Rogelio Tamayo Velázquez
Expediente 1150/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Rogelio Tamayo Velázquez
- director de los agentes ministeriales y agentes a su mando del destacados, Tecate, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el siete de septiembre del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dos de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el dos de octubre de dos mil veintitrés, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión provisional. En lo tocante al duplicado del incidente de suspensión, en cumplimiento también del referido acuerdo general, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede, por lo que se señala como fecha para tal efecto el veintitrés de febrero de dos mil diecinueve. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente, el dos de octubre de dos mil veintiuno. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE...SEGUNDO. PUBLIQUESE...
- Incidental
Tijuana, Baja California, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, Baja California, y anexo que acompaña, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele informando el cumplimiento dado al fallo protector. En consecuencia, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto, obren en autos la totalidad de las constancias que remita la Juez Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, relativas a dicho cumplimiento. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Rogelio Tamayo Velázquez, de propio derecho, contra actos del Director de los Agentes Ministeriales y Agentes a su Mando del Destacados (sic) en Tecate, Baja California, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 constitucional; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1150/2018-E. Sin que sea el caso decretar la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la tortura que refiere, virtud que del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que en la narrativa de hechos relata -bajo protesta de decir verdad- que las autoridades responsables pretenden privarle de su libertad, con motivo de una orden de aprehensión girada en su contra, sin que al efecto se hubiere cumplimentado, y por tanto, resulte palmario que no se trata de actos de tortura o de aquéllos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Incidente de suspensión Tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las doce horas con diez minutos del siete de septiembre de dos mil dieciocho. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informes justificados Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remitan fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que de cada una se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, a la autoridad omisa se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado, y de ahí se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Autorizado y domicilio Se tiene como autorizado para imponerse de autos, así como domicilio procesal, los mencionados en el escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Apercibimiento de inexistencia de autoridades ante su indebida denominación Asimismo, de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se le apercibe que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que el promovente corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal. Expedición de fotocopia Expídase al quejoso fotocopia certificada de este proveído por conducto de su autorizado, previa constancia que por su recibo obre en autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.
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