguna de las partes interponga recursos que tienen por objeto frustrar o limitar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (como por ejemplo el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de su padre, que puede el régimen de visitas y convivencias de la madre con los menores a partir del cambio de guarda y custodia a favor de aquel) los juzgadores deben privilegiar el interés superior de aquellos, dándoles preferencia sobre cualquier derecho procesal de carácter adjetivo, incluso, dictar las medidas cautelares o providencias para evitar que se sigan afectando los derechos de los niños o niñas. En ese orden de ideas, podemos afirmar que la irrecurribilidad de la providencia cautelar o medida precautoria en materia familiar por parte del afectado, tiene como esencia la protección del menor de edad involucrado, pasando a segundo término debatir la eficacia, deficiencia o el exceso en la ejecución de la medida salvaguardista o proteccionista por parte del deudor, quien tiene expedito su derecho conforme a la ley procesal familiar para promover el incidente de reclamación, además de que en el asunto que nos ocupa, la regulación sobre el recurso de apelación en materia familiar, no incluye expresamente en entre sus hipotéticos para la procedencia de ese medio de impugnación a las resoluciones que decreten o fijen providencias precautorias o medidas provisionales.." No asiste razón al quejoso en su argumento de que no realiza la responsable un estudio de los presupuestos que actualizan la procedencia del recurso de apelación; porque tal y como lo sostuvo la Sala responsable, y este Juzgado de Distrito lo advierte, en la sentencia interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, expuso los motivos por los cuales no procede la apelación, indicando que en términos del numeral 262 del Código Procesal Familiar, la sentencia de alimentos es irrecurrible, para el deudor alimentista. De ahí que resulte inoperante dicho argumento por sustentarse en una premisa falsa. En apoyo se cita la jurisprudencia 2ª/J. 108/2012 (10ª), registro digital 2001825, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1326, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Bajo ese orden de ideas, igualmente es inoperante por superficial el concepto de violación relativo a que el numeral I de la Carta Magna, en observancia al principio pro homine, derecho a la familia, debe ser interpretado en forma más amplia a la persona; lo anterior ya que si bien, para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que el quejoso o recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que le corresponde exponer razonadamente por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Así, se insiste la parte recurrente no ataca de manera frontal los motivos y fundamentos que consideró la Sala responsable para desechar el recurso de apelación que hizo valer, por notoriamente improcedente al no ser el recurso idóneo, de ahí que resulten inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto que, con ellos pretende combatirse. Al respecto se transcribe la 1a./J. 81/2002, Registro digital 185425, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, de texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Por último, respecto a los motivos de inconformidad, que cita como tercero, donde manifiesta que se violenta su derecho humano al principio de igualdad, entre el hombre y la mujer, por que trascienden al resultado del fallo, así como que desde la demanda inicial no le decretan las medidas urgentes por lo que se violentan las garantías de debido proceso, seguridad y legalidad jurídica. Disensos que resultan inoperantes por insuficientes. Ahora bien, por regla general un concepto de violación es inoperante, cuando: a) Los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) Solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Tribunales de Amparo carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado a la quejosa sin defensa, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, que tutela los únicos casos de excepción al principio de estricto derecho imperante en el juicio constitucional. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que, si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, se surte el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación hechos valer, pues, la parte quejosa no controvierte las razones en que se apoyó la autoridad señalada como responsable para confirmar la interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Ello es así, porque de la lectura integral se desprende que los conceptos de violación esgrimidos ante esta instancia constitucional no combaten los razonamientos que sustentan la resolución reclamada, ello es así, pues como se ha señalado en párrafos que anteceden contra la medida provisional que decreta los alimentos de los niños de iniciales S.G. T.S. y L. S.T. S, es inatacable por el deudor alimentista, --artículo 262 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos-, por tanto, no se lesiona la garantía de igualdad procesal entre las partes contendientes, cuando reclama el quejoso su derecho de acceso a la justicia, pues, los juzgadores deben privilegiar el interés superior de los niños, dándoles preferencia sobre cualquier derecho procesal de carácter adjetivo, además, tratándose de una medida provisional de alimentos como lo indica la autoridad responsable puede modificarse cuando cambien las circunstancias que el momento de su concesión fueron tomadas en cuenta. En otro motivo indica que la responsable no atendió su inconformidad al señalar que desde la presentación de la demanda no le fueron concedidas las medidas provisionales que solicitó, igualmente resulta inoperante su motivo de disenso, en razón a que la autoridad en la resolución que se combate no atacó frontalmente las consideraciones que tomó en cuenta, para