Rogelio Soto Lozada

Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
880/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Rogelio Soto Lozada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente para constancia la comunicación signada por la Secretaria adscrita a la Segunda Ponencia, de la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en suplencia de Magistrado en la Ponencia de su adscripción, mediante la cual acusa recibo de la sentencia dictada en los presentes autos; lo anterior, virtud que el catorce de octubre último, causó ejecutoria dicho fallo y se ordenó el archivo del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Magistrado de la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual informa la actualización del monto sobre el cobro de las copias certificadas solicitadas en el juicio 467/15-03-01-9, sin embargo, se encuentra imposibilitada para realizar la devolución del importe pagado, toda vez que no cuenta con facultad para hacer la devolución del pago indebido, ni es la receptora de los pagos realizados por concepto de la expedición de copias que contempla el artículo 5, fracción I, de Ley Federal de Derechos, ya que se van a las áreas de la Federación, por lo que la devolución deberá realizarse por la autoridad fiscal correspondiente. De igual forma, hace del conocimiento que la autoridad facultada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo es la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal número "1". Por tanto, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal número "1", con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con el fallo protector, para efecto de lo anterior, remítase copia certificada de la ejecutoria de amparo. Sobre el tema se invoca la jurisprudencia 1350 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1516, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común primera parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del apéndice de 2011, de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, lo anterior, en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que el amparo y protección se concedió para el efecto siguiente: [.] Debe destacarse que la inconstitucionalidad de la norma reclamada no implica que la parte quejosa deje de pagar por el servicio prestado, pues el artículo 31, fracción IV, Constitucional le impone tal obligación. Tradicionalmente se ha considerado que en estos casos los efectos del fallo protector es que el quejoso pague la cuota mínima que la propia norma señale; sin embargo, en el caso sólo establece una cuota; por tanto, la cuota que deberá pagar el amparista, en todo caso, debe ser el costo que represente la expedición de las fotocopias, adicionada con la unidad de moneda nacional mínima (un peso). Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 14/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, apreciable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2005870, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 88, Décima Época, que reza: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA PORCIÓN NORMATIVA EN LA REGULACIÓN DE DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. Cuando en una ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios registrales, el efecto de la declaratoria de invalidez de las porciones inconstitucionales no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, ya que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los individuos deben contribuir al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Por tanto, cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero también prevé una cantidad fija mínima a pagar, los contribuyentes no tienen la obligación de pagar la tarifa porcentual invalidada, pero ello no implica relevarlos de enterar la cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En mérito de lo expuesto a lo largo de la presente resolución, se impone conceder la protección constitucional para los siguientes efectos: 1. No se aplique a la parte quejosa el artículo 5, fracción I, de la Ley Federal de Derechos. 2. Para lo cual, deberá calcular nuevamente el monto que corresponde pagar por el total de las fotocopias solicitadas. 3. Deberá realizar la devolución de las cantidades excedentes que resulte de los enteros realizados por la parte quejosa, debidamente actualizada. Lo anterior, tiene sustento en la referida Jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 192846, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, Novena Época, la cual se impone trascribir de nueva cuenta, que dice: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Instrúyase al secretario de trámite a fin que transcurrido el plazo concedido a la referida autoridad dé cuenta para proveer lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por el Presidente de la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe, dado lo voluminoso de las mismas se ordena crear el cuaderno de pruebas respectivo. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documentos de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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