resolver que el recurso de apelación que hizo valer contra la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, no es el recurso idóneo para combatirla, como se ha sostenido en esta sentencia. Así, los sintetizados argumentos, se insiste son inoperantes, al contenerse en ellos sólo consideraciones generales, ambiguas y abstractas, con las cuales no se ataca la constitucionalidad de la resolución combatida, toda vez que la parte quejosa no expone las razones por las que, a su juicio, este juzgador debiera estimar que fue incorrecta la calificación de improcedente el recurso de apelación por no ser el idóneo y por consiguiente desecha el recurso y como consecuencia confirmar la interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. En apoyo a las consideraciones previas se citan las jurisprudencias que a la letra dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada". También es ilustrativa la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, consultable en la página 27, Tomo CXXVI, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Sexta Época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Al haber resultado ineficaces los conceptos de violación analizados, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Rogelio Terán Gonzáles, contra la sentencia interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 776/22-6 del índice de la Tercera Sala del Primer circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. No pasan inadvertidos los alegatos expresados por la tercera interesada; sin embargo, no se realizará su análisis, pues al no formar parte de la litis constitucional, su estudio sólo resulta obligado cuando en éste se hagan valer causales de improcedencia, lo cual en el caso no ocurrió. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rogelio Terán Gonzáles, contra el acto y autoridad; por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cinco de julio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rogelio Terán Gonzales, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSTercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. La resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se desechó el recurso de apelación y se declaró firme la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. a través de la que se decretó medidas provisionales a favor de los infantes de iniciales S. G. T. S y L. S. T. S. SEGUNDO. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, se previno al quejoso para que precisara el acto reclamado lo que aconteció tal y como se cita en párrafo que antecede, así, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 185/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo en concreto reclama de la autoridad responsable: La sentencia interlocutoria de quince de febrero de dos mil veintidós, que desechó el recurso de apelación y declaró firme la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por la Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, aceptó el acto reclamado y remitió copia certificada de constancias que integran el toca civil 776/2022-6, relativo al juicio civil 217/2022-1, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, por su artículo 2. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, se estima necesario relatar los antecedentes relevantes del acto reclamado. Antecedentes del acto reclamado 1. El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, resolvió la interlocutoria de medidas provisionales solicitadas por Rogelio Terán González y Marlene Adilene Sánchez Vázquez, donde resolvió: ".PRIMERO:. SEGUNDO: El actor Rogelio Terán González no probo la urgencia y necesidad de las medidas provisionales solicitadas en su escrito de demanda. TERCERO: Marlene Adilene Sánchez Vázquez acreditó la urgencia y necesidad de las medidas provisionales solicitadas de guarda y custodia y depósito de S.G.T.S. y L.S.T.S. y alimentos, consecuentemente. CUARTO: Se decreta la gurada y custodia provisional de S.G.T.S. y L.S.T.S. a favor de su progenitora Marlene Adilene Sánchez Vázquez,. QUINTO.- Se instruye al actuario para que se constituya en el domicilio. SEXTO.- Se decreta judicialmente como pensión alimenticia provisional a favor de S.G.T.S. y L.S.T.S. y a cargo de Rogelio Terán González, conforme al salario mínimo diario en el año dos mil veintidós, la cantidad de $2,627.00. . OCTAVO.- Se determina un régimen supervisado de convivencias. ." 2. Mediante escrito de once de octubre de dos mil veintidós, Rogelio Terán González interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la responsable dio trámite el doce de octubre siguiente. 3.- El quince de diciembre de dos mil veintidós, la Sala responsable en el toca civil 776/22-6, resolvió el recurso de apelación planteado por al ahora quejoso, desechando el recurso por improcedente y firme la interlocutoria apelada, que resulta ser el acto reclamado, en lo que interesa se transcribe de la siguiente manera: ". En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; a quince de diciembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del Toca Civil 776/22-6, formado con motivo del Recurso de Apelación, planteado por ROGELIO TERÁN GONZÁLEZ, en su carácter de parte demandada, en contra de la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, ..dentro de la CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, sobre GUARDA, CUSTODIA Y ALIMENTOS DEFINITIVOS, . . II. Recurso. el recurso de apelación es un medio de impugnación que procede, en los casos que enumera el numeral 572 de la ley adjetiva familiar, el cual se contempla su interposición contra resoluciones de primera instancia tales como las sentencias definitivas e interlocutorias, en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables así como los actos que expresamente los determine la normatividad en comento. En ese orden de ideas, algunos presupuestos contenidos en la regulación procesal de la materia, ofrece la posibilidad de recurrir la determinación que ordene la interrupción y suspensión del procedimiento, la que declara caducidad de la instancia, la que niegue la diligencia preparatoria, la que niegue dictar la medida prejudicial o decretar la medida provisional o cautelar, la determinación dictada en la audiencia y depuración, la resolución que niegue abrir el juicio a prueba, el auto que deseche una prueba, entre otros, ello según lo previsto en los artículos 153, 154 fracción II, 196, 202, 295, 300, 314, y 317 de la ley procesal familiar. Asimismo los arábigos 565 y 566 de la ley en comento contempla que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dictó, precisando que los actos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por él funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio, indicando que procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del tribunal superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Bajo esa tesitura, puede válidamente afirmarse que las sentencias definitivas o interlocutorias e incluso los autos serán recurribles mediante el recurso de apelación, bajo la condición de que otro medio de impugnación no sea el establecido para combatir esa determinación (revocación o reposición) o la regulación procesal de manera categórica o expresa impida la admisión de aquel medio legal para de disentir de la determinación del juez natural. Por otro lado la ley procesal de la materia otorga a ciertas determinaciones la calidad de irrecurrible, tales casos están contenidos en los arábigos 196, 201, 202, 237, 271, 314, 551 nonies, 567 fracción IV, 606 facción I y 616 de la mencionada regulación, donde de manera literal el constituyente permanente otorgó la calidad de inimpugnables a ciertos decretos del órgano jurisdiccional, lo que conlleva a que no puede interponerse contra los hipotéticos regulados en aquellos preceptos ningún recurso. En efecto algunos extremos legales que estiman la calidad irrecurrible de una determinación judicial por ministerio de ley. a través de un medio ordinario de impugnación, regulados por los dispositivos aludidos en el párrafo que precede, lo están la resolución que decreta un medio preparatorio, la determinación que fija una medida provisional, el mandamiento que ordena la ejecución de una providencia cautelar, el auto que admita una demanda inicial, la resolución que manda abrir a prueba el juicio, la sentencia que disuelva el matrimonio en el proceso de divorcio incausado, la resolución dictada en la revocación o la reposición, la sentencia dictada en la liquidación en ejecución de sentencia y las determinaciones pronunciadas en ejecución de sentencia, siempre que no se establezca en la legislación expresamente la procedencia de la queja o la apelación, entre estos supuestos normativos. Bajo las consideraciones advertidas, el recurso de apelación no resulta el idóneo para combatir la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós por ser una determinación irrecurrible, como a continuación se expresará. En el caso que nos ocupa, no obstante que el impugnante interpone recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de data ya mencionada (visible a fojas 299 a la 322 del testimonio remitido a esta alzada), dicha resolución es en esencia un decreto para obtener medidas provisionales a favor de los infantes de iniciales S.G.T.S. y L.S.T.S., por lo tanto a la luz de lo explicado previamente, específicamente los presupuestos que actualizan la procedencia de la apelación, las medidas cautelares o precautorias no están contempladas dentro de los hipotéticos que admiten el recurso hecho valer por el apelante, es decir no existe fundamento legal para estimar expresamente la procedencia de la apelación contra las determinaciones que decreten o fijan las medidas en comento. Incluso lo expuesto previamente guarda coherencia con el contenido del numeral 262 de la ley adjetiva de la materia (dispositivo previsto en el Título Séptimo denominado "de la determinación y aseguramiento provisional de alimentos" relativo al libro tercero nombrado "de los actos prejudiciales"), mismo que establece que la resolución que se dicte concediendo los alimentos provisionales, es apelable en efecto devolutivo, mientras que la que los niegue, en el efecto suspensivo, previendo categóricamente que el recurso, en cualquiera de los casos, sólo puede ser interpuesto por el acreedor alimentista y que se sustanciará sin intervención del deudor. En otras palabras, la determinación que decreta la providencia cautelar o la medida precautoria es irrecurrible por el deudor o quien debe responder de las de la misma, y aunque está prevista la posibilidad de apelar la resolución que las fija es una prerrogativa procesal tutelada exclusivamente a favor del acreedor o solicitante de la medida, guarda congruencia con las resoluciones prescritas en el libro Tercero de la ley adjetiva familiar, que comprende de los artículos 193 a 263, los cuales uniformemente establecen que las resoluciones que versan sobre cuestiones cautelares, precautorias o provisionales son irrecurribles. A mayor abundamiento, la apelación sólo puede ser interpuesta por quien pida la medida provisional o cautelar en materia de alimentos y los derechos inherentes a la niñez (guarda, custodia, depósito y convivencias), en tanto que el deudor o afectado para dirimir su disenso debe hacerlo valer a través de la reclamación en la vía incidental, tal y como lo estipulan los ordinales 234, 552 al 555 de la codificación procesal familiar, que expresamente prevé que la providencia podrá reclamarse en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, lo que se hará de forma incidental, tales previsiones además son congruentes con lo que ordena la fracción III del arábigo 572 del cuerpo legal en cita, que reitera que ante la falta de procedencia de la apelación, las medidas provisionales podrán reclamarse ante el mismo juez en términos de la regulación conducente. En ese tenor, podemos aseverar que la normatividad relativa a las providencias cautelares o medidas precautorias, innominadas en la praxis jurídica como medidas provisionales, tienen una regulación que corresponde a la necesidad de conservar o preservar bienes, una situación jurídica o estado de hecho, porque existe un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tiene por objeto asegurar sus efectos; por lo genéricamente se decretan sin sustanciación alguna, ni audiencia del deudor y solo con la vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante, con las condiciones que en su caso también establezca singularmente la norma adjetiva familiar. Es decir, la solicitud de una providencia cautelar o medida precautoria en la que se justifique la urgencia y la necesidad de su implementación, es una medida unilateral del operador jurídico que se concede en respuesta a la sola petición de quien la pretenda y se decreta inmediatamente sin dilación alguna, por así mandatarlo expresamente la ley; de ahí que una interpretación esquemática de los preceptos que regulan las citadas medidas, conlleva a estimar que integran un sistema de intervención unilateral para la práctica de ese acto prejudicial de conservación o aseguramiento, pues de negarse por el juez natural, ofrece únicamente al solicitante la posibilidad de impugnar la determinación negativa ante el superior jerárquico mediante el recurso de apelación, sin el obligado a responder por su imposición pueda intervenir. Así lo antes descrito corrobora la autonomía de gestión de las medidas o providencias respecto de la contraparte, pero sin independencia de la litis del negocio principal, pues para preservar o conservar la materia del juicio es que existe la posibilidad de decretarlas sin anuencia o audiencia del deudor, incluso sin la probabilidad de recurrirla ante la alzada, pues las providencias cautelares o medidas precautorias en el presente caso dada naturaleza del conflicto pretenden cuidar la estabilidad e integridad de la infancia, por eso es que se fijan de forma inmediata, a fin de evitar una afectación emocional, en perjuicio del derecho al sano desarrollo de la personalidad de la niñez involucrada. Dicho de otra manera, la unilateralidad de las medidas provisionales o providencias precautorias, dictadas sin audiencia del deudor, con vista de las alegaciones y la justificación documental que presente el solicitante, goza de naturaleza de carácter impositivo y autónoma, medida que sólo puede controvertirse a través del incidente de reclamación en caso de que el deudor considere que fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley, según lo prescribe el dispositivo 234 de la norma adjetiva familiar. En resumidas cuentas, quien deba responder para la ejecución de la providencia cautelar o medida precautoria, está impedido para hacer valer cualquier inconformidad dentro del propio procedimiento substanciado entre el solicitante y el juzgador originado en la petición de la providencia cautelar o precautoria, por lo que en caso de oposición a las medidas provisionales, debe forzosamente incoar la incidencia respectiva, donde el juez tenga la oportunidad de valorar entre otros argumentos y elementos de prueba que no tuvo al momento de decretar la medida provisional, mismos que puede llegar a desvirtuar lo alegado por la parte acreedora solicitante y hacer que modifique o revoque la determinación impugnada, siendo dicho instrumento procesal la reclamación. Por cierto al caso es necesario acotar que las resoluciones judiciales son proveídos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas, tal y como lo describe el numeral 118 de la ley adjetiva familiar; Clasificación que está ligada al contenido y efectos de las determinaciones sobre el procedimiento las partes o el derecho en conflicto, por eso es que sin importar la denominación o estructura (forma) con el que el órgano jurisdiccional emita una resolución, es lo resuelto toralmente (fondo) lo que otorga la clase y las pautas para cualquier cuestión procesal, incluida su impugnación. Por consiguiente, a pesar de que las medidas provisionales dictadas el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós fueron decretadas en una sentencia interlocutoria, ello no desnaturaliza su objeto ni hace variar su regulación, dado que el orden público e interés social de las normas procesales, de ahí que conserven su carácter irrecurrible a través de la apelación y que solo pueden dirimirse por medio de la reclamación lo que además es coherente con lo previenen los numerales 5, 118, 167, 196, 202, 234, 262, y 572 fracción II de la ley adjetiva familiar. En síntesis de todo lo expuesto, es posible aseverar la irrecurribilidad de las determinaciones que decreten o fijen una providencia cautelar o medida precautoria no sólo por la regulación ya descrita con antelación, sino por tratarse de situaciones inherentes al Derecho de Familia donde el juzgador está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada. En efecto lo antedicho es acorde a los numerales 4 y 17 del pacto federal, de cuya interpretación armónica se concluye que en las controversias del orden familiar, cuando se advierta que alguna de las partes interponga recursos que tienen por objeto frustrar o limitar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (como por ejemplo el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de su padre, que puede el régimen de visitas y convivencias de la madre con los menores a partir del cambio de guarda y custodia a favor de aquel) los juzgadores deben privilegiar el interés superior de aquellos, dándoles preferencia sobre cualquier derecho procesal de carácter adjetivo, incluso, dictar las medidas cautelares o providencias para evitar que se sigan afectando los derechos de los niños o niñas. En ese orden de ideas, podemos afirmar que la irrecurribilidad de la providencia cautelar o medida precautoria en materia familiar por parte del afectado, tiene como esencia la protección del menor de edad involucrado, pasando a segundo término debatir la eficacia, deficiencia o el exceso en la ejecución de la medida salvaguardista o proteccionista por parte del deudor, quien tiene expedito su derecho conforme a la ley procesal familiar para promover el incidente de reclamación, además de que en el asunto que nos ocupa, la regulación sobre el recurso de apelación en materia familiar, no incluye expresamente en entre sus hipotéticos para la procedencia de ese medio de impugnación a las resoluciones que decreten o fijen providencias precautorias o medidas provisionales. Es más en el caso que nos ocupa se advierte del testimonio enviado a esta alzada, que el recurrente ha comparecido a juicio ante el juez natural, de lo que se presume hará valer los medios y herramientas procesales para el ejercicio pleno de sus deberes y derechos, lo que significa existe controversia del orden familiar en que las medidas provisionales dictadas en la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, habrán de levantarse una vez dictada la sentencia definitiva y entre tanto pueden ser materia de modificación por medio de cualquiera de los procesos que la ley adjetiva familiar tiene establecidos, e incluso a través del juicio de garantías; destacándose incluso que la determinación impugnada previno en sus resolutivos quinto y sexto la modificación de las providencias según lo ameriten circunstancias (visible a fojas 321 y 321 vuelta del testimonio en examen). . Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, ha sostenido que no basta que el recurso que prevea en la legislación interna del estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación. Empero, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (caso kayaks Perú excepciones preliminares sentencia de 03/02/1993, párrafo 63). . En consecuencia a la luz del andamiaje referido y a los argumentos antes esgrimidos, este cuerpo colegiado reitera que el recurso de apelación no es el idóneo para combatir la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por ser una determinación y recurrible tal y como quedó esgrimido en el cuerpo de la presente resolución, sin que con ello se violenten las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, porque precisamente la ley procesal de la materia delimita la clase de resoluciones y los presupuestos para la interposición de todos los medios de impugnación previstos en la misma al alcance de los justiciables lo cual guarda consonancia con los principios de equidad procesal seguridad jurídica amparados en los artículos 14, 16 y 17 de la ley magna. En las relatadas consideraciones, se desecha el recurso de apelación planteado por Rogelio Terán González en su carácter de parte actora; y en consecuencia se declara firme la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por el Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para los efectos legales correspondientes. ." Este juzgador considera pertinente realizar una síntesis del concepto de violación hecho valer en la demanda de amparo. 1. Síntesis del concepto de violación El quejoso refiere que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, esencialmente, por los siguientes motivos: Que no estudia de manera específica los presupuestos que actualiza la procedencia de la apelación lo cual constituye un obstáculo que impide demostrar contundentemente que le asiste el derecho a la justicia, al no permitirle ejercer a plenitud su derecho a la defensa y al debido proceso. Que se viola en su perjuicio su derecho humano contenido en el artículo 1 constitucional, concretamente el principio pro homine conforme al cual las disposiciones derechos humanos, entre otras, las que regulan el derecho a la familia, deben ser interpretadas en la forma más favorable a la persona, en este caso al impetrante de amparo. Que no se pronuncia respecto de la demanda en lo principal. Estudio del concepto de violación Son inoperantes los motivos de disenso del quejoso. Conviene acudir a la interlocutoria reclamada donde la Sala responsable consideró: ". En ese orden de ideas, algunos presupuestos contenidos en la regulación procesal de la materia, ofrece la posibilidad de recurrir la determinación que ordene la interrupción y suspensión del procedimiento, la que declara caducidad de la instancia, la que niegue la diligencia preparatoria, la que niegue dictar la medida prejudicial o decretar la medida provisional o cautelar, la determinación dictada en la audiencia y depuración, la resolución que niegue abrir el juicio a prueba, el auto que deseche una prueba, entre otros, ello según lo previsto en los artículos 153, 154 fracción II, 196, 202, 295, 300, 314, y 317 de la ley procesal familiar. Asimismo, los arábigos 565 y 566 de la ley en comento contempla que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dictó, precisando que los actos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el juez que los dictó o por él funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio, indicando que procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del tribunal superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Bajo esa tesitura, puede válidamente afirmarse que las sentencias definitivas o interlocutorias e incluso los autos serán recurribles mediante el recurso de apelación, bajo la condición de que otro medio de impugnación no sea el establecido para combatir esa determinación (revocación o reposición) o la regulación procesal de manera categórica o expresa impida la admisión de aquel medio legal para de disentir de la determinación del juez natural. Por otro lado la ley procesal de la materia otorga a ciertas determinaciones la calidad de irrecurrible, tales casos están contenidos en los arábigos 196, 201, 202, 237, 271, 314, 551 nonies, 567 fracción IV, 606 acción I y 616 de la mencionada regulación, donde de manera literal el constituyente permanente otorgó la calidad de inimpugnables a ciertos decretos del órgano jurisdiccional, lo que conlleva a que no puede interponerse contra los hipotéticos regulados en aquellos preceptos ningún recurso. En efecto algunos extremos legales que estiman la calidad irrecurrible de una determinación judicial por ministerio de ley. a través de un medio ordinario de impugnación, regulados por los dispositivos aludidos en el párrafo que precede, lo están la resolución que decreta un medio preparatorio, la determinación que fija una medida provisional, el mandamiento que ordena la ejecución de una providencia cautelar, el auto que admita una demanda inicial, la resolución que manda abrir a prueba el juicio, la sentencia que disuelva el matrimonio en el proceso de divorcio incausado, la resolución dictada en la revocación o la reposición, la sentencia dictada en la liquidación en ejecución de sentencia y las determinaciones pronunciadas en ejecución de sentencia, siempre que no se establezca en la legislación expresamente la procedencia de la queja o la apelación, entre estos supuestos normativos. Bajo las consideraciones advertidas, el recurso de apelación no resulta el idóneo para combatir la sentencia interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós por ser una determinación y recurrible, como a continuación se expresará. En el caso que nos ocupa, no obstante que el impugnante interpone recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de data ya mencionada (visible a fojas 299 a la 322 del testimonio remitido a esta alzada), dicha resolución es en esencia un decreto para obtener medidas provisionales a favor de los infantes de iniciales S.G.T.S. y L.S.T.S., por lo tanto a la luz de lo explicado previamente, específicamente los presupuestos que actualizan la procedencia de la apelación, las medidas cautelares o precautorias no están contempladas dentro de los hipotéticos que admiten el recurso hecho valer por el apelante, es decir no existe fundamento legal para estimar expresamente la procedencia de la apelación contra las determinaciones que decreten o fijan las medidas en comento. Incluso lo expuesto previamente guarda coherencia con el contenido del numeral 262 de la ley adjetiva de la materia (dispositivo previsto en el Título Séptimo denominado "de la determinación y aseguramiento provisional de alimentos" relativo al libro tercero nombrado "de los actos prejudiciales"), mismo que establece que la resolución que se dicte concediendo los alimentos provisionales, es apelable en efecto devolutivo, mientras que la que los niegue, en el efecto suspensivo, previendo categóricamente que el recurso, en cualquiera de los casos, sólo puede ser interpuesto por el acreedor alimentista y que se sustanciará sin intervención del deudor. En otras palabras, la determinación que decreta la providencia cautelar o la medida precautoria es irrecurrible por el deudor o quien debe responder de las de la misma, y aunque está prevista la posibilidad de apelar la resolución que las fija es una prerrogativa procesal tutelada exclusivamente a favor del acreedor o solicitante de la medida, guarda congruencia con las resoluciones prescritas en el libro Tercero de la ley adjetiva familiar, que comprende de los artículos 193 a 263, los cuales uniformemente establecen que las resoluciones que versan sobre cuestiones cautelares, precautorias o provisionales son irrecurribles. A mayor abundamiento, la apelación sólo puede ser interpuesta por quien pida la medida provisional o cautelar en materia de alimentos y los derechos inherentes a la niñez (guarda, custodia, depósito y convivencias), en tanto que el deudor o afectado para dirimir su disenso debe hacerlo valer a través de la reclamación en la vía incidental, tal y como lo estipulan los ordinales 234, 552 al 555 de la codificación procesal familiar, que expresamente prevé que la providencia podrá reclamarse en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, lo que se hará de forma incidental, tales previsiones además son congruentes con lo que ordena la fracción III del arábigo 572 del cuerpo legal en cita, que reitera que ante la falta de procedencia de la apelación, las medidas provisionales podrán reclamarse ante el mismo juez en términos de la regulación conducente. En ese tenor, podemos aseverar que la normatividad relativa a las providencias cautelares o medidas precautorias, innominadas en la praxis jurídica como medidas provisionales, tienen una regulación que corresponde a la necesidad de conservar o preservar bienes, una situación jurídica o estado de hecho, porque existe un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tiene por objeto asegurar sus efectos; por lo genéricamente se decretan sin sustanciación alguna, ni audiencia del deudor y solo con la vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante, con las condiciones que en su caso también establezca singularmente la norma adjetiva familiar. Es decir, la solicitud de una providencia cautelar o medida precautoria en la que se justifique la urgencia y la necesidad de su implementación, es una medida unilateral del operador jurídico que se concede en respuesta a la sola petición de quien la pretenda y se decreta inmediatamente sin dilación alguna, por así mandatarlo expresamente la ley; de ahí que una interpretación esquemática de los preceptos que regulan las citadas medidas, conlleva a estimar que integran un sistema de intervención unilateral para la práctica de ese acto prejudicial de conservación o aseguramiento, pues de negarse por el juez natural, ofrece únicamente al solicitante la posibilidad de impugnar la determinación negativa ante el superior jerárquico mediante el recurso de apelación, sin que el obligado a responder por su imposición pueda intervenir. Así lo antes descrito corrobora la autonomía de gestión de las medidas o providencias respecto de la contraparte, pero sin independencia de la litis del negocio principal, pues para preservar o conservar la materia del juicio es que existe la posibilidad de decretarlas sin anuencia o audiencia del deudor, incluso sin la probabilidad de recurrirla ante la alzada, pues las providencias cautelares o medidas precautorias en el presente caso dada naturaleza del conflicto pretenden cuidar la estabilidad e integridad de la infancia, por eso es que se fijan de forma inmediata, a fin de evitar una afectación emocional, en perjuicio del derecho al sano desarrollo de la personalidad de la niñez involucrada. Dicho de otra manera, la unilateralidad de las medidas provisionales o providencias precautorias, dictadas sin audiencia del deudor, con vista de las alegaciones y la justificación documental que presente el solicitante, goza de naturaleza de carácter impositivo y autónoma, medida que sólo puede controvertirse a través del incidente de reclamación en caso de que el deudor considere que fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley, según lo prescribe el dispositivo 234 de la norma adjetiva familiar. En resumidas cuentas, quien deba responder para la ejecución de la providencia cautelar o medida precautoria, está impedido para hacer valer cualquier inconformidad dentro del propio procedimiento substanciado entre el solicitante y el juzgador originado en la petición de la providencia cautelar o precautoria, por lo que en caso de oposición a las medidas provisionales, debe forzosamente incoar la incidencia respectiva, donde el juez tenga la oportunidad de valorar entre otros argumentos y elementos de prueba que no tuvo al momento de decretar la medida provisional, mismos que puede llegar a desvirtuar lo alegado por la parte acreedora solicitante y hacer que modifique o revoque la determinación impugnada, siendo dicho instrumento procesal la reclamación. Por cierto al caso es necesario acotar que las resoluciones judiciales son proveídos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas, tal y como lo describe el numeral 118 de la ley adjetiva familiar; Clasificación que está ligada al contenido y efectos de las determinaciones sobre el procedimiento las partes o el derecho en conflicto, por eso es que sin importar la denominación o estructura (forma) con el que el órgano jurisdiccional emita una resolución, es lo resuelto toralmente (fondo) lo que otorga la clase y las pautas para cualquier cuestión procesal, incluida su impugnación. Por consiguiente, a pesar de que las medidas provisionales dictadas el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós fueron decretadas en una sentencia interlocutoria, ello no desnaturaliza su objeto ni hace variar su regulación, dado que el orden público e interés social de las normas procesales, de ahí que conserven su carácter irrecurrible a través de la apelación y que solo pueden dirimirse por medio de la reclamación lo que además es coherente con lo previenen los numerales 5, 118, 167, 196, 202, 234, 262, y 572 fracción II de la ley adjetiva familiar. En síntesis de todo lo expuesto, es posible aseverar la irrecurribilidad de las determinaciones que decreten o fijen una providencia cautelar o medida precautoria no sólo por la regulación ya descrita con antelación, sino por tratarse de situaciones inherentes al Derecho de Familia donde el juzgador está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada. En efecto lo antedicho es acorde a los numerales 4 y 17 del pacto federal, de cuya interpretación armónica se concluye que en las controversias del orden familiar, cuando se advierta que alguna de las partes interponga recursos que tienen por objeto frustrar o limitar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (como por ejemplo el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de su padre, que puede el régimen de visitas y convivencias de la madre con los menores a partir del cambio de guarda y custodia a favor de aquel) los juzgadores deben privilegiar el interés superior de aquellos, dándoles preferencia sobre cualquier derecho procesal de carácter adjetivo, incluso, dictar las medidas cautelares o providencias para evitar que se sigan afectando los derechos de los niños o niñas. En ese orden de ideas, podemos afirmar que la irrecurribilidad de la providencia cautelar o medida precautoria en materia familiar por parte del afectado, tiene como esencia la protección del menor de edad involucrado, pasando a segundo término debatir la eficacia, deficiencia o el exceso en la ejecución de la medida salvaguardista o proteccionista por parte del deudor, quien tiene expedito su derecho conforme a la ley procesal familiar para promover el incidente de reclamación, además de que en el asunto que nos ocupa, la regulación sobre el recurso de apelación en materia familiar, no incluye expresamente en entre sus hipotéticos para la procedencia de ese medio de impugnación a las resoluciones que decreten o fijen providencias precautorias o medidas provisionales.." No asiste razón al quejoso en su argumento de que no realiza la responsable un estudio de los presupuestos que actualizan la procedencia del recurso de apelación; porque tal y como lo sostuvo la Sala responsable, y este Juzgado de Distrito lo advierte, en la sentencia interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, expuso los motivos por los cuales no procede la apelación, indicando que en términos del numeral 262 del Código Procesal Familiar, la sentencia de alimentos es irrecurrible, para el deudor alimentista. De ahí que resulte inoperante dicho argumento por sustentarse en una premisa falsa. En apoyo se cita la jurisprudencia 2ª/J. 108/2012 (10ª), registro digital 2001825, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1326, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Bajo ese orden de ideas, igualmente es inoperante por superficial el concepto de violación relativo a que el numeral I de la Carta Magna, en observancia al principio pro homine, derecho a la familia, debe ser interpretado en forma más amplia a la persona; lo anterior ya que si bien, para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que el quejoso o recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que le corresponde exponer razonadamente por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Así, se insiste la parte recurrente no ataca de manera frontal los motivos y fundamentos que consideró la Sala responsable para desechar el recurso de apelación que hizo valer, por notoriamente improcedente al no ser el recurso idóneo, de ahí que resulten inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto que, con ellos pretende combatirse. Al respecto se transcribe la 1a./J. 81/2002, Registro digital 185425, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, de texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Por último, respecto a los motivos de inconformidad, que cita como tercero, donde manifiesta que se violenta su derecho humano al principio de igualdad, entre el hombre y la mujer, por que trascienden al resultado del fallo, así como que desde la demanda inicial no le decretan las medidas urgentes por lo que se violentan las garantías de debido proceso, seguridad y legalidad jurídica. Disensos que resultan inoperantes por insuficientes. Ahora bien, por regla general un concepto de violación es inoperante, cuando: a) Los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) Solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Tribunales de Amparo carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado a la quejosa sin defensa, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, que tutela los únicos casos de excepción al principio de estricto derecho imperante en el juicio constitucional. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que, si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, se surte el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación hechos valer, pues, la parte quejosa no controvierte las razones en que se apoyó la autoridad señalada como responsable para confirmar la interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Ello es así, porque de la lectura integral se desprende que los conceptos de violación esgrimidos ante esta instancia constitucional no combaten los razonamientos que sustentan la resolución reclamada, ello es así, pues como se ha señalado en párrafos que anteceden contra la medida provisional que decreta los alimentos de los niños de iniciales S.G. T.S. y L. S.T. S, es inatacable por el deudor alimentista, --artículo 262 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos-, por tanto, no se lesiona la garantía de igualdad procesal entre las partes contendientes, cuando reclama el quejoso su derecho de acceso a la justicia, pues, los juzgadores deben privilegiar el interés superior de los niños, dándoles preferencia sobre cualquier derecho procesal de carácter adjetivo, además, tratándose de una medida provisional de alimentos como lo indica la autoridad responsable puede modificarse cuando cambien las circunstancias que el momento de su concesión fueron tomadas en cuenta. En otro motivo indica que la responsable no atendió su inconformidad al señalar que desde la presentación de la demanda no le fueron concedidas las medidas provisionales que solicitó, igualmente resulta inoperante su motivo de disenso, en razón a que la autoridad en la resolución que se combate no atacó frontalmente las consideraciones que tomó en cuenta, para resolver que el recurso de apelación que hizo valer contra la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, no es el recurso idóneo para combatirla, como se ha sostenido en esta sentencia. Así, los sintetizados argumentos, se insiste son inoperantes, al contenerse en ellos sólo consideraciones generales, ambiguas y abstractas, con las cuales no se ataca la constitucionalidad de la resolución combatida, toda vez que la parte quejosa no expone las razones por las que, a su juicio, este juzgador debiera estimar que fue incorrecta la calificación de improcedente el recurso de apelación por no ser el idóneo y por consiguiente desecha el recurso y como consecuencia confirmar la interlocutoria de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. En apoyo a las consideraciones previas se citan las jurisprudencias que a la letra dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada". También es ilustrativa la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, consultable en la página 27, Tomo CXXVI, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Sexta Época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Al haber resultado ineficaces los conceptos de violación analizados, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Rogelio Terán Gonzáles, contra la sentencia interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 776/22-6 del índice de la Tercera Sala del Primer circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. No pasan inadvertidos los alegatos expresados por la tercera interesada; sin embargo, no se realizará su análisis, pues al no formar parte de la litis constitucional, su estudio sólo resulta obligado cuando en éste se hagan valer causales de improcedencia, lo cual en el caso no ocurrió. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rogelio Terán Gonzáles, contra el acto y autoridad; por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cinco de julio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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